Judicial
Dos jóvenes fueron acribillados por pandilleros de la MS mientras esperaban pupusas en San Pedro Perulpán
Joel Alejandro Rodríguez Menjívar, José Gilberto Flores y José Omar Mendoza Ramírez, miembros de la MS que operaban en San Pedro Perulapán, fueron condenados a un total de 40 años para cada uno, por ser coautores del Homicidio Agravado de dos jóvenes.
El Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de Cojutepeque, detalló que las víctimas fueron acribilladas a tiros el 3 de mayo de 2015, aproximadamente a las 7:10 de la noche, en una tortillería, ubicada en el kilómetro 22 y medio de la Carretera Panamericana, a la altura del cantón La Loma, del municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán.
Los dos jóvenes se encontraban en el negocio junto a otras seis personas, cuando fueron sorprendidos con disparos de arma de fuego, por unos seis sujetos que se transportaban en un pickup con placas guatemaltecas.
Los dos fallecidos no pudieron escapar del ataque, pero los demás sí lograron ponerse a salvo al huir.
El proceso penal enfrentó diferentes controversias legales, porque los imputados enfrentaron un primer juicio a cargo del Juez Sentencia unipersonal, José Virgilio Jurado Martínez, que los absolvió de cargos el 10 de enero de 2019.
Jurado Martínez no le dio credibilidad a un testigo protegido identificado como “Hashi”, porque en su declaración no pudo establecer el color del vehículo utilizado y si los vidrios iban arriba o abajo cuando atacaron a las víctimas, así como la distancia en que se encontraba a la hora de los hechos.
El Fiscal del caso al no estar de acuerdo con la sentencia del operador de justicia, interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que anuló y ordenó otro juicio, que estuvo a cargo del Juez de Sentencia, Oscar Ernesto Contreras Quintanilla, que los declaró responsables del doble Homicidio Agravado.
La Cámara consideró que la resolución emitida por el juez Jurado Martínez, no estaba apegada a derecho porque la prueba vertida en la vista pública, no había sido valorada en forma íntegra y en su conjunto, bajo los principios de la lógica, la sicología y la experiencia común.
El Tribunal Superior consideró en su resolución que no puede desmerecer fe el testigo “Hashi”, porque la información proporcionada se puede corroborar con otras pruebas como el acta de inspección, el reconocimiento de cadáver, la prueba balística y el álbum fotográfico entre otros.
Y que la duda del juez Jurado Martínez, no estaba basada en las pruebas aportadas sino en “apreciaciones meramente subjetivas”.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
