Judicial
Dos jóvenes fueron acribillados por pandilleros de la MS mientras esperaban pupusas en San Pedro Perulpán
Joel Alejandro Rodríguez Menjívar, José Gilberto Flores y José Omar Mendoza Ramírez, miembros de la MS que operaban en San Pedro Perulapán, fueron condenados a un total de 40 años para cada uno, por ser coautores del Homicidio Agravado de dos jóvenes.
El Fiscal del caso de la Unidad de Vida de la oficina de Cojutepeque, detalló que las víctimas fueron acribilladas a tiros el 3 de mayo de 2015, aproximadamente a las 7:10 de la noche, en una tortillería, ubicada en el kilómetro 22 y medio de la Carretera Panamericana, a la altura del cantón La Loma, del municipio de San Pedro Perulapán, en el departamento de Cuscatlán.
Los dos jóvenes se encontraban en el negocio junto a otras seis personas, cuando fueron sorprendidos con disparos de arma de fuego, por unos seis sujetos que se transportaban en un pickup con placas guatemaltecas.
Los dos fallecidos no pudieron escapar del ataque, pero los demás sí lograron ponerse a salvo al huir.
El proceso penal enfrentó diferentes controversias legales, porque los imputados enfrentaron un primer juicio a cargo del Juez Sentencia unipersonal, José Virgilio Jurado Martínez, que los absolvió de cargos el 10 de enero de 2019.
Jurado Martínez no le dio credibilidad a un testigo protegido identificado como “Hashi”, porque en su declaración no pudo establecer el color del vehículo utilizado y si los vidrios iban arriba o abajo cuando atacaron a las víctimas, así como la distancia en que se encontraba a la hora de los hechos.
El Fiscal del caso al no estar de acuerdo con la sentencia del operador de justicia, interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que anuló y ordenó otro juicio, que estuvo a cargo del Juez de Sentencia, Oscar Ernesto Contreras Quintanilla, que los declaró responsables del doble Homicidio Agravado.
La Cámara consideró que la resolución emitida por el juez Jurado Martínez, no estaba apegada a derecho porque la prueba vertida en la vista pública, no había sido valorada en forma íntegra y en su conjunto, bajo los principios de la lógica, la sicología y la experiencia común.
El Tribunal Superior consideró en su resolución que no puede desmerecer fe el testigo “Hashi”, porque la información proporcionada se puede corroborar con otras pruebas como el acta de inspección, el reconocimiento de cadáver, la prueba balística y el álbum fotográfico entre otros.
Y que la duda del juez Jurado Martínez, no estaba basada en las pruebas aportadas sino en “apreciaciones meramente subjetivas”.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
