Judicial
Hombre utilizaba textos bíblicos a su conveniencia para abusar de sus hijas
Marina (nombre cambiado por protección a la víctima) procreó a dos hijas junto a Estanislao Vigil, de oficio albañil y actualmente de 46 años de edad, fruto de esa unión nacieron Julieta y Cecilia (ambos nombres también se han cambiado). La familia residía en una colonia del municipio de Colón, La Libertad.
Las cosas en la familia transcurrían con relativa normalidad hasta que el padre comenzó a comportarse de una manera extraña con las niñas.
Según se conoció en el desarrollo del proceso, en al menos cinco ocasiones Vigil llevó a la niña a la habitación que compartía con su esposa y ahí la agredió sexualmente. En una ocasión, cuando la menor tenía 11 años, le levantó la falda del uniforme escolar, la despojó de la ropa interior y la manoseó.
Para asegurar el silencio de la víctima, el hombre la amenazaba diciéndole que si contaba lo ocurrido, dejaría de enviar a sus hermanos a la escuela. Julieta calló por un tiempo, pero luego contó los hechos a su madre.
Marina se indignó con lo ocurrido y decidió sacar de la casa a Vigil.
El cambio que lo llevó a la iglesia
Quince días fueron suficientes –según el hombre- para olvidar las cosas, regresar a casa y pedir perdón a su esposa.
Luego de haber sido aceptado nuevamente en la casa y en señal de arrepentimiento, comenzaron a congregarse en una iglesia evangélica, lo que ayudó a que en al menos cuatro años Julieta no volviera a pasar por un acto de agresión en su contra por parte de su progenitor.
Cuando la adolescente cumplió 15 años, su padre consiguió un empleo como maestro de obra en Santa Ana, por lo que decidió ir a vivir a ese lugar solo con su esposa; Julieta quedó a cargo de Cecilia y otros hermanos.
La pareja llegaba a visitar a sus hijos dos veces por mes para dejarles dinero para su alimentación y demás necesidades, según relatan los hechos.
En una de las visitas a los hijos, Marina se enfermó y le pidió a su esposo que le comprara unas pastillas; él lo hizo, pero compró un medicamento que la hizo dormir profundamente.
El hombre aprovechó el momento para ir al cuarto de sus hijas y le ordenó a Julieta que fuera a una habitación que estaba sola, por lo que tendió una colchoneta y la violó. La pesadilla de las agresiones había vuelto.
Al día siguiente, la víctima fue con el envoltorio de la pastilla a una farmacia y preguntó para qué servía, ahí le dijeron que eran pastillas para dormir. Todo había sido por su padre para cometer la violación.
Desde entonces, los padres llegaban periódicamente desde Santa Ana y la pesadilla se repetía: la madre se quedaba dormida y él agredía sexualmente a su hija.
De la misma forma en que comenzaron los abusos, se detuvieron, y para 2015 la joven ya había conseguido un empleo y tenía novio. Cuando se enteró de esto, Vigil la llevó obligada a un hospedaje donde la emborrachó y la violó una vez más.
Cecilia, la otra hija a quien abusó
Pero los abusos no fueron exclusivos contra Julieta. A sus seis años, Cecilia empezó a sufrir agresiones sexuales por parte de su padre. Marina se desocupaba tarde debido a que tenía que atender la tortillería que tenía como negocio. En esos momentos, el hombre aprovechaba a tocar el área genital de su hija y la amenazaba con que, si contaba algo, la pareja se separaría y sería su culpa.
En el 2014, cuando Cecilia cumplió sus 13 años el sujeto intentó violarla, pero no lo logró. Esto desencadenó en una serie de golpes en el rostro de la menor.
Con el descuido de la familia, el hombre pasaba tocándole los pechos a su hija. Ella solo guardó silencio hasta que un día Julieta le comentó lo que su padre había hecho con ella y al escuchar las confesiones de su hermana, ella relató que también había sido agredida.
“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”
El albañil de profesión excusó los hechos ante ambas hijas -agredidas en tiempos diferentes- parafraseando pasajes bíblicos.
“Un profeta se metió con su hija para no perder su descendencia, según dice la Biblia”, le dijo Estanislao Vigil a Julieta, cuando esta le cuestionó porqué la violaba si eso era pecado. El hombre tomó el libro religioso y le leyó diversos versículos a su conveniencia.
“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”, agregó el sujeto.
Mientras que a Cecilia, su padre le comentó que en la Biblia había un versículo en el que decía que las hijas embriagaban a su padre para tener relaciones sexuales con él, pero la menor de edad le respondió que esos eran tiempos antiguos y que ella no quería.
Las hijas no declararon
Las afectadas decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el proceso inició en el Juzgado 10° de Paz, en donde Estanislao Vigil fue acusado por los delitos de agresión sexual en menor agravada y violación agravada.
Luego, el Juzgado 10° de Instrucción remitió los hechos al Tribunal 6° de Sentencia, en donde Vigil obtuvo un fallo de sobreseimiento de manera definitiva, debido a que el juez a cargo consideró que la FGR no fundamentó la acusación y, además, razonablemente no existe la posibilidad de hacerlo a futuro.
La FGR no pudo continuar con la pretensión punitiva, por lo que indicó que no cuentan con elementos suficientes para fundamentar la acusación.
Por otro lado, hubo una ausencia injustificada de los testigos, ambas hijas no llegaron a declarar en la última etapa del proceso judicial, lo que provocó que el caso se cayera al no contar con el testimonio de las víctimas.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
