Judicial
Fiscalía logró condenas de 2,583 imputados por delitos sexuales en últimos dos años
Entre el 1° de enero de 2021 al 13 de febrero de 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) logró que diferentes tribunales a escala nacional condenaran a un total de 2,584 imputados con delitos contra la integridad sexual, así lo confirmó el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Entre esos sentenciados hay violadores, acosadores, abusadores, exhibicionistas obscenos. «Defender a las víctimas más vulnerables es nuestra prioridad», enfatizó Delgado.
Una de las ultimas condenas fue contra Luis Mario Cruz Reyes, perfilado como miembro activo de la Mara Salvatrucha y el Tribunal de Sentencia de San Vicente lo sentenció a 14 años de prisión por haber violado a una menor de edad en Apastepeque, San Vicente.
Los hechos sucedieron el 23 de agosto de 2016, en las inmediaciones del instituto situado en la referida ciudad.
Según las investigaciones de la Fiscalía, Cruz Reyes se encontró con la víctima cuando ella salía del instituto, y la obligó a irse con él hasta un predio baldío ubicado en los alrededores del centro de estudios, en el lugar la obligó a mantener relaciones sexuales.
En otro caso, fiscales lograron que el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca decretara 42 años de prisión para Marvin Alexander Santamaría Villalobos, quien violó en reiteradas ocasiones y agredió sexualmente a dos menores de edad, valiéndose de la cercanía que tenía con las víctimas por un familiar en común.
El caso ocurrió durante el año 2021, cuando las niñas fueron agredidas sexualmente por Villalobos en su propia casa, ubicada en una residencial del municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Las investigaciones determinaron que en reiteradas ocasiones el imputado habría violado a una de las víctimas, mientras que a la otra la agredió sexualmente; Villalobos abusaba de las menores cuando estas se encontraban solas.
El referido tribunal validó toda la investigación efectuada por los fiscales del caso, quienes presentaron abundante prueba documental, pericial, exámenes psicológicos y testimoniales, que no dejaron lugar a dudas de la responsabilidad penal del imputado en los hechos acusados.
Mientras que Enrique de Jesús Ramírez Montecinos fue sentenciado a 30 años y 4 meses por violar en repetidas veces a una víctima y por haberse mostrado desnudo ante dos menores de edad.
Según la investigación, la víctima fue abusada sexualmente desde la edad de 8 años; el sujeto aprovechaba que la menor quedaba sola en su vivienda para agredirla y desde el patio de su casa se mostraba desnudo ante dos menores de edad.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
