Judicial
Pandillero a la cárcel por raptar a dos albañiles que siguen desaparecidos 2 años después
Carlos David Orellana Torres, de 20 años, ha sido enviado a la cárcel por haber privado de libertad a dos albañiles en San Salvador, quienes más de dos años después no han sido localizados.
El crimen ocurrió el 7 de noviembre de 2018.
Ese día dos hombres habían llegado a una zona de Nejapa para realizar trabajos de albañilería, pero un grupo de pandilleros se les acercó y les quitaron los teléfonos celulares.
Al quitarle los aparatos, los mareros golpearon e interrogaron a los hombres señalándolos de ser miembros de una estructura terrorista contraria, cuestión que ellos negaron en todas las ocasiones.
Los sujetos, incluso, les advirtieron a los hombres que solo podían trabajar a determinadas horas e incumplir eso haría que los mataran.
Los criminales se fueron, pero algunas horas después mandaron a Orellana Torres para que hablara con las víctimas y les dijera que les iban a devolver los teléfonos, que fueran a un lugar a encontrarse.
El ahora condenado aseguró en el juicio que él trajo a los hombres a la zona donde habían quedado y que al no ver a nadie decidió irse y dejó esperando a los albañiles.
Orellana Torres agregó que a él no le dijeron nada, que no sabe qué fue de los trabajadores, ya que ambos tienen más de dos años de estar desaparecidos.
El imputado se declaró culpable y el Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador aceptó la confesión condenándole a pasar en la cárcel tres años por cada víctima.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
