Judicial
Nueve condenados por delitos relativos al feminicidio de Karla Ayala
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para La Mujer de San Salvador condenó este día a imputados, vinculados con el caso del feminicidio agravado en perjuicio de la agente Karla Mayarí Ayala Palacios.
El hecho se registró el 29 de diciembre de 2017 tras una fiesta navideña en el extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y el cadáver fue hallado en septiembre de 2018 enterrado en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, departamento de Usulután.
Al juicio fueron llevados trece sospechosos entre ellos quien fuere el jefe del GRP, subcomisionado Julio César Flores, quien estaba acusado de incumplimiento de eberes y fue sobreseído porque se logró comprobar que el dio la orden para que arrestaran a Juan Josué Castillo Arévalo, el principal sospechoso de la muerte de la agente Ayala.
“Ha quedado establecido que él dio las órdenes, coordinó que se le detuviera a Castillo, pero tampoco podía estar coordinado y persiguiendo al sospechoso”, dijo la jueza, al justificar la absolución del oficial.
Otros absueltos por falta de evidencia fueron Edwin Isaac Castillo Arévalo, Salvador Enrique Chávez y Víctor David Castillo Chávez.
Mientras que los condenados son los siguientes: Pedro Antonio Estrada Villalobos, a ocho años de cárcel y una responsabilidad civil de 3 mil dólares; Ovidio Antonio Pacheco Morales, a siete años y 3 mil dólares; Wilfredo Deras Hernández, a siete años y 3 mil dólares; Juan Antonio Linares Flores, a 4 años y 1,500 dólares; Josué Antonio Pérez Pineda, a 4 años y 1.500 dólares; Alex Obdulo López Martínez a 4 años y 1,500 dólares; Edgar Alfonso Chavarría Castillo, a 3 años y mil dólares; y José Atilio Jiménez Castillo, a seis meses y 2 mil dólares.
Asimismo la corporación policial fue condenada al pago de 10 mil dólares en concepto de responsabilidad civil, por lo que la cantidad subsidiaria más la condena de cada uno de los sentenciados, hacen un total de 24 mil 500 dólares.
La PNC fue sentenciada además a garantizar ayuda psicológica para la familia de Karla Ayala, a proporcionarles becas de estudio a los dos hijos sobrevivientes y a brindarles una computadora a cada uno para que la puedan utilizar en sus estudios.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
