Judicial
Pablo Gómez, el único imputado que se declaró inocente en el caso Saca, fue condenado a 16 años de prisión
Pablo Gómez, el único imputado que se declaró inocente en el caso Saca, fue condenado a 16 años de prisión por su participación en la estructura que comandó el expresidente de la República, quien desfalcó al Estado con $301 millones.
Gómez, exauxiliar contable de Casa Presidencial, deberá pagar ocho años de prisión por el delito de peculado y ocho por lavado de dinero, según determinó el juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador.
En cuanto a la responsabilidad civil, el juzgado determinó que Gómez tendrá que pagar $5 millones producto de su participación dentro de la estructura que operó entre 2004 y 2009.
Los abogados de Gómez no daban crédito de la decisión del juzgado y manifestaron su inconformidad debido al fallo brindado. «La justicia pica al descalzo, el señor Saca tuvo tiempo para llegar a un arreglo por adelantado. Nosotros nos vimos obligados a buscar un acuerdo sobre lo último», dijo el defensor.
«El señor Gómez queriendo salvaguardar su honor decidió someterse a este tribunal que ya tiene antecedentes de haber violentado derechos humanos», señaló el abogado defensor Roberto Claros.
La parte juzgadora, de manera escueta, determinó que Gómez pasó por muchos años en el cargo y no puede asumir ignorancia en las actividades que realizaba en el área que trabajó por más de dos décadas.
Gómez inició su trabajo en Casa Presidencial en 1994 y siendo bachiller logró ganarse la confianza de varios expresidentes de la República con los que trabajó hasta su detención.
Según las investigaciones, Gómez era el encargado de retirar el dinero en efectivo de las agencias bancarias en las que Saca tenía un trato preferencial, ya que sus movimientos no eran reportados.
Los años de prisión que Gómez pasará en la cárcel podrán aumentar con la resolución del caso del expresidente, Mauricio Funes, en el que se le atribuyen delitos similares por los que ya fue condenado.
Por: El Salvador Times
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
