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Conductor de Uber acusado de agredir sexualmente a una clienta asegura que no fue una violación: «Fue una relación casual como pasa en el siglo XXI»

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El conductor de UBER acusado de agredir sexualmente a una de sus clientas fue llevado esta mañana ante un juzgado de Paz, donde se defendió de las imputaciones y aseguró que no la violó, sino que se dio una «relación casual» de mutuo acuerdo. 

«No fue una violación, fue una relación casual normal como pasa con una persona y yo todavía fui a dejar a la persona a su casa y luego yo seguí trabajando. Llegué a mi casa y llegó la Policía», aseguró el joven acusado.

José Edgardo Morales Minero, de 21 años de edad, fue capturado el pasado 5 de noviembre horas después de que presuntamente agredió sexualmente a una de sus clientas que pidió el servicio de UBER. 

El imputado aseguró que no conoce a la joven, pero que solo fue un encuentro sexual que se dio de mutuo acuerdo. «De repente se la tirás a una chera y pasa. Todavía me dio cigarros y me dijo ‘dejame aquí porque más adelante es peligroso, no te metás hasta ahí’. La dejo hasta su pasaje, me da cigarros para el camino y me dice `tranquilo, escríbime’. Yo no esperaba que esto me pasara», dijo el joven ante la prensa.

Según la acusación de la Fiscalía, la víctima habría pedido servicio de UBER hasta su casa, pero el joven se habría detenido a la orilla de la carretera para agredir a la clienta. El imputado asegura que sí se estacionaron a la orilla de la calle y fue cuando sostuvieron relaciones sexuales. 

La Fiscalía asegura que la mujer contactó a Morales Minero a través de la la plataforma Uber, luego de que la fuera a recoger aprovechó que eran aproximadamente las 5:30 de la mañana. El imputado sostiene que la mujer venía de una fiesta disfraces esa madrugada cuando ocurrieron los hechos. 

«Yo no la he violado, ni tampoco la agredí, simplemente fue una relación casual como pasa en el siglo XXI. Me han matado civilmente, ni siquiera se me preguntó nada», sostuvo. 

El imputado señaló que a raíz de lo ocurrido se ha afectado a su familia, a su hija y a su pareja actual, porque no han ocurrido los hechos como se han señalado. «Los dos estábamos de acuerdo con que pasaran las cosas. Yo en ningún momento la forcé. Se me acusa de algo que es mentira», sentenció. 

Durante su detención a Morales se le incautó un vehículo marca Toyota modelo Yaris color gris con placas P 335-616 así como tres celulares.

El detenido será acusado por el delito de violación sexual, el cual está previsto y sancionado según el artículo 158 del Código Penal.

Por: El Salvador Times.

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Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

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Judicial

Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.

La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.

La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.

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Judicial

Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones

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El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.

Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.

Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.

Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.

El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.

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