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Judicial

Inicia juicio contra sujeto que mató a su esposa en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana

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El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, tiene previsto instalar la vista pública contra Bryan Alexis Arévalo Flores, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de feminicidio agravado en perjuicio de su esposa, Katherine Cárcamo de Arévalo, de 27 años de edad.

Dicho ilícito se encuentra tipificado y sancionado en los Artículos 45, literal a) y c); y Artículo 46, literal e) de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV); y es sancionado con una pena de 30 a 50 años de prisión.

El Juzgado ha calendarizado que la diligencia judicial culmine hasta el próximo jueves 7 de noviembre del presente año.

Durante los tres días se espera que desfile la prueba pericial, documental y testimonial. En esta última, el Ministerio Público tiene como testigos de cargo a 27 personas. Además, ha ofertado un CD que se grabó en Cámara Gesell con el testimonio de uno de los deponentes.

Debido a que el proceso tiene reserva total, no se pueden conocer detalles de las pruebas a presentar por las partes, ni detalles del hecho.

Sin embargo, previo a la judicialización del caso, la Fiscalía dio a conocer que el crimen ocurrió el martes 23 de abril del presente año, al interior de la casa de habitación que el imputado compartía con la víctima, la cual estaba ubicada en una residencia Sevilla número 2, del municipio de San Sebastián Salitrillo, de Santa Ana.

El cadáver de Cárcamo de Arévalo fue encontrado al día siguiente del feminicidio sobre una cama y según Médicos de Medicina Legal, la mujer tenía unas 28 horas de haber sido asfixiada. El imputado no fue localizado en ese momento, por lo que fue ubicado y capturado hasta el 30 de abril del mismo año, cerca de la frontera San Cristóbal, siempre en Santa Ana.

La Fiscalía General de la República lo ubica como el principal sospechoso de haber cometido ese crimen.

Bryan Alexis Arévalo Flores se encuentra guardando prisión en el Centro Penal de Apanteos, al norte de esa cabecera departamental.

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Judicial

Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Judicial

Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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