Judicial
Nueve condenados por delitos relativos al feminicidio de Karla Ayala
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para La Mujer de San Salvador condenó este día a imputados, vinculados con el caso del feminicidio agravado en perjuicio de la agente Karla Mayarí Ayala Palacios.
El hecho se registró el 29 de diciembre de 2017 tras una fiesta navideña en el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y el cadáver fue hallado en septiembre de 2018 enterrado en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, departamento de Usulután.
Al juicio fueron llevados trece sospechosos entre ellos quien fuere el jefe del GRP, subcomisionado Julio César Flores, quien estaba acusado de incumplimiento de eberes y fue sobreseído porque se logró comprobar que el dio la orden para que arrestaran a Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso de la muerte de la agente Ayala.
“Ha quedado establecido que él dio las órdenes, coordinó que se le detuviera a Castillo, pero tampoco podía estar coordinado y persiguiendo al sospechoso”, dijo la jueza, al justificar la absolución del oficial.
Otros absueltos por falta de evidencia fueron Edwin Isaac Castillo Arévalo, Salvador Enrique Chávez y Víctor David Castillo Chávez.
Mientras que los condenados son los siguientes: Pedro Antonio Estrada Villalobos, a ocho años de cárcel y una responsabilidad civil de 3 mil dólares; Ovidio Antonio Pacheco Morales, a siete años y 3 mil dólares; Wilfredo Deras Hernández, a siete años y 3 mil dólares; Juan Antonio Linares Flores, a 4 años y 1,500 dólares; Josué Antonio Pérez Pineda, a 4 años y 1.500 dólares; Alex Obdulo López Martínez a 4 años y 1,500 dólares; Edgar Alfonso Chavarría Castillo, a 3 años y mil dólares; y José Atilio Jiménez Castillo, a seis meses y 2 mil dólares.
Asimismo la corporación policial fue condenada al pago de 10 mil dólares en concepto de responsabilidad civil, por lo que la cantidad subsidiaria más la condena de cada uno de los sentenciados, hacen un total de 24 mil 500 dólares.
La PNC fue sentenciada además a garantizar ayuda psicológica para la familia de Karla Ayala, a proporcionarles becas de estudio a los dos hijos sobrevivientes y a brindarles una computadora a cada uno para que la puedan utilizar en sus estudios.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
