Judicial
Caso similar al de Magistrado Escalante, diferente dictamen: Hombre es condenado por tocar las partes íntimas de una niña de 10 años
Reynaldo Antonio M., fue condenado por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana.
El imputado deberá pasar ocho años en la cárcel y pagar $320 en concepto de responsabilidad civil a una niña de diez años a quien le tocó “sus partes íntimas” cuando ambos se encontraban en una calle del municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana.
El delito fue cometido, según un comunicado por Centros Judiciales, “cuando el imputado iba sobre la calle en aparente estado de ebriedad y abrazó a la fuerza a la menor de edad, tocándole sus partes íntimas”,
la fecha data del 27 de diciembre de 2018.
Esta condena acaparó la atención de la diputada, Karla Hernández, que comparó el caso con el fallo que la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, contra el magistrado Jaime Escalante, en el que se determina que los tocamientos que supuestamente hizo a una niña de 10 años en la colonia Altavista no constituyen delito sino una “falta” por la que si es hallado culpable solamente pagará una multa y no irá a prisión.
La diputada expresó en su cuenta oficial de Twitter “Tocó en los genitales a una menor. Fue en la calle, en el día. No estaba desnuda. Hubo testigos del hecho. NO ERA MAGISTRADO. CONDENA: 8 años de cárcel”.
El juicio contra Reynaldo Antonio M. ocurrió una semana antes de que la Cámara resolviera en el caso del Magistrado Escalante.
El clamor de la sociedad salvadoreña
A travéz de indagaciones serias y muy concretas que este medio ha realizado con distintas organizaciones sociales, que van desde la protección a menores y sus derechos, hasta organizaciones no gubernamentales que velan por la justicia igual en nuestros tribunales, coinciden en que se debe destituir de inmediato a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, Guillermo Arévalo Dominguez y Martín Rogel, por cometer prevaricato y no tutelar los derechos de una menor, que al final repercuten o transcienden en los derechos de la niñez salvadoreña.
También en redes sociales, el cataclismo generado por la indignación de miles de usuarios de todas las plataformas está tomando cada hora mayor fuerza y el mensaje es que se necesita justicia para la víctima y la destitución de todos los actores nefastos de este caso, sin duda algo que los magistrados jamás tuvieron en su pensar cuando hicieron semejante valoración y resolución de este caso contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante.
Esperamos una pronta respuesta y acción de la Honorable Corte Suprema de Justicia #TocarniñasSiesDelito
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
