Judicial
Mauricio Funes es condenado a 14 años de cárcel y Munguía Payés a 18, por la Tregua con pandillas
El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado este lunes a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión, ambor pos haber facilitado y negociado con las pandillas durante la Tregua de 2012 y 2013.
Según informó la Fiscalía, Funes, quien huyó a Nicaragua, recibió 8 años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes.
En tanto el general retirado, Munguía Payés es culpable por los delitos de: Agrupaciones ilícitas, 8 años, incumplimiento de deberes, 6 años y recibió otros 4 años de prisión por actos arbitrarios.
De acuerdo con la Fiscalía, Munguía Payés, en su calidad de ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre 2011-2013, fue quien propuso al expresidente Funes realizar una tregua con las pandillas.
Además, el militar retirado jugó un papel clave como el hombre que estaba detrás de las negociaciones y quien facilitaba los accesos de mediadores a las cárceles. Durante las negociaciones se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, entre otros.
Tanto el expresidente Funes como Munguía Payés utilizaron recursos del Estado a favor de los grupos terroristas.
PACTOS CON EL FMLN HICIERON CRECER A LAS PANDILLAS
De acuerdo con la Fiscalía, el pacto con las pandillas permitió que las estructuras terroristas se fortalecieran económica y territorialmente a cambio de reducir el índice de homicidios en los años 2011 y 2013, además de favorecer al gobierno de turno en las elecciones.
Durante el gobierno de Funes, a las pandillas les facilitaron diversos municipios, lo que fueron llamados «municipios santuarios», en los que la Policía no podía ingresar y la población civil estaba a expensas de la criminalidad de los grupos terroristas.
La representación fiscal presentó suficientes pruebas periciales, documentales y testimoniales para demostrar que Funes pactó la reducción de los homicidios con los dos principales grupos de pandillas y por ello recibió 8 años por agrupaciones ilícitas, y seis por incumplimiento de deberes.
Como parte de los beneficios recibidos por los grupos terroristas están el traslado de líderes de la pandilla del Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad.
La flexibilidad en el protocolo de las visitas íntimas en los centros penitenciarios, permitirles la introducción de electrodomésticos, celulares, comida rápida a las cárceles y la facilitación de reuniones entre pandilleros en libertad con sus líderes recluidos en centros penales.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
