Judicial
Mauricio Funes es condenado a 14 años de cárcel y Munguía Payés a 18, por la Tregua con pandillas
El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado este lunes a 14 años de cárcel y David Munguía Payés, exministro de Justicia y Seguridad, ha recibido una pena de 18 años en prisión, ambor pos haber facilitado y negociado con las pandillas durante la Tregua de 2012 y 2013.
Según informó la Fiscalía, Funes, quien huyó a Nicaragua, recibió 8 años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes.
En tanto el general retirado, Munguía Payés es culpable por los delitos de: Agrupaciones ilícitas, 8 años, incumplimiento de deberes, 6 años y recibió otros 4 años de prisión por actos arbitrarios.
De acuerdo con la Fiscalía, Munguía Payés, en su calidad de ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre 2011-2013, fue quien propuso al expresidente Funes realizar una tregua con las pandillas.
Además, el militar retirado jugó un papel clave como el hombre que estaba detrás de las negociaciones y quien facilitaba los accesos de mediadores a las cárceles. Durante las negociaciones se permitió el uso de celulares en los penales y la introducción de chips, cargadores, entre otros.
Tanto el expresidente Funes como Munguía Payés utilizaron recursos del Estado a favor de los grupos terroristas.
PACTOS CON EL FMLN HICIERON CRECER A LAS PANDILLAS
De acuerdo con la Fiscalía, el pacto con las pandillas permitió que las estructuras terroristas se fortalecieran económica y territorialmente a cambio de reducir el índice de homicidios en los años 2011 y 2013, además de favorecer al gobierno de turno en las elecciones.
Durante el gobierno de Funes, a las pandillas les facilitaron diversos municipios, lo que fueron llamados «municipios santuarios», en los que la Policía no podía ingresar y la población civil estaba a expensas de la criminalidad de los grupos terroristas.
La representación fiscal presentó suficientes pruebas periciales, documentales y testimoniales para demostrar que Funes pactó la reducción de los homicidios con los dos principales grupos de pandillas y por ello recibió 8 años por agrupaciones ilícitas, y seis por incumplimiento de deberes.
Como parte de los beneficios recibidos por los grupos terroristas están el traslado de líderes de la pandilla del Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad.
La flexibilidad en el protocolo de las visitas íntimas en los centros penitenciarios, permitirles la introducción de electrodomésticos, celulares, comida rápida a las cárceles y la facilitación de reuniones entre pandilleros en libertad con sus líderes recluidos en centros penales.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
