Judicial
Condena de 14 años para dos ancianos tras el abuso a una menor
La mañana de este miércoles, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de dos ancianos por la violación de una menor de edad.
Elementos de la FGR manifestaron que la condena fue de 14 años de cárcel para Rafael Antonio Rodríguez, de 72 años de edad; y tres años de prisión contra María N., de 57 años de edad; después de que un tribunal los encontrara culpables de los delitos de violación en menor e incapaz e inducción, promoción y favorecimiento en actos sexuales o eróticos; en un hecho ocurrido en el mes de agosto de 2016, en una casa ubicada en el municipio de San Julián, del departamento de Sonsonate.
Según el reporte, Rodríguez fue detenido por una orden administrativa el 28 de noviembre de 2017; y María N., quien es abuela de la menor, fue capturada por orden administrativa de fecha 29 de noviembre de 2017; enfrentando la Vista Pública en el Tribunal de Segundo de Sentencia de Sonsonate, el 30 de agosto de 2018.
Durante la Vista pública, la fiscal del caso presentó pruebas de tipo pericial, documental, incluyendo la declaración anticipada de la víctima, entre otras, evidencias que fuñeron valoradas por el Tribunal, para condenar a Rafael Antonio Rodríguez a 14 años de prisión y a María N. a tres años de cárcel, aunque estos le fueron sustituidos por trabajos de utilidad pública.
Autoridades de la Fiscalía sostuvieron que la investigación inició mediante aviso recibido por parte de personal del Hospital Nacional de Sonsonate “Doctor Jorge Mazzini Villacorta”, quienes manifestaron que la menor se presentó al hospital acompañada de la agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) narrando que su propia abuela la había vendido con un “señor para que este la violara” y por tal razón ella decidió huir de casa.
La joven víctima explicó que su mamá la dejó con la abuela paterna, y que al día siguiente la “abuela María habló con un señor diciéndole que tenía que salir con él”, a pesar de que ella no quería y si negó.
Sin embargo, que el hombre la agarró de la mano y la subió a un carro a la fuerza, llevándola a una casa, obligándola a entrar a un cuarto, donde la desvistió y la violó hasta hacerla sangrar. Luego de unas tres horas, Rodríguez le dio 10 dólares y la llevó de regreso donde la abuela, quien se hizo la “enojada”, como que no sabía nada, diciéndole “dame el dinero que te dio” y le quito los diez dólares.
Asimismo, trascendió que fue abusada sexualmente por otros siete sujetos a los que conoce por sus apodos.
Foto Referencia.
Por: El Blog.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
