Judicial
Cadáver de un hombre aparece misteriosamente en la cama de su cuarto, tras haber sido vapuleado por seis pandilleros
Semidesnudo y con varios golpes graves en su cuerpo, así fue como misterioramente apareció en la cama de su cuarto el cadáver de un hombre que fue privado de libertad por seis supuestos pandilleros en la colonia Guadalupe de Ciudad Delgado. Su esposa señaló que “había muerto de forma natural”.
El expediente judicial señaló que Melvin Adonay Barillas murió en circunstancias extrañas, que hasta el momento nadie ha podido aclarar. La última vez que lo vieron con vida fue en horas de la tarde del 6 de marzo de 2018 cuando caminaba por una calle solitaria rumbo a su casa y fue intervenido por seis pandilleros.
Barillas regresaba de visitar a unos familiares en una colonia cercana a la suya; iba caminando despacio y para impedir que escapara los delincuentes lo rodearon y comenzaron a golpearlo hasta dejarlo casi inconsciente.
Los agresores llevaron a la víctima por el camino a un río de la zona y a las pocas horas de la paliza, su cuerpo apareció sin vida sobre su cama y rodeado de sábanas sin ninguna explicación.
Las débiles defensas de la casa de lámina en las que vivía el imputado habrían permitido que los asesinos lo llevaran hasta su cama para enredar más las investigaciones del caso.
La compañera de vida de la víctima dio aviso a las autoridades y según el reporte de los forenses Barillas tenía de tres a cinco horas de muerto, la posible causa de muerte eran los golpes que presentaba en sus brazos, tórax, abdomen y espalda.
Los investigadores del caso comenzaron a recabar más detalles para dar con los responsables y cuando cuestionaron a su compañera de vida esta dijo que cuando lo observó con detalle él ya no reaccionaba por lo que supuso que ya estaba muerto.
El relato de uno de los testigos del hecho permitió la captura de Alexander T., de 27, alias “Satán”; Óscar P., de 34, Kevin V., de 18; José R., Jonathan D. y Cristian Q., todos de 21 años.
El 15 de enero de 2019, el Juzgado de Instrucción de Soyapango, celebró la audiencia preliminar del caso en la que Óscar se definió como “una persona de bien y trabajadora que nunca le hizo daño al señor Melvin; al contrario le ayudé cuando llegó todo lastimado”.
En su declaración aclaró que no se explicaba por qué Melvin estaba todo lesionado y que al parecer minutos antes de que fuera atacado la víctima había consumido algún tipo de droga y alcohol.
“Lo ayudé y lo bajé hasta la casa”, recordó el imputado quien insistió en su inocencia, pero pese a su relato la jueza decidió que iba a enfrentar la etapa de sentencia junto al resto de hombres señalados por el delito de privación de libertad.
Se espera que a finales de marzo, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador celebre el juicio por este caso que tiene más preguntas que respuestas.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
