Judicial
FGR presenta pruebas por desvío de $187 millones de Sánchez Cerén

En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, la Fiscalía ha presentado este jueves el dictamen de acusación [investigación final] que contiene todas las pruebas en contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros 18 imputados acusados de peculado y lavado de dinero.
El ministerio público los señala del desvío de más de $187 millones que será probado con una pericia financiera contable.
«Esto fue realizado por medio de los fondos que estaban destinados a cubrir la partida presupuestaria asignada a los gastos reservados de la Presidencia y también con el desvío de fondos que estaban destinados al fortalecimiento de la seguridad presidencial a través de proyectos financiados con la cooperación de China, Taiwán», explicó uno de los fiscales.
Además de Sánchez Cerén son acusados como ausentes el exsecretario privado de la Presidencia, José Manuel Melgar Henríquez, José Armando Escobar Barillas, exjefe de presupuesto; Carlos Ernesto Guerrero Ventura, exgerente financiero; Edgar Lizama, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
También se incluye a Gregorio Abarca Palacios, exasistente técnico; Carlos Armando Miranda Díaz, expagador auxiliar de la Comandancia General de la Fuerza Armada; Arturo Gilberto Alvarado, exjefe del Estado Mayor Presidencial del Ministerio de Defensa; William Oswaldo Vaquero León, exasistente personal de Sánchez Cerén, a este capitán del ejército, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político.
Se menciona además a Carlos Guardado y el teniente coronel José Saúl Osorio Rodríguez quien era oficial de enlace entre la Fuerza Armada y la Presidencia de la República, según la acusación llevada la tarde del jueves ante el juez.
#CombateALaCorrupción | La @FGR_SV presentó dictamen de acusación contra el exmandatario Salvador Sánchez Cerén y 18 personas más, por estar vinculados al caso conocido como "Gastos Reservados 2014-2019", por el desvío de más de $187 millones de dólares.
Los hechos se cometieron… pic.twitter.com/iydM4P3cK7
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 23, 2023
Judicial
Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.