Judicial
Colaboradores de pandilla reciben condena por sus delitos
Condenan a tres años de prisión a Eliseo Vásquez Torres, Ricardo Efraín Madrid García, Franklin Alberto Funes Galán y Elmer Monterrosa, perfilados miembros de grupos criminales por el delito de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública. La audiencia se realizó en el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador.
La representación de la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la juzgadora que se le concediera a los ahora condenados un procedimiento abreviado que ya habían acordado con la defensa de los procesados.
Asimismo la Fiscalía solicitó un cambio de calificación de organizaciones terroristas al delito de agrupaciones ilícitas, además le pidió que la condena de tres años fuera sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública, a cambio de que los cuatro procesados declararan su participación en la pandilla.
El primero en declarar fue Vásquez, quien dijo que perteneció a la pandilla desde el 2014 al 2016, que su participación fue de “colaborar” y que solo le avisaba cuando llegaban los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) al cantón Socorro, municipio de Jicalapa, departamento de La Libertad.
Posteriormente, declaró Madrid, diciendo que él fue miembro de la pandilla desde el 2010 hasta el 2016, su rango dentro de la pandilla fue de “gatillero” y que su lugar de operación estaba en los alrededores del municipio de Chiltiupan, departamento de La Libertad.
Por su parte, Funes confesó que fue miembro de la pandilla desde el 2013 hasta el 2015, con un rango dentro de la pandilla de “chequeo” y que su participación dentro de la pandilla era “postear” y cobrar extorsiones en el cantón el Zonte, municipio de Chiltiupán.
También, declaró Monterrosa diciendo que el perteneció a la pandilla desde 2014 hasta el 2015, que él era “paro” y que su rol era de venderle drogas a los pandilleros del Chiltuipán.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
