Judicial
Fiscales acusados de fabricar pruebas falsas contra Enrique Rais, al verse acorralados, lanzan amenazas a abogados del empresario: Resolución se conocerá el 18 de enero
Ayer, miércoles 9 de enero, concluyó la audiencia inicial en el Juzgado 5º de Paz de San Salvador contra 11 fiscales y empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa del empresario Enrique Rais.
Entre los imputados se encuentra el actual jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz Ponce, quien es primo del exfiscal general, Douglas Meléndez.
El fallo sobre este caso será dado a conocer por el juez, el próximo 18 de enero, a las 2:00 de la tarde.
Durante la audiencia, la Ministerio Público no negó que en el proceso contra el empresario Enrique Rais se hayan cometido graves irregularidades, entre estas anomalías se encuentra el uso escuchas telefónicas ilegales.
En su desesperación y al verse contra las cuerdas legales, los fiscales amenazaron a los apoderados legales de Rais con interponer más denuncias y con proceder contra los abogados que los acusaron.
Los fiscales denunciados en este proceso son: Julio César Barahona, Xenia Liseth Linares Rodríguez, Francisco Javier Anaya Cruz, Mario German Gómez De León, Luis Montes Pacheco, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Froilán Francisco Coto Cabrera, Sigfredo Alcides Campos Crespo, Wil Walter Ruiz Ponce, Ena Maricela Granados Ponce y Liliana Guadalupe Jovel Guzmán.
Desde el primer momento, la FGR pidió que todos ellos fueran exonerados, pero tal petición fue duramente criticada por los abogados y querellantes de las víctimas, pues existen abundantes pruebas de los delitos que cometieron contra el señor Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
