Judicial
Hombre tendrá que pagar 2 años y medio de prisión por no pagar la cuota alimenticia de su hijo

Marvin L. un hombre de 35 años fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el incumplimiento de los deberes de asistencia económica en perjuicio de su hijo.
La resolución fue emitida por el Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana; además, la pena contempla además la pérdida de los derechos de ciudadano por igual período de tiempo.
Los hechos iniciaron luego de que la Procuraduría General de la República enviara la certificación de las diligencias administrativas de la pretensión de alimentos promovido por la madre del menor.
Después de un acuerdo entre las partes, el imputado se comprometió a pagar $35 de forma quincenal; sin embargo, el imputado incumplió, haciendo que la deuda acumulada fuera de $875
No obstante, la condena de cárcel fue reemplazada por su equivalente a 120 jornadas semanales de ocho horas cada una de trabajo de utilidad pública, cuya ejecución estará a cargo del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana competente.
Asimismo, ordenó a Marvin L. cumplir con un curso de paternidad y maternidad responsable, desarrollado por la Procuraduría General de la República (PGR) o las instituciones públicas o privadas que ésta determine.
Judicial
Condenan a 45 años de prisión a sujeto por homicidio com arma blanca

Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Judicial
Detienen a sujeto tras agredir a su ex y a su propia hija pese a orden de alejamiento

Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Judicial
Discusión entre mujeres en transporte público llega hasta los tribunales de Ilopango

Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.