Judicial
Salvador Sánchez Cerén será enjuiciado en agosto por recibir $530,000 en sobresueldos
Los procesos penales en los que el expresidente de la república del FMLN, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), es enjuiciado por recibir sobresueldos, así como el que implica a diez exfuncionarios del gobierno del prófugo Mauricio Funes (2009-2014), quienes son procesados por el caso Saqueo Público ya tienen fecha para las últimas fases.
En el caso Sánchez Cerén deberá enfrentar juicio por acusaciones de recibir $530,000 como sobresueldos cuando se desempeñó como vicepresidente de la república en la gestión de Funes (2009-2014), junto a él, hay otros seis exfuncionarios que deben someterse a la vista pública del proceso penal por los delitos de lavado de dinero y activos, y enriquecimiento ilícito.
Entre los señalados está el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez quien es acusado de haber recibido $290,000; José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura y Ganadería ($565,000); Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente (177,000); y Manuel Melgar, exministro de Seguridad Públicas ($150,000), todos tienen condición de prófugos, y de no presentarse al juicio serán procesados como reos ausentes. En el caso del exministro de Trabajo, Calixto Mejía, que recibió $208,000, ha sido único que se ha presentado a los juzgados a lo largo del proceso.
Todos deberán de compadecer al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el próximo 20 de agosto, fecha en que inicie el juicio, el cual se tiene previsto concluya el 30 de ese mismo mes. Previamente, todos los señalados deberán presentarse el 3 de abril para ser enterados de las imputaciones.
En este mismo caso, ya confesaron sus delitos y devolvieron al Estado el dinero recibido ilícitamente, la exministra de Salud, Violeta Menjívar ($177,000), la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal ($162,000), el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, el exministro de Hacienda ($174,000), mientras que Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, devolvió $210,000.
Los anteriores exfuncionarios, confesaron los delitos a cambio de una pena leve consistente en un año por enriquecimiento ilícito y dos por lavado de dinero, tiempo reemplazable con trabajo de utilidad pública y el pago de las cantidades de dinero que recibieron como sobresueldos.
FALLO DE «SAQUEO PÚBLICO» SERÁ EN MARZO
Mientras que la resolución final en el caso denominado «Saqueo Público», por el que Mauricio Funes es acusado de sustraer $351 millones de fondos públicos, será dada a conocer el 15 de marzo.
La lectura de este fallo estaba programada para que diera a conocer la semana pasada en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, pero fue reprogramado debido a que los fiscales del caso estaban concentrados verifican el proceso del escrutinio final de las elecciones pasadas. Funes afronta este caso por separado.
Los que han sido enjuiciados y esperan el fallo son, la exprimera dama, Vanda Pignato, el expresidente del Cifco, Miguel Menéndez, además el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas; el exgerente Financiero Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga; el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; el exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño, y el asistente técnico financiero, Pablo Gómez.
Los exempleados de Casa Presidencial son señalados de colaborar con Funes para sustraer millones de dólares y luego depositarlos en cuentas bancarias particulares.
La Fiscalía ha solicitado la condena máxima de hasta 30 años de cárcel para algunos imputados, según el grado de participación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó que Julia Violeta Consuelo S. V., siga en detención por haber estafado con $250,000 a un ciudadano estadounidense.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República la imputada se asoció con el extranjero para instalar una empresa de producción de cerveza artesanal.
La víctima aportó los $250,000 y dejó como responsable a la imputada ya que él residía en Estados Unidos. El negocio comenzó a funcionar en el 2020, en el bulevar del Hipódromo, en la colonia San Benito, San Salvador.
Pero cuando la procesada dejó de reportar ganancias el norteamericano decidió ya no seguir invirtiendo dinero, pero en mayo de 2022, la mujer junto a otras personas creó una nueva sociedad en Talnique, La Libertad, para vender la fórmula de la cerveza registrada al principio sin autorización del estadounidense, por lo cual el inversionista decidió denunciar a Julia Violeta Consuelo ante la Fiscalía para que se iniciara el proceso penal por el delito de estafa.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, recibió en vista pública la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en contra de Cruz Ernesto Recinos García, por tráfico ilícito.
El imputado fue detenido el 9 de diciembre de 2023, en el cantón Chanmico, de San Juan Opico, con 23,033 gramos de marihuana valuados en $23,000.
El caso comenzó a ser investigado ese mismo día, cuando un informante llegó a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) a denunciar que un hombre a quien conocía como Neto almacenaba en su casa cantidades de droga.
Cuando los agentes antinarcóticos ingresaron a la vivienda encontraron 20 paquetes de marihuana, teléfonos celulares y un arma de fuego, en las audiencias inicial y preliminar los jueces que conocieron de la causa resolvieron que el acusado continuara en la cárcel hasta que su situación de defina en vista pública.
«Según el perito que realizó la experticia, con dicha sustancia se pueden confeccionar 46 cigarrillos. Como Fiscalía estamos solicitando una sentencia condenatoria en contra del señor Recinos García por el delito de tráfico ilícito y que dicte una sentencia de 15 años de prisión, siendo esta la pena máxima que tiene previsto dicho delito», sostuvo el representante del ministerio público.
Un pandillero del Barrio 18 fue condenado a más de 41 años de prisión por extorsión agravada e intentar asesinar a un agente policial, 00detalló la Fiscalía General de la República (FGR).
El terrorista fue identificado como José Lorenzo García García.
Por otra parte, el pandillero identificado como José Joaquín García Vivas, que también participó en el delito de extorsión agravada, recibió 16 años de cárcel como condena. Las condenas fueron impuestas por un Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán.
Estos terroristas delinquían en diferentes zonas de San Pedro Perulapán y le exigieron entre $500 y $800 mensuales a la víctima para permitirle movilizarse en la zona.
En mayo de 2022, mientras recibían el dinero de la renta, hubo un intercambio de disparos en el cual un policía salió herido.
