Judicial
Docente del Liceo Cristiano Juan Bueno es acusado de abuso sexual contra una alumna de ocho años
El bajo rendimiento académico, la falta de interés para asistir al centro de estudios y una afectación emocional notoria fueron los indicativos que los padres de una alumna del Liceo Cristiano «Reverendo Juan Bueno» detectaron para descubrir el abuso sexual del que era víctima a manos de su profesor de música.
Las clases de música que Verónica (nombre cambiado por protección) recibía de Eduardo, de 31 años de edad, ya no eran atractivas para la niña de ocho años de edad, sin embargo, la menor no se atrevía a contarle lo sucedido a su madre.
Fue hasta la tarde del 25 de septiembre de 2017, que la víctima decidió contarle a detalle lo que estaba viviendo a su madre quien mientras conducía un vehículo no daba crédito al relato de su pequeña hija.
Según lo señalado por la madre, Verónica le comentó que el profesor de las clases de música había sido despedido del centro escolar, pero la noticia trascendió cuando escuchó el motivo: Eduardo agredió sexualmente a unas estudiantes.
La mujer le cuestionó a su hija si había sido una de las víctimas del hombre. El silencio de la niña llenó de temor a la progenitora quien insistió en sus cuestionamientos hasta que las lágrimas comenzaron a recorrer en el de la niña.
“Vos me vas a regañar”, fueron las temerosas y confundidas palabras que la niña emitió, para luego de que su madre le aclarara que no estaba molesta con ella relatara los hechos que la convirtieron en una de las víctimas del profesor.
La madre escuchó que cada vez que Verónica llevaba su cuaderno ante Eduardo, este aprovechaba para sentarla en sus piernas, pedirle besos y tocarle las partes íntimas, la posición del escritorio del imputado impedía que el resto de la clase obsevara su comportamiento.
Otras alumnas agredidas
Al escuchar que su propia hija le detalló lo que Eduardo hacía con ella, Carmen solicitó una audiencia con la coordinadora de Primaria y con el director de la institución. Ambos le manifestaron que despidieron al hombre, luego de que unos padres de familia interpusieran una queja: el hombre había tocado el rostro de su hija de una manera extraña y afectiva.
Ante esto, Carmen decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que tras las primeras indagaciones el ministerio público lo culpó del delito de agresión sexual en menor o incapaz de manera continuada.
Por ello, la FGR giró una orden de captura para Eduardo, así que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo el pasado 4 de febrero de este 2018, a eso de la 1:00 de la tarde.
Fuentes que conocen el caso indicaron que se ordenó la apertura a juicio en contra del maestro de música por lo que el caso será desarrollado por uno de los Tribunal de Sentencia de San Salvador, mismo que determinará si Eduardo es o no culpable de los cargos que se le imputan.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
