Judicial
Decretan 20 años de cárcel para sujeto que intentó asesinar a su excompañera de vida en San Salvador
Julio Elmer Rivas Monterrosa fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su excompañera de vida frente al centro comercial Metrosur en San Salvador.
Fuentes judicial informaron que el sujeto fue capturado por la PNC y llevado a los juzgados de Paz de San Salvador acusado del delito de feminicidio agravado tentado en perjuicio de su expareja.
El ataque ocurrió en julio de 2018 cuando Monterrosa, de 45 años, siguió a la víctima desde el municipio de San Martín, pero al bajarse ella de la unidad del transporte público frente al centro comercial el sujeto la siguió y la atacó con un arma blanca en la espalda provocándole graves heridas.
Las autoridades informaron que previo al ataque la pareja estuvo discutiendo; ella intentó refugiarse en las instalaciones del centro comercial, pero Monterrosa no paraba de apuñalarla.
Ya le habían prohibido acercarse a la víctima.
La víctima iba acompañada de su hija de cinco años cuando sucedió el ataque, detallaron fuentes oficiales. Se informó que ella había decidido separarse de él porque era sometida a violencia física y psicológica, razón por la cual un juzgado le había prohibido al sujeto acercarse a ella.
Inicialmente el caso fue conocido por el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador, donde durante la audiencia inicial se le decretó prisión preventiva, pero por la naturaleza del caso, este pasó al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación hacia la Mujer.
Según las investigaciones de la Fiscalía, las razones que llevaron a Monterrosa a cometer el crimen fue porque su expareja había iniciado una nueva relación sentimental.
Este jueves 24 de septiembre, la Fiscalía dio a conocer la resolución del juez que dejó como resultado la condena del agresor a 20 años.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
