Judicial
Doctor acusado de mala praxis en hospital de San Miguel seguirá proceso en libertad
El juzgado Primero de Paz de San Miguel decretó este sábado libertad con medidas al doctor Carlos Romero Blanco, acusado de mala praxis al realizar una cesárea donde la paciente falleció; sin embargo, el imputado deberá pagar una fianza de $10,000 para volver a sus actividades.
Junto al internista son acusados otros 5 médicos y dos enfermeras del hospital nacional San Juan de Dios, en dicho departamento, quienes estuvieron a cargo de la cesárea que habría originado la muerte de la paciente y lesiones en la recién nacida.
«Hoy queda en libertad, solo que como es fin de semana, va a tener que pagar la fianza del lunes en adelante. Una vez lo haga, el juez que tenga el caso, ya sea el de Paz o de Instrucción, deberá ponerlo en libertad», informó el abogado defensor William Martínez.
Los otros cinco médicos y las dos enfermeras quedaron en libertad y se les impuso como medidas que no puedan salir del país y presentarse a firmar al juzgado cada 15 días. Los profesionales de la salud podrán seguir ejerciendo su oficio, ya que el juzgado no emitió ningún tipo de medidas, aunque el médico Romero Blanco fue despedido de sus labores en el hospital.
El proceso en contra de los señalados continuará en la etapa de instrucción por seis meses.
La víctima era una joven madre de 20 años que fue atendida por el médico Romero Blanco, pero que días después de la cesárea se sintió mal, y al practicarle exámenes médicos se detectó que tenía perforado un intestino, lo que le originó la muerte. La familia cree que hubo una mala praxis por lo que presentaron la denuncia.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
