Judicial
FGR presentó requerimiento contra motorista que embistió gestor de tráfico en Soyapango
Desde esta tarde la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juzgado que inicie el correspondiente proceso penal en contra de un conductor, quien será acusado por dos delitos, uno de los cuales se le atribuye por embestir a un miembro del equipo de gestores de tráfico del Viceministerio de Transporte. Hecho sucedido esta semana en una arteria del municipio de Soyapango.
Fiscales de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Oficina de esa jurisdicción presentaron el requerimiento ante el Juzgado Cuarto de Paz, en contra de Yohalmo Enrique Rivera.
Esa persona enfrentará los delitos de Homicidio imperfecto o tentado y Conducción peligrosa de vehículo automotor.
“En este caso hay una intención clara de parte del imputado por causar daño a la víctima, hay dolo, hay una premeditación y con todos estos elementos iniciales y otros que ofreceremos en audiencia es que de forma fundamentada vamos a establecer el delito del Homicidio Tentado, así como la Conducción peligrosa”, explicó uno de los fiscales del caso. En las próximas horas será programada la audiencia inicial.
Este hecho ocurrió el pasado martes 8 de marzo del presente año, en horas de la tarde, sobre el Bulevard del Ejército, en las cercanías de un conocido centro comercial, cuando el imputado atentó contra la vida de la víctima, así como también contra la integridad de las personas que transitaban por el lugar.
La Fiscalía reiteró su compromiso por investigar y sancionar todas las acciones de violencia, incluyendo los actos de intolerancia a efecto que sean sancionados con diferentes penas, como el caso del conductor de una empresa de helados que guarda prisión en espera de la etapa de instrucción y también la prohibición para un motorista de la ruta 41A para conducir automotores durante un año y medio.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
