Judicial
Juzgado juramenta a peritos propuestos por la FGR para verificar la licitación de obra pública en el periodo del expresidente Funes
El Juzgado 3° de Instrucción de San Salvador, juramentó a dos peritos propuestos por la Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad que aporten insumos y elementos técnicos vinculados a la licitación del diseño y construcción del puente San Isidro, en Chalatenango, por el cual presuntamente una sociedad guatemalteca entregó como dádiva un avión al expresidente de la República Carlos Mauricio Funes Cartagena y a José Miguel Antonio Menéndez Avelar; ambos son acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos, mientras que al guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, se le atribuye el delito de cohecho activo.
De acuerdo al fiscal del caso, la audiencia especial tuvo como finalidad que la jueza explicará los alcances del peritaje y la fecha en que se presentará la pericia, que tendrá como objetivo verificar si en este proceso de licitación se cumplió la normativa que rige las contrataciones públicas. Los peritos juramentados son expertos en contabilidad, contrataciones y en normativas que rigen el derecho administrativo.
En la diligencia, estuvo presente la defensora pública del expresidente Mauricio Funes y del imputado de origen guatemalteco Jaime Ramón Aparicio que, aunque no han propuesto peritos si han propuesto puntos de pericia.
El requerimiento fiscal establece que, a Funes y Menéndez, se les entregó para uso personal el avión modelo King Air, como dádiva por la adjudicación a la sociedad guatemalteca Serdelco, del proyecto de construcción denominado: “Construcción Puente San Isidro sobre Río Lempa, La Libertad-Chalatenango”, proceso que inició el Ministerio de Obras Pública (MOP), en marzo de 2013, donde el imputado Aparicio era el administrador único y representante legal de dicha sociedad.
La Fiscalía asegura que Funes y Menéndez compartían el avión el cual utilizaban para viajes familiares.
Por: Centros Judiciales El Salvador
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
