Judicial
Fiscales acusados de fabricar pruebas falsas contra Enrique Rais, al verse acorralados, lanzan amenazas a abogados del empresario: Resolución se conocerá el 18 de enero
Ayer, miércoles 9 de enero, concluyó la audiencia inicial en el Juzgado 5º de Paz de San Salvador contra 11 fiscales y empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa del empresario Enrique Rais.
Entre los imputados se encuentra el actual jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz Ponce, quien es primo del exfiscal general, Douglas Meléndez.
El fallo sobre este caso será dado a conocer por el juez, el próximo 18 de enero, a las 2:00 de la tarde.
Durante la audiencia, la Ministerio Público no negó que en el proceso contra el empresario Enrique Rais se hayan cometido graves irregularidades, entre estas anomalías se encuentra el uso escuchas telefónicas ilegales.
En su desesperación y al verse contra las cuerdas legales, los fiscales amenazaron a los apoderados legales de Rais con interponer más denuncias y con proceder contra los abogados que los acusaron.
Los fiscales denunciados en este proceso son: Julio César Barahona, Xenia Liseth Linares Rodríguez, Francisco Javier Anaya Cruz, Mario German Gómez De León, Luis Montes Pacheco, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Froilán Francisco Coto Cabrera, Sigfredo Alcides Campos Crespo, Wil Walter Ruiz Ponce, Ena Maricela Granados Ponce y Liliana Guadalupe Jovel Guzmán.
Desde el primer momento, la FGR pidió que todos ellos fueran exonerados, pero tal petición fue duramente criticada por los abogados y querellantes de las víctimas, pues existen abundantes pruebas de los delitos que cometieron contra el señor Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
