Judicial
Hombre utilizaba textos bíblicos a su conveniencia para abusar de sus hijas
Marina (nombre cambiado por protección a la víctima) procreó a dos hijas junto a Estanislao Vigil, de oficio albañil y actualmente de 46 años de edad, fruto de esa unión nacieron Julieta y Cecilia (ambos nombres también se han cambiado). La familia residía en una colonia del municipio de Colón, La Libertad.
Las cosas en la familia transcurrían con relativa normalidad hasta que el padre comenzó a comportarse de una manera extraña con las niñas.
Según se conoció en el desarrollo del proceso, en al menos cinco ocasiones Vigil llevó a la niña a la habitación que compartía con su esposa y ahí la agredió sexualmente. En una ocasión, cuando la menor tenía 11 años, le levantó la falda del uniforme escolar, la despojó de la ropa interior y la manoseó.
Para asegurar el silencio de la víctima, el hombre la amenazaba diciéndole que si contaba lo ocurrido, dejaría de enviar a sus hermanos a la escuela. Julieta calló por un tiempo, pero luego contó los hechos a su madre.
Marina se indignó con lo ocurrido y decidió sacar de la casa a Vigil.
El cambio que lo llevó a la iglesia
Quince días fueron suficientes –según el hombre- para olvidar las cosas, regresar a casa y pedir perdón a su esposa.
Luego de haber sido aceptado nuevamente en la casa y en señal de arrepentimiento, comenzaron a congregarse en una iglesia evangélica, lo que ayudó a que en al menos cuatro años Julieta no volviera a pasar por un acto de agresión en su contra por parte de su progenitor.
Cuando la adolescente cumplió 15 años, su padre consiguió un empleo como maestro de obra en Santa Ana, por lo que decidió ir a vivir a ese lugar solo con su esposa; Julieta quedó a cargo de Cecilia y otros hermanos.
La pareja llegaba a visitar a sus hijos dos veces por mes para dejarles dinero para su alimentación y demás necesidades, según relatan los hechos.
En una de las visitas a los hijos, Marina se enfermó y le pidió a su esposo que le comprara unas pastillas; él lo hizo, pero compró un medicamento que la hizo dormir profundamente.
El hombre aprovechó el momento para ir al cuarto de sus hijas y le ordenó a Julieta que fuera a una habitación que estaba sola, por lo que tendió una colchoneta y la violó. La pesadilla de las agresiones había vuelto.
Al día siguiente, la víctima fue con el envoltorio de la pastilla a una farmacia y preguntó para qué servía, ahí le dijeron que eran pastillas para dormir. Todo había sido por su padre para cometer la violación.
Desde entonces, los padres llegaban periódicamente desde Santa Ana y la pesadilla se repetía: la madre se quedaba dormida y él agredía sexualmente a su hija.
De la misma forma en que comenzaron los abusos, se detuvieron, y para 2015 la joven ya había conseguido un empleo y tenía novio. Cuando se enteró de esto, Vigil la llevó obligada a un hospedaje donde la emborrachó y la violó una vez más.
Cecilia, la otra hija a quien abusó
Pero los abusos no fueron exclusivos contra Julieta. A sus seis años, Cecilia empezó a sufrir agresiones sexuales por parte de su padre. Marina se desocupaba tarde debido a que tenía que atender la tortillería que tenía como negocio. En esos momentos, el hombre aprovechaba a tocar el área genital de su hija y la amenazaba con que, si contaba algo, la pareja se separaría y sería su culpa.
En el 2014, cuando Cecilia cumplió sus 13 años el sujeto intentó violarla, pero no lo logró. Esto desencadenó en una serie de golpes en el rostro de la menor.
Con el descuido de la familia, el hombre pasaba tocándole los pechos a su hija. Ella solo guardó silencio hasta que un día Julieta le comentó lo que su padre había hecho con ella y al escuchar las confesiones de su hermana, ella relató que también había sido agredida.
“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”
El albañil de profesión excusó los hechos ante ambas hijas -agredidas en tiempos diferentes- parafraseando pasajes bíblicos.
“Un profeta se metió con su hija para no perder su descendencia, según dice la Biblia”, le dijo Estanislao Vigil a Julieta, cuando esta le cuestionó porqué la violaba si eso era pecado. El hombre tomó el libro religioso y le leyó diversos versículos a su conveniencia.
“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”, agregó el sujeto.
Mientras que a Cecilia, su padre le comentó que en la Biblia había un versículo en el que decía que las hijas embriagaban a su padre para tener relaciones sexuales con él, pero la menor de edad le respondió que esos eran tiempos antiguos y que ella no quería.
Las hijas no declararon
Las afectadas decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el proceso inició en el Juzgado 10° de Paz, en donde Estanislao Vigil fue acusado por los delitos de agresión sexual en menor agravada y violación agravada.
Luego, el Juzgado 10° de Instrucción remitió los hechos al Tribunal 6° de Sentencia, en donde Vigil obtuvo un fallo de sobreseimiento de manera definitiva, debido a que el juez a cargo consideró que la FGR no fundamentó la acusación y, además, razonablemente no existe la posibilidad de hacerlo a futuro.
La FGR no pudo continuar con la pretensión punitiva, por lo que indicó que no cuentan con elementos suficientes para fundamentar la acusación.
Por otro lado, hubo una ausencia injustificada de los testigos, ambas hijas no llegaron a declarar en la última etapa del proceso judicial, lo que provocó que el caso se cayera al no contar con el testimonio de las víctimas.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
