Judicial
FGR interviene 21 propiedades y $2 millones a personas relacionadas con el lavado de dinero
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) intervino 21 inmuebles y $2 millones que estaban de manera ilícita en poder de nueve personas radicadas en el oriente del país.
La Fiscalía explicó que este caso se origina de una investigación realizada en contra de personas que son procesada por lavado de dinero y activos.
De acuerdo con el reporte, las propiedades intervenidas se encuentran en los municipios de San Carlos y San Francisco Gotera, Morazán; y en Lolotique, San Miguel.
“Tras analizar las pruebas obtenidas y fortalecer las investigan, se ha determinado que los bienes tienen una procedencia injustificada, por lo cual se procede a materializarlos y a seguir el correspondiente proceso de despojo en el Tribunal de Extinción de Dominio”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
Los afectados en este caso son Jaime Adalberto Flores y otros cinco miembros de su familia, así como contra Sonia Marisela Maya Márquez y dos parientes.
A cada uno de los vinculados, le fueron encontrados productos financieros y transacciones bancarias significativas, en diferentes entidades financieras. El período de investigación en el sistema financiero inicia desde el año 2004 y finaliza en el 2015, habiéndose establecido que los movimientos de fondos en el sistema financiero están concentrados en entre los años 2008 al 2014.
Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR ha establecido que las personas implicadas registraron montos preliminares en ingresos por valor de $18,8 millones y egresos por $16,6 millones. Las cantidades de dinero que tenían los imputados no fueron justificadas mediante fuente legal de ingresos.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
