Judicial
Docente del Liceo Cristiano Juan Bueno es acusado de abuso sexual contra una alumna de ocho años
El bajo rendimiento académico, la falta de interés para asistir al centro de estudios y una afectación emocional notoria fueron los indicativos que los padres de una alumna del Liceo Cristiano «Reverendo Juan Bueno» detectaron para descubrir el abuso sexual del que era víctima a manos de su profesor de música.
Las clases de música que Verónica (nombre cambiado por protección) recibía de Eduardo, de 31 años de edad, ya no eran atractivas para la niña de ocho años de edad, sin embargo, la menor no se atrevía a contarle lo sucedido a su madre.
Fue hasta la tarde del 25 de septiembre de 2017, que la víctima decidió contarle a detalle lo que estaba viviendo a su madre quien mientras conducía un vehículo no daba crédito al relato de su pequeña hija.
Según lo señalado por la madre, Verónica le comentó que el profesor de las clases de música había sido despedido del centro escolar, pero la noticia trascendió cuando escuchó el motivo: Eduardo agredió sexualmente a unas estudiantes.
La mujer le cuestionó a su hija si había sido una de las víctimas del hombre. El silencio de la niña llenó de temor a la progenitora quien insistió en sus cuestionamientos hasta que las lágrimas comenzaron a recorrer en el de la niña.
“Vos me vas a regañar”, fueron las temerosas y confundidas palabras que la niña emitió, para luego de que su madre le aclarara que no estaba molesta con ella relatara los hechos que la convirtieron en una de las víctimas del profesor.
La madre escuchó que cada vez que Verónica llevaba su cuaderno ante Eduardo, este aprovechaba para sentarla en sus piernas, pedirle besos y tocarle las partes íntimas, la posición del escritorio del imputado impedía que el resto de la clase obsevara su comportamiento.
Otras alumnas agredidas
Al escuchar que su propia hija le detalló lo que Eduardo hacía con ella, Carmen solicitó una audiencia con la coordinadora de Primaria y con el director de la institución. Ambos le manifestaron que despidieron al hombre, luego de que unos padres de familia interpusieran una queja: el hombre había tocado el rostro de su hija de una manera extraña y afectiva.
Ante esto, Carmen decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que tras las primeras indagaciones el ministerio público lo culpó del delito de agresión sexual en menor o incapaz de manera continuada.
Por ello, la FGR giró una orden de captura para Eduardo, así que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo el pasado 4 de febrero de este 2018, a eso de la 1:00 de la tarde.
Fuentes que conocen el caso indicaron que se ordenó la apertura a juicio en contra del maestro de música por lo que el caso será desarrollado por uno de los Tribunal de Sentencia de San Salvador, mismo que determinará si Eduardo es o no culpable de los cargos que se le imputan.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
Judicial
Condenan a 50 años de prisión a pandillero de la MS-13 por asesinato de padre e hijo en Colón
A 50 años de cárcel fue condenado José Luis Laínez Alvarado por haber asesinado con arma de fuego a dos comerciantes -padre e hijo-, el 15 de junio de 2010 en Colón, La Libertad Oeste. El imputado es miembro activo de la pandilla MS-13.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el doble homicidio agravado fue cometido cuando las víctimas comercializaban telas en el sector de la comunidad Villa Madrid de la jurisdicción de Colón.
Laínez y tres sujetos más perfilaron a las víctimas y a una distancia de 20 metros les comenzaron a disparar hasta quitarles la vida.
Anteriormente, un familiar de las víctimas había sido privado de libertad y desaparecido por Alvarado y otros pandilleros.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador se logró demostrar la participación de Laínez en el doble homicidio.
La sentencia de cárcel fue impuesta gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a prófugos de la justicia.
Laínez también enfrentará otro juicio por agrupaciones ilícitas por su pertenencia a la estructura criminal antes mencionada.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
