Judicial
Conductor de Uber acusado de agredir sexualmente a una clienta asegura que no fue una violación: «Fue una relación casual como pasa en el siglo XXI»
El conductor de UBER acusado de agredir sexualmente a una de sus clientas fue llevado esta mañana ante un juzgado de Paz, donde se defendió de las imputaciones y aseguró que no la violó, sino que se dio una «relación casual» de mutuo acuerdo.
«No fue una violación, fue una relación casual normal como pasa con una persona y yo todavía fui a dejar a la persona a su casa y luego yo seguí trabajando. Llegué a mi casa y llegó la Policía», aseguró el joven acusado.
José Edgardo Morales Minero, de 21 años de edad, fue capturado el pasado 5 de noviembre horas después de que presuntamente agredió sexualmente a una de sus clientas que pidió el servicio de UBER.
El imputado aseguró que no conoce a la joven, pero que solo fue un encuentro sexual que se dio de mutuo acuerdo. «De repente se la tirás a una chera y pasa. Todavía me dio cigarros y me dijo ‘dejame aquí porque más adelante es peligroso, no te metás hasta ahí’. La dejo hasta su pasaje, me da cigarros para el camino y me dice `tranquilo, escríbime’. Yo no esperaba que esto me pasara», dijo el joven ante la prensa.
Según la acusación de la Fiscalía, la víctima habría pedido servicio de UBER hasta su casa, pero el joven se habría detenido a la orilla de la carretera para agredir a la clienta. El imputado asegura que sí se estacionaron a la orilla de la calle y fue cuando sostuvieron relaciones sexuales.
La Fiscalía asegura que la mujer contactó a Morales Minero a través de la la plataforma Uber, luego de que la fuera a recoger aprovechó que eran aproximadamente las 5:30 de la mañana. El imputado sostiene que la mujer venía de una fiesta disfraces esa madrugada cuando ocurrieron los hechos.
«Yo no la he violado, ni tampoco la agredí, simplemente fue una relación casual como pasa en el siglo XXI. Me han matado civilmente, ni siquiera se me preguntó nada», sostuvo.
El imputado señaló que a raíz de lo ocurrido se ha afectado a su familia, a su hija y a su pareja actual, porque no han ocurrido los hechos como se han señalado. «Los dos estábamos de acuerdo con que pasaran las cosas. Yo en ningún momento la forcé. Se me acusa de algo que es mentira», sentenció.
Durante su detención a Morales se le incautó un vehículo marca Toyota modelo Yaris color gris con placas P 335-616 así como tres celulares.
El detenido será acusado por el delito de violación sexual, el cual está previsto y sancionado según el artículo 158 del Código Penal.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
