Judicial
Fiscales acusados de fabricar pruebas falsas contra Enrique Rais, al verse acorralados, lanzan amenazas a abogados del empresario: Resolución se conocerá el 18 de enero
Ayer, miércoles 9 de enero, concluyó la audiencia inicial en el Juzgado 5º de Paz de San Salvador contra 11 fiscales y empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa del empresario Enrique Rais.
Entre los imputados se encuentra el actual jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz Ponce, quien es primo del exfiscal general, Douglas Meléndez.
El fallo sobre este caso será dado a conocer por el juez, el próximo 18 de enero, a las 2:00 de la tarde.
Durante la audiencia, la Ministerio Público no negó que en el proceso contra el empresario Enrique Rais se hayan cometido graves irregularidades, entre estas anomalías se encuentra el uso escuchas telefónicas ilegales.
En su desesperación y al verse contra las cuerdas legales, los fiscales amenazaron a los apoderados legales de Rais con interponer más denuncias y con proceder contra los abogados que los acusaron.
Los fiscales denunciados en este proceso son: Julio César Barahona, Xenia Liseth Linares Rodríguez, Francisco Javier Anaya Cruz, Mario German Gómez De León, Luis Montes Pacheco, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Froilán Francisco Coto Cabrera, Sigfredo Alcides Campos Crespo, Wil Walter Ruiz Ponce, Ena Maricela Granados Ponce y Liliana Guadalupe Jovel Guzmán.
Desde el primer momento, la FGR pidió que todos ellos fueran exonerados, pero tal petición fue duramente criticada por los abogados y querellantes de las víctimas, pues existen abundantes pruebas de los delitos que cometieron contra el señor Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
