Judicial
Fiscalía ordena la captura de representante legal de empresa por evasión de impuestos
La Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado ordenó la detención del representante legal de la empresa AMPO S.A. de C.V. por los delitos de evasión de impuestos y retención o apropiación indebida de retenciones.
El implicado ha sido identificado como Luis Armando Amaya Polanco, quien habría cometido los delitos en mención a lo largo del ejercicio fiscal del año 2017.
Las investigaciones de la Fiscalía detallan el cometimiento de los ilícitos de la siguiente manera: Apropiación Indebida de retenciones o percepciones tributarias en perjuicio de la hacienda pública, por el monto de $27,133.85 relativos a impuesto de la renta retenido y no entregado en el período comprendido entre mayo a noviembre de 2017.
Por el delito de Evasión de impuestos, en perjuicio de la hacienda pública, por el monto de $1,346,603.56, correspondiente al impuesto de IVA del periodo comprendido entre marzo a diciembre del año 2017.
Los fiscales del caso han ordenado tres registros con prevención de allanamiento en diferentes locaciones tanto de la empresa como la residencia del implicado, ubicadas en los municipios de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, ambos en el departamento de La Libertad.
El implicado será presentado ante las autoridades judiciales en las próximas 72 horas.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
