Judicial
Mauricio Funes es condenado a 14 años de cárcel y Munguía Payés a 18, por la Tregua con pandillas
El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado este lunes a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión, ambor pos haber facilitado y negociado con las pandillas durante la Tregua de 2012 y 2013.
Según informó la Fiscalía, Funes, quien huyó a Nicaragua, recibió 8 años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes.
En tanto el general retirado, Munguía Payés es culpable por los delitos de: Agrupaciones ilícitas, 8 años, incumplimiento de deberes, 6 años y recibió otros 4 años de prisión por actos arbitrarios.
De acuerdo con la Fiscalía, Munguía Payés, en su calidad de ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre 2011-2013, fue quien propuso al expresidente Funes realizar una tregua con las pandillas.
Además, el militar retirado jugó un papel clave como el hombre que estaba detrás de las negociaciones y quien facilitaba los accesos de mediadores a las cárceles. Durante las negociaciones se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, entre otros.
Tanto el expresidente Funes como Munguía Payés utilizaron recursos del Estado a favor de los grupos terroristas.
PACTOS CON EL FMLN HICIERON CRECER A LAS PANDILLAS
De acuerdo con la Fiscalía, el pacto con las pandillas permitió que las estructuras terroristas se fortalecieran económica y territorialmente a cambio de reducir el índice de homicidios en los años 2011 y 2013, además de favorecer al gobierno de turno en las elecciones.
Durante el gobierno de Funes, a las pandillas les facilitaron diversos municipios, lo que fueron llamados «municipios santuarios», en los que la Policía no podía ingresar y la población civil estaba a expensas de la criminalidad de los grupos terroristas.
La representación fiscal presentó suficientes pruebas periciales, documentales y testimoniales para demostrar que Funes pactó la reducción de los homicidios con los dos principales grupos de pandillas y por ello recibió 8 años por agrupaciones ilícitas, y seis por incumplimiento de deberes.
Como parte de los beneficios recibidos por los grupos terroristas están el traslado de líderes de la pandilla del Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad.
La flexibilidad en el protocolo de las visitas íntimas en los centros penitenciarios, permitirles la introducción de electrodomésticos, celulares, comida rápida a las cárceles y la facilitación de reuniones entre pandilleros en libertad con sus líderes recluidos en centros penales.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
