Judicial
Odontóloga es procesada por “mal procedimiento” a una paciente de 27 años
Una odontóloga es procesada por el delito de lesiones luego de realizarle un mal procedimiento a una de sus paciente que terminó perdiendo sus dientes después de varias semanas de sufrir intensos dolores. La profesional responsabilizó la actitud de la víctima quien durante el hecho dice que actuaba como si estuviera poseída.
La víctima de este caso necesitaba que le hiciera un arreglo en sus dientes debido a molestias que sentía en la boca; sin embargo, el problema se incrementó cuando la odontóloga comenzó su trabajo.
En su defensa, la imputada responsabilizó a su paciente de tener dientes deteriorados, además, alegó que ella mostró un comportamiento anormal que provocó el hecho que la tiene en el banquillo de los acusados.
Con 19 años de experiencia, Evelyn V., trabajaba en su propio consultorio ubicado en una residencial privada en Mejicanos. Una de sus clientes era Yanci, una joven de 27 años de edad que llegó a tratarse por las referencias que le dio su madre.
La mañana del 12 de junio, Yanci llegó al consultorio de Evelyn para someterse a un procedimiento en los dientes por el que había cancelado $700 y con el que esperaba poner fin a su padecimiento.
El trabajo a realizar consistía en quitar el material viejo a partir del desgaste del mismo hasta llegar a devastar el diente de porcelana en su totalidad para luego crear unos nuevos. Eran 13 piezas las que la víctima iba a recibir y por las que había dado un adelanto del 50%.
Habían pasado varios minutos de trabajo y Yanci comenzó a sentir un dolor agudo dentro de su boca. Le dijo que escupiría en un recipiente a su lado y para su sorpresa vio una gran cantidad de sangre; “Ella me dijo que es normal, siempre me decía ‘ya va a estar’. Ella hizo un mal trabajo”, relató la angustiada joven.
El dolor provocó que la mujer comenzara a llorar y a desesperarse, para su suerte la sesión se había terminado y la mujer pudo retirarse con un dolor que en un primer momento creyó sería momentáneo pero que se prolongó por cinco días. Su boca estaba tan dañada hasta el punto que no podía ingerir alimentos sólidos y tenía una grave infección.
El sábado 17 de junio, la mujer regresó para la siguiente cita donde le empezarían a colocar las nuevas piezas de porcelana. Antes de iniciar la sesión Yanci le comentó llorando lo que le había pasado. “Ella me dijo que era normal y ni siquiera me revisó (la boca)”, explicó.
La paciente no estaba dispuesta a soportar más dolor por lo que buscó la opinión de tres odontólogos que coincidieron que le habían hecho un mal procedimiento por lo cual le aconsejaron que denunciara por una mala praxis.
Actuó como poseída
Evelyn no supo de su paciente hasta que un mes después de haberla atendido recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer su versión de los hechos.
Ante las acusaciones, Evelyn se defendió diciendo que las molestias de Yanci eran por los dientes deteriorados que tenía antes de llegar a su consultorio debido a que estos eran de porcelana y ya no estaban bien.
“Cuando uno va limpiando (los dientes) de alguna manera se van desgastando… Tenía piezas anteriores que habían cambiado de color y habían sido reparadas varias veces”, justificó.
“Ella se movía, era un desosiego. Sentía que estaba trabajando con una niña de cuatro años. Cuando estaba colocando la prótesis pude comprobar que el comportamiento de ella era como de una persona poseída: ella comenzó a agarrarse la cabeza, se golpeaba contra el sillón.”, explicó la odontóloga.
El caso llegó a la última instancia y ahora será el juez del tribunal Sexto de sentencia de San Salvador que determinara la situación jurídica de la mujer procesada por el delito de lesiones culposas.
Por: El Salvador Times.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Ariel Ignacio Ortega González, de 27 años, acusado del delito de tráfico ilícito, en perjuicio de la salud pública.Local events calendar
Según la relación circunstanciada de los hechos, el imputado fue detenido el 2 de mayo de 2025, cuando agentes de Policía Nacional Civil (PNC) realizaban patrullajes preventivos en la calle Buenos Aires y la avenida Cuscatancingo, en la colonia El Bosque de San Salvador.
En ese momento, observaron que un vehículo particular se estacionó de forma brusca, lo que generó sospechas de que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol.
Al interceptarlo y realizarle una requisa, los agentes encontraron en el vehículo una porción mediana y siete porciones pequeñas de polvo blanco, además de una balanza digital.
La prueba de campo confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso de 14.979 gramos y 1.944 gramos, respectivamente.
Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró que existen suficientes elementos indiciarios sobre la existencia del delito y la posible participación del imputado, requisito mínimo para que el caso avance a la etapa de instrucción.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
