Judicial
Hombre utilizaba textos bíblicos a su conveniencia para abusar de sus hijas
Marina (nombre cambiado por protección a la víctima) procreó a dos hijas junto a Estanislao Vigil, de oficio albañil y actualmente de 46 años de edad, fruto de esa unión nacieron Julieta y Cecilia (ambos nombres también se han cambiado). La familia residía en una colonia del municipio de Colón, La Libertad.
Las cosas en la familia transcurrían con relativa normalidad hasta que el padre comenzó a comportarse de una manera extraña con las niñas.
Según se conoció en el desarrollo del proceso, en al menos cinco ocasiones Vigil llevó a la niña a la habitación que compartía con su esposa y ahí la agredió sexualmente. En una ocasión, cuando la menor tenía 11 años, le levantó la falda del uniforme escolar, la despojó de la ropa interior y la manoseó.
Para asegurar el silencio de la víctima, el hombre la amenazaba diciéndole que si contaba lo ocurrido, dejaría de enviar a sus hermanos a la escuela. Julieta calló por un tiempo, pero luego contó los hechos a su madre.
Marina se indignó con lo ocurrido y decidió sacar de la casa a Vigil.
El cambio que lo llevó a la iglesia
Quince días fueron suficientes –según el hombre- para olvidar las cosas, regresar a casa y pedir perdón a su esposa.
Luego de haber sido aceptado nuevamente en la casa y en señal de arrepentimiento, comenzaron a congregarse en una iglesia evangélica, lo que ayudó a que en al menos cuatro años Julieta no volviera a pasar por un acto de agresión en su contra por parte de su progenitor.
Cuando la adolescente cumplió 15 años, su padre consiguió un empleo como maestro de obra en Santa Ana, por lo que decidió ir a vivir a ese lugar solo con su esposa; Julieta quedó a cargo de Cecilia y otros hermanos.
La pareja llegaba a visitar a sus hijos dos veces por mes para dejarles dinero para su alimentación y demás necesidades, según relatan los hechos.
En una de las visitas a los hijos, Marina se enfermó y le pidió a su esposo que le comprara unas pastillas; él lo hizo, pero compró un medicamento que la hizo dormir profundamente.
El hombre aprovechó el momento para ir al cuarto de sus hijas y le ordenó a Julieta que fuera a una habitación que estaba sola, por lo que tendió una colchoneta y la violó. La pesadilla de las agresiones había vuelto.
Al día siguiente, la víctima fue con el envoltorio de la pastilla a una farmacia y preguntó para qué servía, ahí le dijeron que eran pastillas para dormir. Todo había sido por su padre para cometer la violación.
Desde entonces, los padres llegaban periódicamente desde Santa Ana y la pesadilla se repetía: la madre se quedaba dormida y él agredía sexualmente a su hija.
De la misma forma en que comenzaron los abusos, se detuvieron, y para 2015 la joven ya había conseguido un empleo y tenía novio. Cuando se enteró de esto, Vigil la llevó obligada a un hospedaje donde la emborrachó y la violó una vez más.
Cecilia, la otra hija a quien abusó
Pero los abusos no fueron exclusivos contra Julieta. A sus seis años, Cecilia empezó a sufrir agresiones sexuales por parte de su padre. Marina se desocupaba tarde debido a que tenía que atender la tortillería que tenía como negocio. En esos momentos, el hombre aprovechaba a tocar el área genital de su hija y la amenazaba con que, si contaba algo, la pareja se separaría y sería su culpa.
En el 2014, cuando Cecilia cumplió sus 13 años el sujeto intentó violarla, pero no lo logró. Esto desencadenó en una serie de golpes en el rostro de la menor.
Con el descuido de la familia, el hombre pasaba tocándole los pechos a su hija. Ella solo guardó silencio hasta que un día Julieta le comentó lo que su padre había hecho con ella y al escuchar las confesiones de su hermana, ella relató que también había sido agredida.
“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”
El albañil de profesión excusó los hechos ante ambas hijas -agredidas en tiempos diferentes- parafraseando pasajes bíblicos.
“Un profeta se metió con su hija para no perder su descendencia, según dice la Biblia”, le dijo Estanislao Vigil a Julieta, cuando esta le cuestionó porqué la violaba si eso era pecado. El hombre tomó el libro religioso y le leyó diversos versículos a su conveniencia.
“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”, agregó el sujeto.
Mientras que a Cecilia, su padre le comentó que en la Biblia había un versículo en el que decía que las hijas embriagaban a su padre para tener relaciones sexuales con él, pero la menor de edad le respondió que esos eran tiempos antiguos y que ella no quería.
Las hijas no declararon
Las afectadas decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el proceso inició en el Juzgado 10° de Paz, en donde Estanislao Vigil fue acusado por los delitos de agresión sexual en menor agravada y violación agravada.
Luego, el Juzgado 10° de Instrucción remitió los hechos al Tribunal 6° de Sentencia, en donde Vigil obtuvo un fallo de sobreseimiento de manera definitiva, debido a que el juez a cargo consideró que la FGR no fundamentó la acusación y, además, razonablemente no existe la posibilidad de hacerlo a futuro.
La FGR no pudo continuar con la pretensión punitiva, por lo que indicó que no cuentan con elementos suficientes para fundamentar la acusación.
Por otro lado, hubo una ausencia injustificada de los testigos, ambas hijas no llegaron a declarar en la última etapa del proceso judicial, lo que provocó que el caso se cayera al no contar con el testimonio de las víctimas.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
