Judicial
Cabecilla de la pandilla 18 es condenado a 131 años de cárcel por crímenes cometidos en Mejicanos
La Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la oficina fiscal de Mejicanos logró una condena de 131 años de prisión contra un cabecilla de la pandilla 18. Otros 11 pandilleros fueron encontrados culpables por los delitos de Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y condenados a penas que oscilan entre los 3 y los 62 años de prisión .
El detalle de las condenas es la siguiente: Diego Antonio Chavarría Hernández, encargado de la toda la zona de los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque, tribu Columbia Lyro Sayco de la Pandilla 18, fue condenado a 131 años de prisión por los delitos de Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio.
Jefry Vladimir Hernández Marroquín, alias Fito, palabrero de la Pandilla (Líder local), fue sentenciado a 62 años de cárcel por Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio.
Carlos Armando Aquino, alias Nini, palabrero de la Pandilla, fue encontrado culpable y condenado a 22 años de cárcel por el delito de Homicidio Agravado.
Ricardo Antonio Argueta, alias Zancudo, y Nelson Ulises Guzmán, alias Pato, fueron condenados a 19 años de cárcel por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio.
Ever Jonathan García, alias Roque, Vilma del Carmen Fuentes Sánchez, Gerson Moisés Sandoval Cortez, alias Chuky, fueron sentenciados a 5 años de prisión cada uno, por el delito de Agrupaciones Ilícitas.
Edicardo Salvador Galán, Arnoldo Soriano Iraheta, Rafael Ernesto Callejas y José Santiago fueron condenados a tres años de cárcel por el Agrupaciones Ilícitas.
Según las investigaciones, todos los implicados opera en los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque, al norponiente de la capital, quienes habrían cometido los ilícitos en mención desde el año 2016 al 2019 en diferentes colonias de dichos municipios.
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador validó toda la investigación fiscal basada en prueba científica, la que demostró que los imputados pertenecían a una estructura criminal bien organizada y operaban con cadenas de mando y funciones específicas para cada miembro.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
