Judicial
Extorsionista es condenado a 11 años de cárcel en El Porvenir, Santa Ana
La Unidad de Patrimonio Privado de la oficina fiscal de Santa Ana, dio a conocer la condena de 11 años de prisión, impuesta a un miembro de una estructura terrorista de la MS, que opera en la jurisdicción de El Porvenir; al ser acusado del delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de una persona que goza de régimen de protección clave “Rebeca”; hecho ocurrido en el año 2016.
El jefe de esta oficina Fiscal Miguel Iraheta identificó al extorsionista como Javier Edgardo Díaz Martínez, alias “Chucho”, capturado en flagrancia luego de haber recibido el dinero producto de la extorsión.
La Vista Pública se desarrolló en el 5 de enero de 2021, en el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, donde la Fiscalía presentó pruebas de tipo documental, pericial y el testimonio de la víctima de clave “Rebeca”, así como de los agentes captores; dejando claramente evidenciada la participación del imputado en el ilícito, dictando el Tribunal una pena de 11 años de prisión.
Según la declaración de la víctima, entre los meses de julio y septiembre del año 2016, en el municipio de El Porvenir, departamento de Santa Ana sujetos pertenecientes a la Mara MS13 exigían a la víctima con clave “Rebeca” la cantidad de US$50.00 semanales a cambio de dejarlo trabajar en su negocio, las entregas de dinero las hacia la víctima personalmente.
Los pandilleros amenazaban a la víctima con matarlo sino cumplía con las exigencias. La tercera semana del mes de septiembre de 2016 se realizó entrega bajo la modalidad de cobertura policial, donde fue detenido el pandillero Javier Edgardo Diaz Martinez, luego de ser intervenido y se le encontró los US$50 que la víctima recién había entregado.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
