Judicial
Juzgado juramenta a peritos propuestos por la FGR para verificar la licitación de obra pública en el periodo del expresidente Funes
El Juzgado 3° de Instrucción de San Salvador, juramentó a dos peritos propuestos por la Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad que aporten insumos y elementos técnicos vinculados a la licitación del diseño y construcción del puente San Isidro, en Chalatenango, por el cual presuntamente una sociedad guatemalteca entregó como dádiva un avión al expresidente de la República Carlos Mauricio Funes Cartagena y a José Miguel Antonio Menéndez Avelar; ambos son acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos, mientras que al guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, se le atribuye el delito de cohecho activo.
De acuerdo al fiscal del caso, la audiencia especial tuvo como finalidad que la jueza explicará los alcances del peritaje y la fecha en que se presentará la pericia, que tendrá como objetivo verificar si en este proceso de licitación se cumplió la normativa que rige las contrataciones públicas. Los peritos juramentados son expertos en contabilidad, contrataciones y en normativas que rigen el derecho administrativo.
En la diligencia, estuvo presente la defensora pública del expresidente Mauricio Funes y del imputado de origen guatemalteco Jaime Ramón Aparicio que, aunque no han propuesto peritos si han propuesto puntos de pericia.
El requerimiento fiscal establece que, a Funes y Menéndez, se les entregó para uso personal el avión modelo King Air, como dádiva por la adjudicación a la sociedad guatemalteca Serdelco, del proyecto de construcción denominado: “Construcción Puente San Isidro sobre Río Lempa, La Libertad-Chalatenango”, proceso que inició el Ministerio de Obras Pública (MOP), en marzo de 2013, donde el imputado Aparicio era el administrador único y representante legal de dicha sociedad.
La Fiscalía asegura que Funes y Menéndez compartían el avión el cual utilizaban para viajes familiares.
Por: Centros Judiciales El Salvador
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
