Judicial
Capturan a 240 extorsionistas que, entren otras modalidades, exigían dinero a sus habitantes por el servicio de agua
El duro combate contra la criminalidad dejó la detención a escala territorial de 240 sujetos
miembros de estructuras delincuenciales por el delito de extorsión, en el período comprendido entre el 1 de enero al 27 de febrero de este año.
La mayoría de los arrestos son el resultado de extensos operativos guiados por la investigación que permitió a las autoridades correspondientes la emisión de órdenes administrativas o judiciales, golpeando de esa forma a los grupos delincuenciales que bajo amenazas exigían diversas cantidades de dinero a sus víctimas.
De este dato general, 39 de los arrestos ocurrieron en el término de la flagrancia, 133 con orden administrativa, 53 son judiciales y 15 menores localizados implicados en ese delito.
La modalidad empleada por estos grupos delictivos incluye algunas muy particulares como la utilizada por una estructura desarticulada en el proyecto Santa Teresa, de San Martín, cuyos integrantes exigían dinero a sus habitantes por el servicio de agua, destinando una parte de lo exigido a la pandilla.
También figura el caso de la estructura liderada por la señora Rosa Marta Díaz, quien ostentaba el cargo de presidenta de la directiva del centro urbano San Bartolo, en Ilopango, San Salvador, y fue detenida por la policía junto a otros extorsionistas.
Ella era la encargada del cobro de $10.00 por el parqueo de vehículos y cuyo dinero era recolectado por pandilleros.
Este jueves 27 de febrero, en el departamento de La Paz, se detuvo a 16 extorsionistas, dos de los cuales fueron sorprendidos en los momentos en que recogían un paquete de dinero producto del ilícito, a quienes, además, les decomisaron un vehículo que utilizaban para cometer el crimen.
La policía mantiene su firme determinación de continuar con la ejecución del Plan Control Territorial, a escala nacional, para brindar seguridad y acompañamiento a la ciudadanía.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
