Judicial
Mauricio Funes es condenado a 14 años de cárcel y Munguía Payés a 18, por la Tregua con pandillas
El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado este lunes a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión, ambor pos haber facilitado y negociado con las pandillas durante la Tregua de 2012 y 2013.
Según informó la Fiscalía, Funes, quien huyó a Nicaragua, recibió 8 años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes.
En tanto el general retirado, Munguía Payés es culpable por los delitos de: Agrupaciones ilícitas, 8 años, incumplimiento de deberes, 6 años y recibió otros 4 años de prisión por actos arbitrarios.
De acuerdo con la Fiscalía, Munguía Payés, en su calidad de ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre 2011-2013, fue quien propuso al expresidente Funes realizar una tregua con las pandillas.
Además, el militar retirado jugó un papel clave como el hombre que estaba detrás de las negociaciones y quien facilitaba los accesos de mediadores a las cárceles. Durante las negociaciones se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, entre otros.
Tanto el expresidente Funes como Munguía Payés utilizaron recursos del Estado a favor de los grupos terroristas.
PACTOS CON EL FMLN HICIERON CRECER A LAS PANDILLAS
De acuerdo con la Fiscalía, el pacto con las pandillas permitió que las estructuras terroristas se fortalecieran económica y territorialmente a cambio de reducir el índice de homicidios en los años 2011 y 2013, además de favorecer al gobierno de turno en las elecciones.
Durante el gobierno de Funes, a las pandillas les facilitaron diversos municipios, lo que fueron llamados «municipios santuarios», en los que la Policía no podía ingresar y la población civil estaba a expensas de la criminalidad de los grupos terroristas.
La representación fiscal presentó suficientes pruebas periciales, documentales y testimoniales para demostrar que Funes pactó la reducción de los homicidios con los dos principales grupos de pandillas y por ello recibió 8 años por agrupaciones ilícitas, y seis por incumplimiento de deberes.
Como parte de los beneficios recibidos por los grupos terroristas están el traslado de líderes de la pandilla del Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad.
La flexibilidad en el protocolo de las visitas íntimas en los centros penitenciarios, permitirles la introducción de electrodomésticos, celulares, comida rápida a las cárceles y la facilitación de reuniones entre pandilleros en libertad con sus líderes recluidos en centros penales.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
