Judicial
La FGR ordena captura de exjefe de Registro y Control Penitenciario de Centros Penales
El exjefe de Registro y Control Penitenciario, Luis de Jesús De la O Tobar, fue detenido este miércoles en Soyapango, por órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de falsificación de documentos y ejercer la abogacía con título falso.
De la O se vio envuelto en un escándalo a principios de este año luego que se revelara que había sido contratado por la Dirección General de Centros Penales en 2019 como jefe de la oficina que emite las solvencias penales, sin tener las credenciales académicas para ejercer el cargo.
El director de la DGCP, Osiris Luna, dijo desconocer sobre el fraude, y trasladó a De la O como encargado de las tiendas penitenciarias.
La FGR dio la orden para que se le detuviera esta mañana por los cargos de uso y tenencia de documentos falsos y ejercicio ilegal de la profesión en perjuicio de la Fe Pública. La detención del imputado se hizo efectiva en la colonia Sierra Morena, de Soyapango.
Este día, ordené la detención de Luis de Jesús de la O Tobar, empleado de Centros Penales, por Uso de documentos falsos.
Había sido contratado como jefe del Registro y Control Penitenciario. pic.twitter.com/V5fcJOSKC4
— Raúl Melara (@MelaraRaul) May 20, 2020
La Fiscalía afirma que De la O incorporó en su hoja de vida una copia de un título que lo acredita como licenciado en Ciencias Jurídicas, documento que no existe en ningún registro de las diferentes universidades del país o institución de educación superior.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
