Judicial
FGR presenta demanda en Cámara Segundo de lo Civil contra Sigfrido Reyes y su grupo familiar por presunto enriquecimiento ilícito de $472 mil
Esta mañana de viernes se ha hecho pública una demanda de la Fiscalía General de la República (FGR) contra ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y su grupo familiar por presunto enriquecimiento ilícito de $472 mil.
Dicha demanda fue presentada por las autoridades fiscales en la Cámara Segundo de lo Civil de San Salvador.
Según la FGR, Sigfrido Reyes se le han encontrado al menos ocho irregularidades por un monto de $360,433.09, en depósitos bancarios, inversión en compra de vehículos y la adquisición del inmueble Eco Residencial Las Violetas.
A su vez, se le ha encontrado una irregularidad por $99,280.95 en viáticos por viajes durante se desempeñó como diputado de la Asamblea Legislativa.
A su esposa, Susi Guadalupe Rodríguez, se le ha detectado un enriquecimiento ilícito de $12 mil descubierto en dos irregularidades. Mientras al hijo de la pareja, Luis Damián Reyes Rodríguez, se le ha detectado una irregularidad en la compra de un vehículo.
La Fiscalía ha detallado que “cuenta con abundante prueba que demuestra el enriquecimiento ilícito por el que se le acusa al expresidente de la Asamblea Legislativa”.
Es de recordar que este es otro proceso administrativo independiente, diferente a la causa penal que ya sigue a Reyes, cuando Probidad le detectó 47 irregularidades por una cantidad de $1,3 millones.
Reyes abandonó el país el pasado 22 de noviembre rumbo a Guatemala, después viajó hacia México para luego partir hacia Francia o Rusia, donde se encontraría actualmente escondido de la justicia.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
