Judicial
Incautan 15 cabezales, dos motos acuáticas y un camión vinculados a los hermanos Aleman Osorio, en proceso de Extinción de Dominio
Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República, inició en las últimas horas la materializaron de 15 cabezales, tres inmuebles, dos motos acuáticas, un vehículo y un camión, los cuales están vinculados a los hermanos Ramón Alfredo y Omar, ambos de apellido Alemán Osorio; quienes formaban parte de una estructura relacionados a los ilícitos de Hurto y Robo de mercaderías y Narcotráfico, explicó el jefe de la Unidad Ramón Ayala.
La materialización fue iniciada este día por la Fiscalía General dela República (FGR) junto al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), como una medida cautelar que se realiza en el marco de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público.
La medida cautelar que se ha decretado, obedece a que la investigación iniciada por la Unidad de Extinción, se han encontrado indicios suficiente para considerar que estos vehículos y terrenos tienen un origen indirecto en actividades ilícitas derivadas de las drogas, así como el hurto y robo de vehículos automotores.
Los hermanos Alemán Osorio, fueron asesinados junto a siete personas más en una masacre registrada el 30 de marzo de 2015, en un parqueo de furgones en Quezaltepeque, La Libertad, la cual se derivó de un ajuste de cuentas entre dos organizaciones criminales, una de ellas identificada como banda de el “Tigre”; a la cual pertenecían las dos personas a las cuales se les relaciona, ya que debido que a los ilícitos mencionados les proporcionaron un crecimiento a su patrimonio con el cual se adquirieron estos bienes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
