Judicial
Juzgado juramenta a peritos propuestos por la FGR para verificar la licitación de obra pública en el periodo del expresidente Funes
El Juzgado 3° de Instrucción de San Salvador, juramentó a dos peritos propuestos por la Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad que aporten insumos y elementos técnicos vinculados a la licitación del diseño y construcción del puente San Isidro, en Chalatenango, por el cual presuntamente una sociedad guatemalteca entregó como dádiva un avión al expresidente de la República Carlos Mauricio Funes Cartagena y a José Miguel Antonio Menéndez Avelar; ambos son acusados por el delito de casos especiales de lavado de dinero y de activos, mientras que al guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, se le atribuye el delito de cohecho activo.
De acuerdo al fiscal del caso, la audiencia especial tuvo como finalidad que la jueza explicará los alcances del peritaje y la fecha en que se presentará la pericia, que tendrá como objetivo verificar si en este proceso de licitación se cumplió la normativa que rige las contrataciones públicas. Los peritos juramentados son expertos en contabilidad, contrataciones y en normativas que rigen el derecho administrativo.
En la diligencia, estuvo presente la defensora pública del expresidente Mauricio Funes y del imputado de origen guatemalteco Jaime Ramón Aparicio que, aunque no han propuesto peritos si han propuesto puntos de pericia.
El requerimiento fiscal establece que, a Funes y Menéndez, se les entregó para uso personal el avión modelo King Air, como dádiva por la adjudicación a la sociedad guatemalteca Serdelco, del proyecto de construcción denominado: “Construcción Puente San Isidro sobre Río Lempa, La Libertad-Chalatenango”, proceso que inició el Ministerio de Obras Pública (MOP), en marzo de 2013, donde el imputado Aparicio era el administrador único y representante legal de dicha sociedad.
La Fiscalía asegura que Funes y Menéndez compartían el avión el cual utilizaban para viajes familiares.
Por: Centros Judiciales El Salvador
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
