Judicial
Pablo Gómez, el único imputado que se declaró inocente en el caso Saca, fue condenado a 16 años de prisión
Pablo Gómez, el único imputado que se declaró inocente en el caso Saca, fue condenado a 16 años de prisión por su participación en la estructura que comandó el expresidente de la República, quien desfalcó al Estado con $301 millones.
Gómez, exauxiliar contable de Casa Presidencial, deberá pagar ocho años de prisión por el delito de peculado y ocho por lavado de dinero, según determinó el juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador.
En cuanto a la responsabilidad civil, el juzgado determinó que Gómez tendrá que pagar $5 millones producto de su participación dentro de la estructura que operó entre 2004 y 2009.
Los abogados de Gómez no daban crédito de la decisión del juzgado y manifestaron su inconformidad debido al fallo brindado. «La justicia pica al descalzo, el señor Saca tuvo tiempo para llegar a un arreglo por adelantado. Nosotros nos vimos obligados a buscar un acuerdo sobre lo último», dijo el defensor.
«El señor Gómez queriendo salvaguardar su honor decidió someterse a este tribunal que ya tiene antecedentes de haber violentado derechos humanos», señaló el abogado defensor Roberto Claros.
La parte juzgadora, de manera escueta, determinó que Gómez pasó por muchos años en el cargo y no puede asumir ignorancia en las actividades que realizaba en el área que trabajó por más de dos décadas.
Gómez inició su trabajo en Casa Presidencial en 1994 y siendo bachiller logró ganarse la confianza de varios expresidentes de la República con los que trabajó hasta su detención.
Según las investigaciones, Gómez era el encargado de retirar el dinero en efectivo de las agencias bancarias en las que Saca tenía un trato preferencial, ya que sus movimientos no eran reportados.
Los años de prisión que Gómez pasará en la cárcel podrán aumentar con la resolución del caso del expresidente, Mauricio Funes, en el que se le atribuyen delitos similares por los que ya fue condenado.
Por: El Salvador Times
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
