Judicial
FGR presenta pruebas por desvío de $187 millones de Sánchez Cerén
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, la Fiscalía ha presentado este jueves el dictamen de acusación [investigación final] que contiene todas las pruebas en contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros 18 imputados acusados de peculado y lavado de dinero.
El ministerio público los señala del desvío de más de $187 millones que será probado con una pericia financiera contable.
«Esto fue realizado por medio de los fondos que estaban destinados a cubrir la partida presupuestaria asignada a los gastos reservados de la Presidencia y también con el desvío de fondos que estaban destinados al fortalecimiento de la seguridad presidencial a través de proyectos financiados con la cooperación de China, Taiwán», explicó uno de los fiscales.
Además de Sánchez Cerén son acusados como ausentes el exsecretario privado de la Presidencia, José Manuel Melgar Henríquez, José Armando Escobar Barillas, exjefe de presupuesto; Carlos Ernesto Guerrero Ventura, exgerente financiero; Edgar Lizama, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
También se incluye a Gregorio Abarca Palacios, exasistente técnico; Carlos Armando Miranda Díaz, expagador auxiliar de la Comandancia General de la Fuerza Armada; Arturo Gilberto Alvarado, exjefe del Estado Mayor Presidencial del Ministerio de Defensa; William Oswaldo Vaquero León, exasistente personal de Sánchez Cerén, a este capitán del ejército, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político.
Se menciona además a Carlos Guardado y el teniente coronel José Saúl Osorio Rodríguez quien era oficial de enlace entre la Fuerza Armada y la Presidencia de la República, según la acusación llevada la tarde del jueves ante el juez.
#CombateALaCorrupción | La @FGR_SV presentó dictamen de acusación contra el exmandatario Salvador Sánchez Cerén y 18 personas más, por estar vinculados al caso conocido como "Gastos Reservados 2014-2019", por el desvío de más de $187 millones de dólares.
Los hechos se cometieron… pic.twitter.com/iydM4P3cK7
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 23, 2023
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
