Judicial
En prisión se mantendrán imputados ligados a los delitos de homicidio, extorsión y violación en Cuscatlán
Instrucción Formal con Detención Provisional se les decretó en diferentes audiencias, a un vigilante privado por Violación, a tres pandilleros de la 18 sureños por Extorsión Agravada, y a dos imputados más por Homicidio Agravado Tentado, Robo Agravado y Tenencia de Arma de Guerra.
La Fiscal del caso de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la sede Fiscal de Cojutepeque demostró en la Audiencia Inicial en el Juzgado de Paz de Tenancingo, que existen suficientes pruebas indiciarias de que William Heriberto Méndez, vigilante privado, violó a una joven de 19 años, el 15 de julio de este año en el cantón El Rodeo, de la jurisdicción de Tenancingo, departamento de Cuscatlán.
El Juez resolvió que se mantenga en la cárcel mientras dura el proceso penal en su contra.
Mientras que Fiscales de la Unidad de Patrimonio lograron que el Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque, les decretara la detención provisional a los integrantes de la pandilla 18 sureños, Oscar Geovany Ortiz Juárez, José Isaac Antonio Flores y Brandon Francisco Paz Melgar, por exigir a un comerciante US$500.00 mensuales. Los chantajes se registraron el 27 de julio de este año.
Igual resolución judicial recibieron Raimundo Anderson Pérez Rodríguez y Cristian Alejandro Felipe García, de parte del Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán, después que el Fiscal del caso de la Unidad de Vida presentó suficientes elementos de probabilidad de que los imputados intentaron matar a una víctima el 28 de agosto en el caserío El Centro, cantón Hüisiltepeque.
Además, despojaron de sus pertenencias a las víctimas amenazándolos con un fusil Ak-47 y con corvos.
Todos los incriminados fueron detenidos la semana pasada con órdenes administrativas de FGR de Cojutepeque.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
