Judicial
Doctor acusado de mala praxis en hospital de San Miguel seguirá proceso en libertad
El juzgado Primero de Paz de San Miguel decretó este sábado libertad con medidas al doctor Carlos Romero Blanco, acusado de mala praxis al realizar una cesárea donde la paciente falleció; sin embargo, el imputado deberá pagar una fianza de $10,000 para volver a sus actividades.
Junto al internista son acusados otros 5 médicos y dos enfermeras del hospital nacional San Juan de Dios, en dicho departamento, quienes estuvieron a cargo de la cesárea que habría originado la muerte de la paciente y lesiones en la recién nacida.
«Hoy queda en libertad, solo que como es fin de semana, va a tener que pagar la fianza del lunes en adelante. Una vez lo haga, el juez que tenga el caso, ya sea el de Paz o de Instrucción, deberá ponerlo en libertad», informó el abogado defensor William Martínez.
Los otros cinco médicos y las dos enfermeras quedaron en libertad y se les impuso como medidas que no puedan salir del país y presentarse a firmar al juzgado cada 15 días. Los profesionales de la salud podrán seguir ejerciendo su oficio, ya que el juzgado no emitió ningún tipo de medidas, aunque el médico Romero Blanco fue despedido de sus labores en el hospital.
El proceso en contra de los señalados continuará en la etapa de instrucción por seis meses.
La víctima era una joven madre de 20 años que fue atendida por el médico Romero Blanco, pero que días después de la cesárea se sintió mal, y al practicarle exámenes médicos se detectó que tenía perforado un intestino, lo que le originó la muerte. La familia cree que hubo una mala praxis por lo que presentaron la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
