Judicial
FGR presentó requerimiento contra motorista que embistió gestor de tráfico en Soyapango
Desde esta tarde la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juzgado que inicie el correspondiente proceso penal en contra de un conductor, quien será acusado por dos delitos, uno de los cuales se le atribuye por embestir a un miembro del equipo de gestores de tráfico del Viceministerio de Transporte. Hecho sucedido esta semana en una arteria del municipio de Soyapango.
Fiscales de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Oficina de esa jurisdicción presentaron el requerimiento ante el Juzgado Cuarto de Paz, en contra de Yohalmo Enrique Rivera.
Esa persona enfrentará los delitos de Homicidio imperfecto o tentado y Conducción peligrosa de vehículo automotor.
“En este caso hay una intención clara de parte del imputado por causar daño a la víctima, hay dolo, hay una premeditación y con todos estos elementos iniciales y otros que ofreceremos en audiencia es que de forma fundamentada vamos a establecer el delito del Homicidio Tentado, así como la Conducción peligrosa”, explicó uno de los fiscales del caso. En las próximas horas será programada la audiencia inicial.
Este hecho ocurrió el pasado martes 8 de marzo del presente año, en horas de la tarde, sobre el Bulevard del Ejército, en las cercanías de un conocido centro comercial, cuando el imputado atentó contra la vida de la víctima, así como también contra la integridad de las personas que transitaban por el lugar.
La Fiscalía reiteró su compromiso por investigar y sancionar todas las acciones de violencia, incluyendo los actos de intolerancia a efecto que sean sancionados con diferentes penas, como el caso del conductor de una empresa de helados que guarda prisión en espera de la etapa de instrucción y también la prohibición para un motorista de la ruta 41A para conducir automotores durante un año y medio.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
