Judicial
Extorsionista es condenado a 11 años de cárcel en El Porvenir, Santa Ana
La Unidad de Patrimonio Privado de la oficina fiscal de Santa Ana, dio a conocer la condena de 11 años de prisión, impuesta a un miembro de una estructura terrorista de la MS, que opera en la jurisdicción de El Porvenir; al ser acusado del delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de una persona que goza de régimen de protección clave “Rebeca”; hecho ocurrido en el año 2016.
El jefe de esta oficina Fiscal Miguel Iraheta identificó al extorsionista como Javier Edgardo Díaz Martínez, alias “Chucho”, capturado en flagrancia luego de haber recibido el dinero producto de la extorsión.
La Vista Pública se desarrolló en el 5 de enero de 2021, en el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, donde la Fiscalía presentó pruebas de tipo documental, pericial y el testimonio de la víctima de clave “Rebeca”, así como de los agentes captores; dejando claramente evidenciada la participación del imputado en el ilícito, dictando el Tribunal una pena de 11 años de prisión.
Según la declaración de la víctima, entre los meses de julio y septiembre del año 2016, en el municipio de El Porvenir, departamento de Santa Ana sujetos pertenecientes a la Mara MS13 exigían a la víctima con clave “Rebeca” la cantidad de US$50.00 semanales a cambio de dejarlo trabajar en su negocio, las entregas de dinero las hacia la víctima personalmente.
Los pandilleros amenazaban a la víctima con matarlo sino cumplía con las exigencias. La tercera semana del mes de septiembre de 2016 se realizó entrega bajo la modalidad de cobertura policial, donde fue detenido el pandillero Javier Edgardo Diaz Martinez, luego de ser intervenido y se le encontró los US$50 que la víctima recién había entregado.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
