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Judicial

Hombre utilizaba textos bíblicos a su conveniencia para abusar de sus hijas

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Marina (nombre cambiado por protección a la víctima) procreó a dos hijas junto a Estanislao Vigil, de oficio albañil y actualmente de 46 años de edad, fruto de esa unión nacieron Julieta y Cecilia (ambos nombres también se han cambiado). La familia residía en una colonia del municipio de Colón, La Libertad.

Las cosas en la familia transcurrían con relativa normalidad hasta que el padre comenzó a comportarse de una manera extraña con las niñas.

Según se conoció en el desarrollo del proceso, en al menos cinco ocasiones Vigil llevó a la niña a la habitación que compartía con su esposa y ahí la agredió sexualmente. En una ocasión, cuando la menor tenía 11 años, le levantó la falda del uniforme escolar, la despojó de la ropa interior y la manoseó.

Para asegurar el silencio de la víctima, el hombre la amenazaba diciéndole que si contaba lo ocurrido, dejaría de enviar a sus hermanos a la escuela. Julieta calló por un tiempo, pero luego contó los hechos a su madre.

Marina se indignó con lo ocurrido y decidió sacar de la casa a Vigil.

El cambio que lo llevó a la iglesia

Quince días fueron suficientes –según el hombre- para olvidar las cosas, regresar a casa y pedir perdón a su esposa.

Luego de haber sido aceptado nuevamente en la casa y en señal de arrepentimiento, comenzaron a congregarse en una iglesia evangélica, lo que ayudó a que en al menos cuatro años Julieta no volviera a pasar por un acto de agresión en su contra por parte de su progenitor.

Cuando la adolescente cumplió 15 años, su padre consiguió un empleo como maestro de obra en Santa Ana, por lo que decidió ir a vivir a ese lugar solo con su esposa; Julieta quedó a cargo de Cecilia y otros hermanos.

La pareja llegaba a visitar a sus hijos dos veces por mes para dejarles dinero para su alimentación y demás necesidades, según relatan los hechos.

En una de las visitas a los hijos, Marina se enfermó y le pidió a su esposo que le comprara unas pastillas; él lo hizo, pero compró un medicamento que la hizo dormir profundamente.

El hombre aprovechó el momento para ir al cuarto de sus hijas y le ordenó a Julieta que fuera a una habitación que estaba sola, por lo que tendió una colchoneta y la violó. La pesadilla de las agresiones había vuelto.

Al día siguiente, la víctima fue con el envoltorio de la pastilla a una farmacia y preguntó para qué servía, ahí le dijeron que eran pastillas para dormir. Todo había sido por su padre para cometer la violación.

Desde entonces, los padres llegaban periódicamente desde Santa Ana y la pesadilla se repetía: la madre se quedaba dormida y él agredía sexualmente a su hija.

De la misma forma en que comenzaron los abusos, se detuvieron, y para 2015 la joven ya había conseguido un empleo y tenía novio. Cuando se enteró de esto, Vigil la llevó obligada a un hospedaje donde la emborrachó y la violó una vez más.

Cecilia, la otra hija a quien abusó

Pero los abusos no fueron exclusivos contra Julieta. A sus seis años, Cecilia empezó a sufrir agresiones sexuales por parte de su padre. Marina se desocupaba tarde debido a que tenía que atender la tortillería que tenía como negocio. En esos momentos, el hombre aprovechaba a tocar el área genital de su hija y la amenazaba con que, si contaba algo, la pareja se separaría y sería su culpa.

En el 2014, cuando Cecilia cumplió sus 13 años el sujeto intentó violarla, pero no lo logró. Esto desencadenó en una serie de golpes en el rostro de la menor.

Con el descuido de la familia, el hombre pasaba tocándole los pechos a su hija. Ella solo guardó silencio hasta que un día Julieta le comentó lo que su padre había hecho con ella y al escuchar las confesiones de su hermana, ella relató que también había sido agredida.

“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”

El albañil de profesión excusó los hechos ante ambas hijas -agredidas en tiempos diferentes- parafraseando pasajes bíblicos.

“Un profeta se metió con su hija para no perder su descendencia, según dice la Biblia”, le dijo Estanislao Vigil a Julieta, cuando esta le cuestionó porqué la violaba si eso era pecado. El hombre tomó el libro religioso y le leyó diversos versículos a su conveniencia.

“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”, agregó el sujeto.

Mientras que a Cecilia, su padre le comentó que en la Biblia había un versículo en el que decía que las hijas embriagaban a su padre para tener relaciones sexuales con él, pero la menor de edad le respondió que esos eran tiempos antiguos y que ella no quería.

Las hijas no declararon

Las afectadas decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el proceso inició en el Juzgado 10° de Paz, en donde Estanislao Vigil fue acusado por los delitos de agresión sexual en menor agravada y violación agravada.

Luego, el Juzgado 10° de Instrucción remitió los hechos al Tribunal 6° de Sentencia, en donde Vigil obtuvo un fallo de sobreseimiento de manera definitiva, debido a que el juez a cargo consideró que la FGR no fundamentó la acusación y, además, razonablemente no existe la posibilidad de hacerlo a futuro.

La FGR no pudo continuar con la pretensión punitiva, por lo que indicó que no cuentan con elementos suficientes para fundamentar la acusación.

Por otro lado, hubo una ausencia injustificada de los testigos, ambas hijas no llegaron a declarar en la última etapa del proceso judicial, lo que provocó que el caso se cayera al no contar con el testimonio de las víctimas.

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Judicial

Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada

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La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.

Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.

El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».

Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.

Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.

«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.

En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».

Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».

El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.

De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.

En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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Judicial

22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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