Judicial
Libertad para seis sujetos acusados de asesinar a 3 soldados y un policía
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador resolvió hoy dejar libre de cargos provisionalmente a seis imputados, acusados por agrupaciones ilícitas, mientras que a otros 13 se les ordenó pasar a juicio por el mismo delito.
La jueza dejó la posibilidad abierta para que la Fiscalía General de la República (FGR) presente nuevos elementos para poder reabrir el proceso, dentro de un año. Esto para los beneficiados con los sobreseimientos provisionales; en el caso de los otros, 13 más pasaron a juicio por el delito de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, el cual sufrió una modificación, ya que en un inicio solo era homicidio agravado. Acá solo diez mantuvieron las medidas alternativas a la detención provisional y los demás regresaron a las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC).
La audiencia preliminar se instalaría del 7 al 11 de septiembre, pero solo se instaló por los imputados presentes, por el resto de los 126 se reprogramó para futura fecha. Estos se encuentran en diferentes penales y, por falta de conexión a Internet, la diligencia no se realizó. Según datos de las indagaciones, los sujetos fueron aprehendidos por la PNC en mayo de 2019 en la colonia Vista al Lago de Ilopango.
A ellos se les vincula con la privación de libertad y posterior homicidio agravado en la humanidad de tres soldados del Ejército Nacional y un agente policial, estos son parte de 23 casos de homicidio agravado.
La jueza basó su resolución en las declaraciones del testigo, las cuales fueron demasiado escuetas y no tan vinculantes para inculpar a los justiciables. El caso será del conocimiento de un juzgado de sentencia dentro de unas semanas.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
