Judicial
Doctor acusado de mala praxis en hospital de San Miguel seguirá proceso en libertad
El juzgado Primero de Paz de San Miguel decretó este sábado libertad con medidas al doctor Carlos Romero Blanco, acusado de mala praxis al realizar una cesárea donde la paciente falleció; sin embargo, el imputado deberá pagar una fianza de $10,000 para volver a sus actividades.
Junto al internista son acusados otros 5 médicos y dos enfermeras del hospital nacional San Juan de Dios, en dicho departamento, quienes estuvieron a cargo de la cesárea que habría originado la muerte de la paciente y lesiones en la recién nacida.
«Hoy queda en libertad, solo que como es fin de semana, va a tener que pagar la fianza del lunes en adelante. Una vez lo haga, el juez que tenga el caso, ya sea el de Paz o de Instrucción, deberá ponerlo en libertad», informó el abogado defensor William Martínez.
Los otros cinco médicos y las dos enfermeras quedaron en libertad y se les impuso como medidas que no puedan salir del país y presentarse a firmar al juzgado cada 15 días. Los profesionales de la salud podrán seguir ejerciendo su oficio, ya que el juzgado no emitió ningún tipo de medidas, aunque el médico Romero Blanco fue despedido de sus labores en el hospital.
El proceso en contra de los señalados continuará en la etapa de instrucción por seis meses.
La víctima era una joven madre de 20 años que fue atendida por el médico Romero Blanco, pero que días después de la cesárea se sintió mal, y al practicarle exámenes médicos se detectó que tenía perforado un intestino, lo que le originó la muerte. La familia cree que hubo una mala praxis por lo que presentaron la denuncia.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
