Judicial
Ernesto Muyshondt es enjuiciado por apropiarse de más de $275,000
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador ha comenzado este miércoles el juicio al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de retención indebida o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
El exfuncionario de la comuna capitalina no fue trasladado al Centro Judicial Isidro Menéndez y la vista pública la enfrenta de forma virtual desde la Penitenciaría Occidental donde permanece recluido.
Fiscales de la Unidad Penal del Estado han sostenido durante todo el proceso penal que Muyshondt se apropió indebidamente de $275,145.31, entre junio y diciembre de 2020 y que con la multa e intereses debe pagar un monto de $571,258.
El caso lo comenzaron a investigar tras un aviso que interpuso la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, luego de una auditoría en la Dirección Municipal para la Gestión de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador en la cual se detectó una retención de $275,145,31, ese monto en concepto de renta descontado a los empleados no había sido trasladado al Ministerio de Hacienda.
El juicio también es en contra de Francisco José Rivera Chacón y el extesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo Linares. Las acciones delictivas fueron cometidas cuando Muyshondt fungía como alcalde de San Salvador.
El exfuncionario también tiene pendiente otro proceso junto a Fernando Heriberto Portillo Linares y Santos Omar Muñoz González, exdirector de Finanzas de la alcaldía capitalina. En ese proceso según la Fiscalía han afectado a 41 víctimas y 54 entidades financieras por haber retenido $2,604,169.
Además, de empleados perjudicados, aparecen como afectadas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sindicatos, bancos, cooperativas y personas que brindan servicios profesionales.
Entre mayo del año 2019 y abril de 2021, se retuvo injustificadamente varias cuotas laborales a los empleados municipales lo que a muchos les hizo caer en mora o en impagos.
Judicial
Condenan a 12 años de cárcel al exsecretario exsecretario de la Alcaldía del Puerto de La Libertad por peculado
La Fiscalía logró una condena de doce años de cárcel para Roberto Carlos García Girón, exsecretario de la Alcaldía del Puerto de La Libertad por el partido ARENA, procesado por el delito de peculado. El imputado también está obligado a restituir al Estado $33,900 dólares en concepto de responsabilidad civil.
La condena fue impuesta en ausencia del imputado, gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permite juzgar y condenar a imputados prófugos de la justicia.
Durante el 2017, Girón desvió $101,700.00 dólares de la comuna municipal y utilizó su cargo para falsificar acuerdos municipales para hacer préstamos a nombre de la alcaldía y desviar el dinero a la sociedad H&D Servicios Empresariales S.A de C.V., quienes supuestamente brindaban diferentes servicios a favor de la municipalidad.
Todos estos trámites los realizó sin previa autorización del concejo municipal.
El juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
El Tribunal Quinto de Sentencia finalizó el juicio que la Fiscalía General de la República le promueve al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios, acusados de retener y apropiarse de $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Al dar por cerrados los debates, los jueces convocaron a fiscales y defensores para dar a conocer el fallo, el próximo viernes 21 de febrero a las 9:00 de la mañana.
La Fiscalía General de la República ratificó la solicitud de una sentencia condenatoria para los cuatro imputados.
Para el exalcalde han pedido una condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Al extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, el ministerio público pretende que se le impongan 20 años por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
En el caso de Francisco José Rivera Chacón, acusado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales solicitaron 16 años y 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González.
Son señalados de afectar a 45 trabajadores de la municipalidad, para lo cual presentaron testigos quienes dijeron que hubo constantes pedidos de desembolsos de fondos para pagar cuotas previsionales y de crédito que los empleados tenían en bancos, pero nunca se hizo la transferencia, pese a que se retuvo los descuentos en las planillas.
Por violar y agredir sexualmente a una niña desde que tenía 8 años de edad, Jorge Alberto Alfaro Merino recibió 42 años con 6 meses de prisión. Los abusos los cometió desde el 2010 al 2016 en la jurisdicción de Sacacoyo, La Libertad Oeste.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Merino era vecino y pareja de la madre de la víctima.
Desde el 2010, Merino ingresaba por las noches al cuarto de habitación de la menor, mientras todos dormían y aprovechaba esos espacios para tocarla; posteriormente, cuando la víctima tenía 12 años de edad, el imputado comenzó a violarla cada sábado en momentos que la madre salía de casa a trabajar. El imputado ingresaba a casa y tomaba a la menor por la fuerza.
Cuando la joven cumplió 14 años de edad y a pesar de las amenazas a muerte si contaba sobre los abusos, la víctima decidió marcharse de la casa y buscó refugio con su padre.
Tras 7 años de convivencia con su padre, la victima se armó de valor y decidió denunciar al imputado.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se estableció la participación del imputado en los abusos. Merino fue sentenciado a 16 años de cárcel por agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, y 26 años y 6 meses más por violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Totalizando 42 años y 6 meses que el imputado estará en una prisión.
Además de la condena de cárcel impuesta en presencia del imputado, el juez le ordenó el pago de $500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
