Judicial
Doctor acusado de mala praxis en hospital de San Miguel seguirá proceso en libertad
El juzgado Primero de Paz de San Miguel decretó este sábado libertad con medidas al doctor Carlos Romero Blanco, acusado de mala praxis al realizar una cesárea donde la paciente falleció; sin embargo, el imputado deberá pagar una fianza de $10,000 para volver a sus actividades.
Junto al internista son acusados otros 5 médicos y dos enfermeras del hospital nacional San Juan de Dios, en dicho departamento, quienes estuvieron a cargo de la cesárea que habría originado la muerte de la paciente y lesiones en la recién nacida.
«Hoy queda en libertad, solo que como es fin de semana, va a tener que pagar la fianza del lunes en adelante. Una vez lo haga, el juez que tenga el caso, ya sea el de Paz o de Instrucción, deberá ponerlo en libertad», informó el abogado defensor William Martínez.
Los otros cinco médicos y las dos enfermeras quedaron en libertad y se les impuso como medidas que no puedan salir del país y presentarse a firmar al juzgado cada 15 días. Los profesionales de la salud podrán seguir ejerciendo su oficio, ya que el juzgado no emitió ningún tipo de medidas, aunque el médico Romero Blanco fue despedido de sus labores en el hospital.
El proceso en contra de los señalados continuará en la etapa de instrucción por seis meses.
La víctima era una joven madre de 20 años que fue atendida por el médico Romero Blanco, pero que días después de la cesárea se sintió mal, y al practicarle exámenes médicos se detectó que tenía perforado un intestino, lo que le originó la muerte. La familia cree que hubo una mala praxis por lo que presentaron la denuncia.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
