Judicial
Juzgado juramenta a peritos propuestos por la FGR para verificar la licitación de obra pública en el periodo del expresidente Funes
El Juzgado 3° de Instrucción de San Salvador, juramentó a dos peritos propuestos por la Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad que aporten insumos y elementos técnicos vinculados a la licitación del diseño y construcción del puente San Isidro, en Chalatenango, por el cual presuntamente una sociedad guatemalteca entregó como dádiva un avión al expresidente de la República Carlos Mauricio Funes Cartagena y a José Miguel Antonio Menéndez Avelar; ambos son acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos, mientras que al guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, se le atribuye el delito de cohecho activo.
De acuerdo al fiscal del caso, la audiencia especial tuvo como finalidad que la jueza explicará los alcances del peritaje y la fecha en que se presentará la pericia, que tendrá como objetivo verificar si en este proceso de licitación se cumplió la normativa que rige las contrataciones públicas. Los peritos juramentados son expertos en contabilidad, contrataciones y en normativas que rigen el derecho administrativo.
En la diligencia, estuvo presente la defensora pública del expresidente Mauricio Funes y del imputado de origen guatemalteco Jaime Ramón Aparicio que, aunque no han propuesto peritos si han propuesto puntos de pericia.
El requerimiento fiscal establece que, a Funes y Menéndez, se les entregó para uso personal el avión modelo King Air, como dádiva por la adjudicación a la sociedad guatemalteca Serdelco, del proyecto de construcción denominado: “Construcción Puente San Isidro sobre Río Lempa, La Libertad-Chalatenango”, proceso que inició el Ministerio de Obras Pública (MOP), en marzo de 2013, donde el imputado Aparicio era el administrador único y representante legal de dicha sociedad.
La Fiscalía asegura que Funes y Menéndez compartían el avión el cual utilizaban para viajes familiares.
Por: Centros Judiciales El Salvador
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.
La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga.
Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.
La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. https://t.co/fbofZla2SV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
