Judicial
Ernesto Muyshondt es enjuiciado por apropiarse de más de $275,000
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador ha comenzado este miércoles el juicio al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de retención indebida o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
El exfuncionario de la comuna capitalina no fue trasladado al Centro Judicial Isidro Menéndez y la vista pública la enfrenta de forma virtual desde la Penitenciaría Occidental donde permanece recluido.
Fiscales de la Unidad Penal del Estado han sostenido durante todo el proceso penal que Muyshondt se apropió indebidamente de $275,145.31, entre junio y diciembre de 2020 y que con la multa e intereses debe pagar un monto de $571,258.
El caso lo comenzaron a investigar tras un aviso que interpuso la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, luego de una auditoría en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador en la cual se detectó una retención de $275,145,31, ese monto en concepto de renta descontado a los empleados no había sido trasladado al Ministerio de Hacienda.
El juicio también es en contra de Francisco José Rivera Chacón y el extesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares. Las acciones delictivas fueron cometidas cuando Muyshondt fungía como alcalde de San Salvador.
El exfuncionario también tiene pendiente otro proceso junto a Fernando Heriberto Portillo Linares y Santos Omar Muñoz González, exdirector de Finanzas de la alcaldía capitalina. En ese proceso según la Fiscalía han afectado a 41 víctimas y 54 entidades financieras por haber retenido $2,604,169.
Además, de empleados perjudicados, aparecen como afectadas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sindicatos, bancos, cooperativas y personas que brindan servicios profesionales.
Entre mayo del año 2019 y abril de 2021, se retuvo injustificadamente varias cuotas laborales a los empleados municipales lo que a muchos les hizo caer en mora o en impagos.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
