Judicial
Hombre utilizaba textos bíblicos a su conveniencia para abusar de sus hijas
Marina (nombre cambiado por protección a la víctima) procreó a dos hijas junto a Estanislao Vigil, de oficio albañil y actualmente de 46 años de edad, fruto de esa unión nacieron Julieta y Cecilia (ambos nombres también se han cambiado). La familia residía en una colonia del municipio de Colón, La Libertad.
Las cosas en la familia transcurrían con relativa normalidad hasta que el padre comenzó a comportarse de una manera extraña con las niñas.
Según se conoció en el desarrollo del proceso, en al menos cinco ocasiones Vigil llevó a la niña a la habitación que compartía con su esposa y ahí la agredió sexualmente. En una ocasión, cuando la menor tenía 11 años, le levantó la falda del uniforme escolar, la despojó de la ropa interior y la manoseó.
Para asegurar el silencio de la víctima, el hombre la amenazaba diciéndole que si contaba lo ocurrido, dejaría de enviar a sus hermanos a la escuela. Julieta calló por un tiempo, pero luego contó los hechos a su madre.
Marina se indignó con lo ocurrido y decidió sacar de la casa a Vigil.
El cambio que lo llevó a la iglesia
Quince días fueron suficientes –según el hombre- para olvidar las cosas, regresar a casa y pedir perdón a su esposa.
Luego de haber sido aceptado nuevamente en la casa y en señal de arrepentimiento, comenzaron a congregarse en una iglesia evangélica, lo que ayudó a que en al menos cuatro años Julieta no volviera a pasar por un acto de agresión en su contra por parte de su progenitor.
Cuando la adolescente cumplió 15 años, su padre consiguió un empleo como maestro de obra en Santa Ana, por lo que decidió ir a vivir a ese lugar solo con su esposa; Julieta quedó a cargo de Cecilia y otros hermanos.
La pareja llegaba a visitar a sus hijos dos veces por mes para dejarles dinero para su alimentación y demás necesidades, según relatan los hechos.
En una de las visitas a los hijos, Marina se enfermó y le pidió a su esposo que le comprara unas pastillas; él lo hizo, pero compró un medicamento que la hizo dormir profundamente.
El hombre aprovechó el momento para ir al cuarto de sus hijas y le ordenó a Julieta que fuera a una habitación que estaba sola, por lo que tendió una colchoneta y la violó. La pesadilla de las agresiones había vuelto.
Al día siguiente, la víctima fue con el envoltorio de la pastilla a una farmacia y preguntó para qué servía, ahí le dijeron que eran pastillas para dormir. Todo había sido por su padre para cometer la violación.
Desde entonces, los padres llegaban periódicamente desde Santa Ana y la pesadilla se repetía: la madre se quedaba dormida y él agredía sexualmente a su hija.
De la misma forma en que comenzaron los abusos, se detuvieron, y para 2015 la joven ya había conseguido un empleo y tenía novio. Cuando se enteró de esto, Vigil la llevó obligada a un hospedaje donde la emborrachó y la violó una vez más.
Cecilia, la otra hija a quien abusó
Pero los abusos no fueron exclusivos contra Julieta. A sus seis años, Cecilia empezó a sufrir agresiones sexuales por parte de su padre. Marina se desocupaba tarde debido a que tenía que atender la tortillería que tenía como negocio. En esos momentos, el hombre aprovechaba a tocar el área genital de su hija y la amenazaba con que, si contaba algo, la pareja se separaría y sería su culpa.
En el 2014, cuando Cecilia cumplió sus 13 años el sujeto intentó violarla, pero no lo logró. Esto desencadenó en una serie de golpes en el rostro de la menor.
Con el descuido de la familia, el hombre pasaba tocándole los pechos a su hija. Ella solo guardó silencio hasta que un día Julieta le comentó lo que su padre había hecho con ella y al escuchar las confesiones de su hermana, ella relató que también había sido agredida.
“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”
El albañil de profesión excusó los hechos ante ambas hijas -agredidas en tiempos diferentes- parafraseando pasajes bíblicos.
“Un profeta se metió con su hija para no perder su descendencia, según dice la Biblia”, le dijo Estanislao Vigil a Julieta, cuando esta le cuestionó porqué la violaba si eso era pecado. El hombre tomó el libro religioso y le leyó diversos versículos a su conveniencia.
“No voy a permitir que otro perro se coma lo que tanto me ha costado”, agregó el sujeto.
Mientras que a Cecilia, su padre le comentó que en la Biblia había un versículo en el que decía que las hijas embriagaban a su padre para tener relaciones sexuales con él, pero la menor de edad le respondió que esos eran tiempos antiguos y que ella no quería.
Las hijas no declararon
Las afectadas decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que el proceso inició en el Juzgado 10° de Paz, en donde Estanislao Vigil fue acusado por los delitos de agresión sexual en menor agravada y violación agravada.
Luego, el Juzgado 10° de Instrucción remitió los hechos al Tribunal 6° de Sentencia, en donde Vigil obtuvo un fallo de sobreseimiento de manera definitiva, debido a que el juez a cargo consideró que la FGR no fundamentó la acusación y, además, razonablemente no existe la posibilidad de hacerlo a futuro.
La FGR no pudo continuar con la pretensión punitiva, por lo que indicó que no cuentan con elementos suficientes para fundamentar la acusación.
Por otro lado, hubo una ausencia injustificada de los testigos, ambas hijas no llegaron a declarar en la última etapa del proceso judicial, lo que provocó que el caso se cayera al no contar con el testimonio de las víctimas.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
