Judicial
Norman Quijano se habría disculpado con pandilleros por los spot publicitarios de su campaña presidencial “un país libre de maras”
Luego de que el diputado del partido ARENA y ex candidato presidencial, Norman Quijano, fuera acusado por las autoridades de cometer los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó quitarle el fuero al parlamentario para procesarlo penalmente por sus vínculos con grupos de pandillas, pues argumentan, hay suficientes pruebas para empezar un proceso judicial en su contra.
En el documento que la FGR presentó ante la Asamblea Legislativa para pedir el desafuero de Quijano, se dan a conocer una serie de datos perturbadores que dejan en evidencia el nivel de desesperación que llegó a tener Quijano por ganar las elecciones presidenciales de 2014, sin importarle poner en riesgo la vida de miles de salvadoreños, al negociar con pandillas.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en una reunión sostenida con líderes de estructuras, Quijano le pidió disculpas a los pandilleros por la campaña “Un país libre de maras” que había lanzado en medios de comunicación y redes sociales.
El ahora diputado le explicó a los pandilleros que la campaña era solo una mentira para obtener votos, debido a que si ganaba la presidencia iba a reducir la operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada en los municipios controlados por pandillas.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
