Judicial
Colaboradores de pandilla reciben condena por sus delitos
Condenan a tres años de prisión a Eliseo Vásquez Torres, Ricardo Efraín Madrid García, Franklin Alberto Funes Galán y Elmer Monterrosa, perfilados miembros de grupos criminales por el delito de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública. La audiencia se realizó en el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador.
La representación de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la juzgadora que se le concediera a los ahora condenados un procedimiento abreviado que ya habían acordado con la defensa de los procesados.
Asimismo la Fiscalía solicitó un cambio de calificación de organizaciones terroristas al delito de agrupaciones ilícitas, además le pidió que la condena de tres años fuera sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública, a cambio de que los cuatro procesados declararan su participación en la pandilla.
El primero en declarar fue Vásquez, quien dijo que perteneció a la pandilla desde el 2014 al 2016, que su participación fue de “colaborar” y que solo le avisaba cuando llegaban los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) al cantón Socorro, municipio de Jicalapa, departamento de La Libertad.
Posteriormente, declaró Madrid, diciendo que él fue miembro de la pandilla desde el 2010 hasta el 2016, su rango dentro de la pandilla fue de “gatillero” y que su lugar de operación estaba en los alrededores del municipio de Chiltiupan, departamento de La Libertad.
Por su parte, Funes confesó que fue miembro de la pandilla desde el 2013 hasta el 2015, con un rango dentro de la pandilla de “chequeo” y que su participación dentro de la pandilla era “postear” y cobrar extorsiones en el cantón el Zonte, municipio de Chiltiupán.
También, declaró Monterrosa diciendo que el perteneció a la pandilla desde 2014 hasta el 2015, que él era “paro” y que su rol era de venderle drogas a los pandilleros del Chiltuipán.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
