Judicial
Conductor de Uber acusado de agredir sexualmente a una clienta asegura que no fue una violación: «Fue una relación casual como pasa en el siglo XXI»
El conductor de UBER acusado de agredir sexualmente a una de sus clientas fue llevado esta mañana ante un juzgado de Paz, donde se defendió de las imputaciones y aseguró que no la violó, sino que se dio una «relación casual» de mutuo acuerdo.
«No fue una violación, fue una relación casual normal como pasa con una persona y yo todavía fui a dejar a la persona a su casa y luego yo seguí trabajando. Llegué a mi casa y llegó la Policía», aseguró el joven acusado.
José Edgardo Morales Minero, de 21 años de edad, fue capturado el pasado 5 de noviembre horas después de que presuntamente agredió sexualmente a una de sus clientas que pidió el servicio de UBER.
El imputado aseguró que no conoce a la joven, pero que solo fue un encuentro sexual que se dio de mutuo acuerdo. «De repente se la tirás a una chera y pasa. Todavía me dio cigarros y me dijo ‘dejame aquí porque más adelante es peligroso, no te metás hasta ahí’. La dejo hasta su pasaje, me da cigarros para el camino y me dice `tranquilo, escríbime’. Yo no esperaba que esto me pasara», dijo el joven ante la prensa.
Según la acusación de la Fiscalía, la víctima habría pedido servicio de UBER hasta su casa, pero el joven se habría detenido a la orilla de la carretera para agredir a la clienta. El imputado asegura que sí se estacionaron a la orilla de la calle y fue cuando sostuvieron relaciones sexuales.
La Fiscalía asegura que la mujer contactó a Morales Minero a través de la la plataforma Uber, luego de que la fuera a recoger aprovechó que eran aproximadamente las 5:30 de la mañana. El imputado sostiene que la mujer venía de una fiesta disfraces esa madrugada cuando ocurrieron los hechos.
«Yo no la he violado, ni tampoco la agredí, simplemente fue una relación casual como pasa en el siglo XXI. Me han matado civilmente, ni siquiera se me preguntó nada», sostuvo.
El imputado señaló que a raíz de lo ocurrido se ha afectado a su familia, a su hija y a su pareja actual, porque no han ocurrido los hechos como se han señalado. «Los dos estábamos de acuerdo con que pasaran las cosas. Yo en ningún momento la forcé. Se me acusa de algo que es mentira», sentenció.
Durante su detención a Morales se le incautó un vehículo marca Toyota modelo Yaris color gris con placas P 335-616 así como tres celulares.
El detenido será acusado por el delito de violación sexual, el cual está previsto y sancionado según el artículo 158 del Código Penal.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
