Judicial
Extorsionista es condenada a 7 años de cárcel tras realizar llamadas telefónicas a su víctima en EE.UU.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer que un connacional residente en Estados Unidos de Norteamérica fue extorsionado a través de llamadas telefónicas hechas desde el país, que lo obligaron a enviar a través de depósitos bancarios un total de $1,400.00.
Las extorsiones fueron hechas por Katherine Melissa Guevara Martínez, quien recibió el dinero mediante 5 entregas a su cuenta bancaria, a cambio de no atentar contra la vida de sus familiares.
Posterior a investigaciones policiales, por su participación fue condenada a 7 años de cárcel, afirmó la Fiscal del caso del grupo Antiextorsiones de la oficina de San Miguel.
En la Audiencia Preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción, la imputada decidió voluntariamente confesar el delito de Extorsión, lo cual fue corroborado con diferentes pruebas por la representación fiscal, entre ellas, los registros de retiro bancarios.
Los chantajes comenzaron en septiembre del año 2017, en la que a la víctima le demandaron la entrega de $3,000, pero aceptó entregar nada más $1,400.00.
El dinero fue remitido a través de cinco depósitos entre el 1 de diciembre del año 2017 y el mes de marzo del 2018.
Al final de la audiencia en la que se aplicó un procedimiento abreviado, el Juez del Primero de Instrucción de San Miguel emitió una sentencia condenatoria de 7 años de prisión.
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Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
