Judicial
Envían a prisión a grupo de pandilleros que participó en ataque armado contra policías en Santa Ana
El Juzgado de Paz de Texistepeque en Santa Ana envió a prisión preventiva a un grupo de pandilleros esta mañana durante la audiencia inicial. A los 10 imputados, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de cuatro delitos luego de sostener un enfrentamiento con elementos policiales.
Los delitos que se les imputan son homicidio en grado de tentativa en perjuicio de varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), portación o conducción de armas guerra, agrupaciones ilícitas y utilización u ocupacón ilegal de inmuebles.
Los imputados responden a los nombres de Nelson Saúl E., David Alberto M., Carlos Isaías S., Luis Ricardo R., Marvin Anibal B., Miguel Ángel D., Adán Alberto U., Josué Abraham U., y Edwin Daniel V.
Las autoridades confirmaron que en el enfrentamiento falleció uno de los integrantes del grupo identificado como William Josué. Mientras que Edwin Daniel resultó lesionado en el tiroteo, pero falleció posteriormente en el hospital San Juan de Dios, de Santa Ana.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial para acreditar la existencia de los delitos, así como la posible participación de los imputados en la comisión de los ilícitos. Ante esto, el Juez decretó la continuación del proceso a la fase de instrucción con la medida cautelar de la detención provisional contra ocho de los once imputados.
Los agentes policiales que participaron en el operativo también están siendo procesados por el delito de homicidio simple y lesiones en perjuicio de William Josué y Edwin Daniel, respectivamente. Durante la audiencia inicial, el juez les decretó instrucción formal sin ninguna medida.
Los dos procesos judiciales, tanto de los agentes policiales como de los presuntos pandilleros, serán enviados al Centro Judicial Dr. Ángel Góchez Castro de la cabecera departamental, donde la Oficina Distribuidora de Procesos (ODP) les asignará un Juzgado de Instrucción para que continúe el proceso judicial contra todos los incoados por los delitos arriba mencionados.
Los hechos por los que están siendo procesados ocurrieron el pasado viernes en el caserío Las Mesitas, del cantón Cujucuyo, en Texistepeque. De acuerdo con la acusación fiscal, cuando los agentes policiales llegaron al lugar de los hechos, William Josué ingresó a la vivienda usurpada y abrió fuego contra los policías. Fue en ese momento que se generó el tiroteo que dejó como resultado dos delincuentes fallecidos y nueve capturados.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
