Judicial
Capturan a 240 extorsionistas que, entren otras modalidades, exigían dinero a sus habitantes por el servicio de agua
El duro combate contra la criminalidad dejó la detención a escala territorial de 240 sujetos
miembros de estructuras delincuenciales por el delito de extorsión, en el período comprendido entre el 1 de enero al 27 de febrero de este año.
La mayoría de los arrestos son el resultado de extensos operativos guiados por la investigación que permitió a las autoridades correspondientes la emisión de órdenes administrativas o judiciales, golpeando de esa forma a los grupos delincuenciales que bajo amenazas exigían diversas cantidades de dinero a sus víctimas.
De este dato general, 39 de los arrestos ocurrieron en el término de la flagrancia, 133 con orden administrativa, 53 son judiciales y 15 menores localizados implicados en ese delito.
La modalidad empleada por estos grupos delictivos incluye algunas muy particulares como la utilizada por una estructura desarticulada en el proyecto Santa Teresa, de San Martín, cuyos integrantes exigían dinero a sus habitantes por el servicio de agua, destinando una parte de lo exigido a la pandilla.
También figura el caso de la estructura liderada por la señora Rosa Marta Díaz, quien ostentaba el cargo de presidenta de la directiva del centro urbano San Bartolo, en Ilopango, San Salvador, y fue detenida por la policía junto a otros extorsionistas.
Ella era la encargada del cobro de $10.00 por el parqueo de vehículos y cuyo dinero era recolectado por pandilleros.
Este jueves 27 de febrero, en el departamento de La Paz, se detuvo a 16 extorsionistas, dos de los cuales fueron sorprendidos en los momentos en que recogían un paquete de dinero producto del ilícito, a quienes, además, les decomisaron un vehículo que utilizaban para cometer el crimen.
La policía mantiene su firme determinación de continuar con la ejecución del Plan Control Territorial, a escala nacional, para brindar seguridad y acompañamiento a la ciudadanía.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, en el 2023.
«Este sujeto aprovechó que la menor estaba jugando con otras niñas y tenía la puerta de su casa abierta, cuando la víctima estuvo un momento a solas Pérez ingresó a la casa y la violó», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, al siguiente día ingreso nuevamente a la vivienda de la niña y abusó de ella, la amenazó y la golpeó en la cara para que no contara lo sucedido.
La fiscalía detalló que por estos hechos fue sentenciado a 20 años de prisión, la cual fue impuesta por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
