Judicial
El 80% de desapariciones tiene motivaciones familiares, aseguran autoridades de la Policía Nacional Civil

El 80 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas en San Salvador tienen motivaciones familiares, algunas son jóvenes que huyen de sus viviendas por maltrato de sus padres, otros porque tuvieron problemas con sus cónyuges y deciden abandonar el hogar, según reporta este martes la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los meses de enero y febrero del presente año, la delegación capitalina policial ha investigado 34 denuncias de personas que han sido reportadas como desaparecidas, de las cuales 21 casos fueron finalizados; es decir son casos ya cerrados porque son hombres, mujeres, y adolescentes que aparecieron con vida.
De acuerdo con investigadores policiales, sólo en el año 2019 se recibió un total de 216 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 151 fueron finalizadas, se cierran los casos y ya no hay diligencias que seguir porque estas personas aparecieron con vida.
Tal es el caso de una jovencita que al salir de clases de un centro escolar capitalino decidió viajar para la zona de San Bartolo, Ilopango, donde se encontró con un joven, según ella cansada del maltrato de su madre.
De igual manera, otra joven de 15 años decidió abandonar su hogar y buscar trabajo de oficios domésticos en una vivienda del municipio de Soyapango, San Salvador.
El 14 de enero pasado, dos personas fueron reportadas a la policía como desaparecida, y de inmediato los uniformados iniciaron un proceso de investigación que culminó con la localización con vida de una joven de 15 años. En este caso, el Departamento de Investigaciones (DIN) abrió un proceso por el delito de violación, según la denuncia interpuesta.
Al mismo tiempo, la policía encontró con vida a un hombre, luego de iniciar con las acciones operativas que se decidieron en una mesa técnica por persona desaparecida, y fue así como se dio con ubicación de la víctima quien se encontraba internado en un Centro de Rehabilitación de esta capital.
Judicial
Discusión entre mujeres en transporte público llega hasta los tribunales de Ilopango

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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
Judicial
Sigfrido Reyes y su red enfrentan audiencia por acusaciones de corrupción

En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas

José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.