Judicial
Extorsionista es condenada a 7 años de cárcel tras realizar llamadas telefónicas a su víctima en EE.UU.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer que un connacional residente en Estados Unidos de Norteamérica fue extorsionado a través de llamadas telefónicas hechas desde el país, que lo obligaron a enviar a través de depósitos bancarios un total de $1,400.00.
Las extorsiones fueron hechas por Katherine Melissa Guevara Martínez, quien recibió el dinero mediante 5 entregas a su cuenta bancaria, a cambio de no atentar contra la vida de sus familiares.
Posterior a investigaciones policiales, por su participación fue condenada a 7 años de cárcel, afirmó la Fiscal del caso del grupo Antiextorsiones de la oficina de San Miguel.
En la Audiencia Preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción, la imputada decidió voluntariamente confesar el delito de Extorsión, lo cual fue corroborado con diferentes pruebas por la representación fiscal, entre ellas, los registros de retiro bancarios.
Los chantajes comenzaron en septiembre del año 2017, en la que a la víctima le demandaron la entrega de $3,000, pero aceptó entregar nada más $1,400.00.
El dinero fue remitido a través de cinco depósitos entre el 1 de diciembre del año 2017 y el mes de marzo del 2018.
Al final de la audiencia en la que se aplicó un procedimiento abreviado, el Juez del Primero de Instrucción de San Miguel emitió una sentencia condenatoria de 7 años de prisión.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
