Judicial
Capturan a 240 extorsionistas que, entren otras modalidades, exigían dinero a sus habitantes por el servicio de agua
El duro combate contra la criminalidad dejó la detención a escala territorial de 240 sujetos
miembros de estructuras delincuenciales por el delito de extorsión, en el período comprendido entre el 1 de enero al 27 de febrero de este año.
La mayoría de los arrestos son el resultado de extensos operativos guiados por la investigación que permitió a las autoridades correspondientes la emisión de órdenes administrativas o judiciales, golpeando de esa forma a los grupos delincuenciales que bajo amenazas exigían diversas cantidades de dinero a sus víctimas.
De este dato general, 39 de los arrestos ocurrieron en el término de la flagrancia, 133 con orden administrativa, 53 son judiciales y 15 menores localizados implicados en ese delito.
La modalidad empleada por estos grupos delictivos incluye algunas muy particulares como la utilizada por una estructura desarticulada en el proyecto Santa Teresa, de San Martín, cuyos integrantes exigían dinero a sus habitantes por el servicio de agua, destinando una parte de lo exigido a la pandilla.
También figura el caso de la estructura liderada por la señora Rosa Marta Díaz, quien ostentaba el cargo de presidenta de la directiva del centro urbano San Bartolo, en Ilopango, San Salvador, y fue detenida por la policía junto a otros extorsionistas.
Ella era la encargada del cobro de $10.00 por el parqueo de vehículos y cuyo dinero era recolectado por pandilleros.
Este jueves 27 de febrero, en el departamento de La Paz, se detuvo a 16 extorsionistas, dos de los cuales fueron sorprendidos en los momentos en que recogían un paquete de dinero producto del ilícito, a quienes, además, les decomisaron un vehículo que utilizaban para cometer el crimen.
La policía mantiene su firme determinación de continuar con la ejecución del Plan Control Territorial, a escala nacional, para brindar seguridad y acompañamiento a la ciudadanía.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
