Judicial
Desde “La concha loca” hasta billares y gimnasios: Estos son las decomisos que dejó la Operación Cuscatlán
POR EL SALVADOR TIMES / La acumulación de riqueza de la MS 13 parece no tener fin; sus miembros y colaboradores son dueños de restaurantes, pupuserías, autolotes, casas y otros bienes.
Un número no determinado de vehículos, motocicletas, microbuses, televisores tipo plasma, camas, entre otros artículos incautados luego de la Operación Cuscatlán, se colocaron de forma ordenada en el estacionamiento del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco). El operativo tuvo como propósito golpear la fuente económica de la Mara Salvatrucha 13 en siete departamentos del país.
Según la Fiscalía General de República (GFR) recuenta hasta el jueves, recuperó más de 24 mil dólares en efectivo y 500 mil dólares en cuentas bancarias.
El operativo se llevó a cabo por la Unidad Táctica Especializada Policía (UTEP) durante la madrugada del jueves, dando como resultado más de 520 órdenes de capturas de las cuales 416 son intimaciones en centros penales. Además de 150 allanamientos en negocios de diferentes rubros, donde la PNC confirmó que estas operan con ingresos ilícitos de las pandillas y que se dedicaban al lavado de dinero.
Luego del operativo la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR procedió a inmovilizar los bienes de algunos sospechosos, entre ellos Irma Lorena Rodríguez, Florencia Recinos, Erick Rivas, Oswaldo Aguilar y Buenaventura Gómez.
Irma Rodríguez tenía a su nombre nueve negocios en la colonia Santa Lucía, en Ilopango. Los inmuebles allanados son: el restaurante “La concha loca y el garrobo feliz”, comedor y pupusería “María Bonita”, pupusería Gaby y panadería Lorenita, además posee un lote en el municipio de Estanzuelas, Usulután, y una casa en Santa Lucía. También le decomisaron maquinaria comercial y dinero en efectivo.
En esa misma colonia, Florinda Recinos se le decomisaron tres casas de gran tamaño, un vehículo Isuzu y seis microbuses de la ruta 29 A. Recinos fue presidenta de la ruta de autobuses, las autoridades no descartan que ella era la encargada de lavar el dinero de las MS 13 que opera en la zona.
La fiscalía aclara que la compra de dos microbuses se realizó con dinero entregado por las pandillas a Recinos mientras que el resto está por confirmar su procedencia ya que hay “mezcla de capitales”.
En Acajutla, Sonsonate los autolotes de Erick Rivas y Osvaldo Aguilar fueron allanados. En el lugar se se incautaron 22 vehículos de diversas marcas. “La investigación llega a establecer que esos negocios operaban con el dinero de grupo criminal. Ellos se encargaron de lavar estos recursos.” señala Landaverde.
Álvaro Aldana, alias Snifer, miembro activo de la MS 13 fue capturado y se le decomisó mil 211 dólares, tres teléfonos, una tableta electrónica, un vehículo y una motocicleta.
La Unidad de Extinción de Dominio materializó medidas cautelares contra los inmuebles de Buenaventura Gómez, alias Tomatero, quien es dueño de seis inmuebles pero solo uno fue puesto en extinción este ubicado en el caserío La Ceiba, en San Miguel. Según la Policía Nacional Civil (PNC) Gómez tiene un vínculo directo con la Mara Salvatrucha. Gómez dijo a los medios que se presentaba inocente y que no recae ningún delito sobre él.
Rodeado de mucha seguridad el Fiscal General, Douglas Meléndez verificó los allanamientos de cervecerías y centros de tolerancia sobre la 20 avenida norte y paseo independencia en el centro de San Salvador.
Cabecillas involucrados en negocios allanados
El ministro de Justicia y Seguridad, Ramírez Landaverde dice que “el contacto fue durante mucho tiempo se permitió para que aunque estuvieran en prisión seguían manteniendo comunicación hacia afuera (de los penales)… los cabecillas mantuvieron coordinación para que estas actividades ilícitas se dieran”
La investigación en la colonia Santa Lucia viene desde 2015 donde se identificó a 12 personas “civiles” y cuatro cabecillas de ranfla nacional de la Mara Salvatrucha. Entre ellos figuran Eduardo Erazo (El Colocho), Borromeo Solórzano (El diablito de Hollywood), Saúl Turcios (Trce Teclas) y Dionisio Umanzor (Sirra de Tecla), todos ellos encarcelado por varios homicidios. Recluidos en los penales de Izalco y Zacatecoluca.
Más de 2 mil miembros de la policía participaron de la Operación Cuscatlán se llevó a cabo de la cooperación conjunta de unidades élites de la Extinción de Dominio, Delitos de Crimen Organizado y Grupo 300, dedicada a investigar bienes de estructuras terroristas.
Datos finales
El subdirector de Investigaciones, Juan Carlos Martínez explicó que las detenciones se realizaron en siete departamento del país, en la que se ejecutaron 28 capturas, 416 intimaciones y 131 allanamientos.
Sólo la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) realizó cinco detenciones en Cojutepeque, seis en el oriente y tres en el occidente, mientras que la División Central de Investigaciones, realizaron trece detenciones.
En el penal de Zacatecoluca se realizaron 154 intimaciones de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS) y otros en el penal de Izalco.
Asimismo se realizaron 39 allanamientos en negocios y 50 en residenciales por parte de la DECO.
Además la DCI realizó 24 cateos en negocios y 18 en residencias, informó el jefe policial.
Entre lo que se les decomisó a los detenidos están:
6 Microbuses tipo Coaster.
4 Taxis.
2 Buses.
3 Armas de fuego.
5 Vehículos tipo pick up.
1 Equipo de Gimnasio.
3 Mesas de Billar.
25 Automóviles.
4 Teléfonos celulares.
17 Camionetas.
3 Motos.
3 Rockolas.
1 Discomóvil.
1 Refrigeradora.
1 Estante.
Fuente: El Salvador Times
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
