Judicial
Juez emitirá fallo en caso Saqueo Público hoy a las 3:00 p.m.
Después de trece horas de una jornada continua en la audiencia inicial en el caso que la Fiscalía ha denominado “Saqueo Público”, donde han acusado al expresidente de la república, Mauricio Funes, el juez decidió la madrugada de este lunes que emitirá el fallo a las 3:00 p.m.
Los abogados defensores y la parte acusatora llegaron la mañana de este domingo 10 de junio de 2018, a la audiencia inicial cerca de las 9:00 a.m. Sin embargo, la misma empezó una hora y media más tarde porque no todos los acusados presentaron sus abogados y el juez se vio obligado a pasar lista de los presentes.
El resto de la jornada se desarrolló entre recesos y órdenes de café, pues fue hasta la tarde que la Fiscalía expuso el caso, y entre la noche y madrugada de lunes los abogados presentaron sus argumentos.
A la altura de la 1:30 de la madrugada se dio a conocer que el juez emitirá la sentencia este lunes a las 3:00 p.m.
“Fiscalía espera obtener un resultado a favor, ya que se tiene todos los elementos de imputación en contra de estas personas”, manifestó la fiscal del caso a la salida de la audiencia.
El viernes pasado, la Fiscalía General de la República confirmó la orden de captura de 31 personas, entre ellas al expresidente Mauricio Funes por supuesta sustracción de fondos públicos durante su mandado de gobierno de 2009-2014 por el orden de $351 millones.
Desde tempranos horas se conoció que sólo las seis personas detenidas escucharon a las partes en la audiencia inicial, más tres intimados en centros penales, procesados ya por el caso del expresidente de la república, Antonio Saca.
En esta primera cita, asistieron 26 abogados defensores. Entre ellos no figuraba la presentación del exmandatario, al igual que de sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco. Diego es acusado de lavado de dinero y de activos, mientras que Carlos Mauricio de casos especiales de lavado de dinero y activos.
Tampoco hubo representación de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, compañera de vida de Funes y acusada de lavado de dinero y de activos. Al igual que no hubo representación legal de los padres de la ciudadana, Ada Luz Sigüenza de Guzmán (suegra de Funes) y Juan Carlos Guzmán Berdugo (suegro de Funes), ambos acusados de lavado de dinero y de activos.
“En el caso de las personas que se encuentran ausentes el juez de la causa va a resolver con la vista del requerimiento posteriormente”, agregó la fiscal del caso.
Este lunes se conocerá la respuesta del juez respecto a la solicitud del abogado de Miguel Menéndez (Mecafé) de decretarle medidas sustitutivas a la prisión provisional, pues el defensor alegó los principios de igualdad en cuanto a la no captura de Vanda Pignato, también acusada.
Manuel Chacón, abogado de Mecafé, aseguró que así como Pignato ha colaborado con las investigaciones, su defendido ha comparecido ante las solicitudes y tampoco representa un riesgo de fuga. Destacó que la Fiscalía no pidió la captura de la exprimera dama de la República por razones de salud.
El desarrollo de este caso será con reserva parcial por solicitud de la Fiscalía, en protección a los testigos criteriados, menores de edad y un documento sobre la situación legal del expresidente Funes en Nicaragua.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
