Judicial
Desde “La concha loca” hasta billares y gimnasios: Estos son las decomisos que dejó la Operación Cuscatlán
POR EL SALVADOR TIMES / La acumulación de riqueza de la MS 13 parece no tener fin; sus miembros y colaboradores son dueños de restaurantes, pupuserías, autolotes, casas y otros bienes.
Un número no determinado de vehículos, motocicletas, microbuses, televisores tipo plasma, camas, entre otros artículos incautados luego de la Operación Cuscatlán, se colocaron de forma ordenada en el estacionamiento del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco). El operativo tuvo como propósito golpear la fuente económica de la Mara Salvatrucha 13 en siete departamentos del país.
Según la Fiscalía General de República (GFR) recuenta hasta el jueves, recuperó más de 24 mil dólares en efectivo y 500 mil dólares en cuentas bancarias.
El operativo se llevó a cabo por la Unidad Táctica Especializada Policía (UTEP) durante la madrugada del jueves, dando como resultado más de 520 órdenes de capturas de las cuales 416 son intimaciones en centros penales. Además de 150 allanamientos en negocios de diferentes rubros, donde la PNC confirmó que estas operan con ingresos ilícitos de las pandillas y que se dedicaban al lavado de dinero.
Luego del operativo la Unidad de Extinción de Dominio de la FGR procedió a inmovilizar los bienes de algunos sospechosos, entre ellos Irma Lorena Rodríguez, Florencia Recinos, Erick Rivas, Oswaldo Aguilar y Buenaventura Gómez.
Irma Rodríguez tenía a su nombre nueve negocios en la colonia Santa Lucía, en Ilopango. Los inmuebles allanados son: el restaurante “La concha loca y el garrobo feliz”, comedor y pupusería “María Bonita”, pupusería Gaby y panadería Lorenita, además posee un lote en el municipio de Estanzuelas, Usulután, y una casa en Santa Lucía. También le decomisaron maquinaria comercial y dinero en efectivo.
En esa misma colonia, Florinda Recinos se le decomisaron tres casas de gran tamaño, un vehículo Isuzu y seis microbuses de la ruta 29 A. Recinos fue presidenta de la ruta de autobuses, las autoridades no descartan que ella era la encargada de lavar el dinero de las MS 13 que opera en la zona.
La fiscalía aclara que la compra de dos microbuses se realizó con dinero entregado por las pandillas a Recinos mientras que el resto está por confirmar su procedencia ya que hay “mezcla de capitales”.
En Acajutla, Sonsonate los autolotes de Erick Rivas y Osvaldo Aguilar fueron allanados. En el lugar se se incautaron 22 vehículos de diversas marcas. “La investigación llega a establecer que esos negocios operaban con el dinero de grupo criminal. Ellos se encargaron de lavar estos recursos.” señala Landaverde.
Álvaro Aldana, alias Snifer, miembro activo de la MS 13 fue capturado y se le decomisó mil 211 dólares, tres teléfonos, una tableta electrónica, un vehículo y una motocicleta.
La Unidad de Extinción de Dominio materializó medidas cautelares contra los inmuebles de Buenaventura Gómez, alias Tomatero, quien es dueño de seis inmuebles pero solo uno fue puesto en extinción este ubicado en el caserío La Ceiba, en San Miguel. Según la Policía Nacional Civil (PNC) Gómez tiene un vínculo directo con la Mara Salvatrucha. Gómez dijo a los medios que se presentaba inocente y que no recae ningún delito sobre él.
Rodeado de mucha seguridad el Fiscal General, Douglas Meléndez verificó los allanamientos de cervecerías y centros de tolerancia sobre la 20 avenida norte y paseo independencia en el centro de San Salvador.
Cabecillas involucrados en negocios allanados
El ministro de Justicia y Seguridad, Ramírez Landaverde dice que “el contacto fue durante mucho tiempo se permitió para que aunque estuvieran en prisión seguían manteniendo comunicación hacia afuera (de los penales)… los cabecillas mantuvieron coordinación para que estas actividades ilícitas se dieran”
La investigación en la colonia Santa Lucia viene desde 2015 donde se identificó a 12 personas “civiles” y cuatro cabecillas de ranfla nacional de la Mara Salvatrucha. Entre ellos figuran Eduardo Erazo (El Colocho), Borromeo Solórzano (El diablito de Hollywood), Saúl Turcios (Trce Teclas) y Dionisio Umanzor (Sirra de Tecla), todos ellos encarcelado por varios homicidios. Recluidos en los penales de Izalco y Zacatecoluca.
Más de 2 mil miembros de la policía participaron de la Operación Cuscatlán se llevó a cabo de la cooperación conjunta de unidades élites de la Extinción de Dominio, Delitos de Crimen Organizado y Grupo 300, dedicada a investigar bienes de estructuras terroristas.
Datos finales
El subdirector de Investigaciones, Juan Carlos Martínez explicó que las detenciones se realizaron en siete departamento del país, en la que se ejecutaron 28 capturas, 416 intimaciones y 131 allanamientos.
Sólo la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) realizó cinco detenciones en Cojutepeque, seis en el oriente y tres en el occidente, mientras que la División Central de Investigaciones, realizaron trece detenciones.
En el penal de Zacatecoluca se realizaron 154 intimaciones de los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS) y otros en el penal de Izalco.
Asimismo se realizaron 39 allanamientos en negocios y 50 en residenciales por parte de la DECO.
Además la DCI realizó 24 cateos en negocios y 18 en residencias, informó el jefe policial.
Entre lo que se les decomisó a los detenidos están:
6 Microbuses tipo Coaster.
4 Taxis.
2 Buses.
3 Armas de fuego.
5 Vehículos tipo pick up.
1 Equipo de Gimnasio.
3 Mesas de Billar.
25 Automóviles.
4 Teléfonos celulares.
17 Camionetas.
3 Motos.
3 Rockolas.
1 Discomóvil.
1 Refrigeradora.
1 Estante.
Fuente: El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
