Judicial
En prisión se mantendrán imputados ligados a los delitos de homicidio, extorsión y violación en Cuscatlán
Instrucción Formal con Detención Provisional se les decretó en diferentes audiencias, a un vigilante privado por Violación, a tres pandilleros de la 18 sureños por Extorsión Agravada, y a dos imputados más por Homicidio Agravado Tentado, Robo Agravado y Tenencia de Arma de Guerra.
La Fiscal del caso de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la sede Fiscal de Cojutepeque demostró en la Audiencia Inicial en el Juzgado de Paz de Tenancingo, que existen suficientes pruebas indiciarias de que William Heriberto Méndez, vigilante privado, violó a una joven de 19 años, el 15 de julio de este año en el cantón El Rodeo, de la jurisdicción de Tenancingo, departamento de Cuscatlán.
El Juez resolvió que se mantenga en la cárcel mientras dura el proceso penal en su contra.
Mientras que Fiscales de la Unidad de Patrimonio lograron que el Juzgado Segundo de Paz de Cojutepeque, les decretara la detención provisional a los integrantes de la pandilla 18 sureños, Oscar Geovany Ortiz Juárez, José Isaac Antonio Flores y Brandon Francisco Paz Melgar, por exigir a un comerciante US$500.00 mensuales. Los chantajes se registraron el 27 de julio de este año.
Igual resolución judicial recibieron Raimundo Anderson Pérez Rodríguez y Cristian Alejandro Felipe García, de parte del Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán, después que el Fiscal del caso de la Unidad de Vida presentó suficientes elementos de probabilidad de que los imputados intentaron matar a una víctima el 28 de agosto en el caserío El Centro, cantón Hüisiltepeque.
Además, despojaron de sus pertenencias a las víctimas amenazándolos con un fusil Ak-47 y con corvos.
Todos los incriminados fueron detenidos la semana pasada con órdenes administrativas de FGR de Cojutepeque.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
