Judicial
Juez emitirá fallo en caso Saqueo Público hoy a las 3:00 p.m.
Después de trece horas de una jornada continua en la audiencia inicial en el caso que la Fiscalía ha denominado “Saqueo Público”, donde han acusado al expresidente de la república, Mauricio Funes, el juez decidió la madrugada de este lunes que emitirá el fallo a las 3:00 p.m.
Los abogados defensores y la parte acusatora llegaron la mañana de este domingo 10 de junio de 2018, a la audiencia inicial cerca de las 9:00 a.m. Sin embargo, la misma empezó una hora y media más tarde porque no todos los acusados presentaron sus abogados y el juez se vio obligado a pasar lista de los presentes.
El resto de la jornada se desarrolló entre recesos y órdenes de café, pues fue hasta la tarde que la Fiscalía expuso el caso, y entre la noche y madrugada de lunes los abogados presentaron sus argumentos.
A la altura de la 1:30 de la madrugada se dio a conocer que el juez emitirá la sentencia este lunes a las 3:00 p.m.
“Fiscalía espera obtener un resultado a favor, ya que se tiene todos los elementos de imputación en contra de estas personas”, manifestó la fiscal del caso a la salida de la audiencia.
El viernes pasado, la Fiscalía General de la República confirmó la orden de captura de 31 personas, entre ellas al expresidente Mauricio Funes por supuesta sustracción de fondos públicos durante su mandado de gobierno de 2009-2014 por el orden de $351 millones.
Desde tempranos horas se conoció que sólo las seis personas detenidas escucharon a las partes en la audiencia inicial, más tres intimados en centros penales, procesados ya por el caso del expresidente de la república, Antonio Saca.
En esta primera cita, asistieron 26 abogados defensores. Entre ellos no figuraba la presentación del exmandatario, al igual que de sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco. Diego es acusado de lavado de dinero y de activos, mientras que Carlos Mauricio de casos especiales de lavado de dinero y activos.
Tampoco hubo representación de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida de Funes y acusada de lavado de dinero y de activos. Al igual que no hubo representación legal de los padres de la ciudadana, Ada Luz Sigüenza de Guzmán (suegra de Funes) y Juan Carlos Guzmán Berdugo (suegro de Funes), ambos acusados de lavado de dinero y de activos.
“En el caso de las personas que se encuentran ausentes el juez de la causa va a resolver con la vista del requerimiento posteriormente”, agregó la fiscal del caso.
Este lunes se conocerá la respuesta del juez respecto a la solicitud del abogado de Miguel Menéndez (Mecafé) de decretarle medidas sustitutivas a la prisión provisional, pues el defensor alegó los principios de igualdad en cuanto a la no captura de Vanda Pignato, también acusada.
Manuel Chacón, abogado de Mecafé, aseguró que así como Pignato ha colaborado con las investigaciones, su defendido ha comparecido ante las solicitudes y tampoco representa un riesgo de fuga. Destacó que la Fiscalía no pidió la captura de la exprimera dama de la República por razones de salud.
El desarrollo de este caso será con reserva parcial por solicitud de la Fiscalía, en protección a los testigos criteriados, menores de edad y un documento sobre la situación legal del expresidente Funes en Nicaragua.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
