Judicial
Detención provisional a supuestos asesinos de joven que viajaba en un taxi
El Juzgado 1° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Luis Alexander Carbajal Sánchez, de 32 años de edad y Luis Alejandro Hernández Fernández, de 23 años acusados de homicidio agravado en perjuicio de Henry V. y homicidio agravado tentado en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Según la denuncia fiscal el viernes cuatro de mayo, Henry junto a otra persona solicitaron a la víctima con régimen de protección los llevara al Centro Comercial Metrocentro, pero al llegar no se bajaron y le indicaron que continuara la marcha rumbo al oriente, cuando pasaron por el Boulevard Don Rua, víctima con régimen les preguntó dónde se bajarían a lo que Henry manifestó que continuara la ruta hacia el Mercado San Miguelito.
Pero antes de llegar al mercado, en un semáforo ubicado entre la Primera Avenida Norte y 21 Calle Oriente de ésta ciudad, al costado derecho del conductor se acercó una motocicleta conducida por el imputado Hernández y el imputado Carbajal, quien se conducía como pasajero en la motocicleta, efectuó varios disparos provocando la muerte de Henry.
Agentes policiales de la Sección Táctica Operativa escucharon la alerta, a través del operador de emergencias 911 y dieron seguimiento a los imputados, debido a que se les proporcionó información de los imputados, motocicleta y hacia donde se movilizaban según el sistema de video vigilancia.
Los imputados fueron capturados ese mismo día a las 3:30 de la tarde en un apartamento de los Condominios Cruz Roja Número tres, en Cuscatancingo.
El proceso pasó el viernes pasado al Juzgado 1° de Instrucción y tendrá un período de cinco meses para que las partes presenten diligencias necesarias en el proceso.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
