Judicial
Cabecilla de la pandilla 18 es condenado a 131 años de cárcel por crímenes cometidos en Mejicanos
La Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la oficina fiscal de Mejicanos logró una condena de 131 años de prisión contra un cabecilla de la pandilla 18. Otros 11 pandilleros fueron encontrados culpables por los delitos de Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y condenados a penas que oscilan entre los 3 y los 62 años de prisión .
El detalle de las condenas es la siguiente: Diego Antonio Chavarría Hernández, encargado de la toda la zona de los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque, tribu Columbia Lyro Sayco de la Pandilla 18, fue condenado a 131 años de prisión por los delitos de Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio.
Jefry Vladimir Hernández Marroquín, alias Fito, palabrero de la Pandilla (Líder local), fue sentenciado a 62 años de cárcel por Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio.
Carlos Armando Aquino, alias Nini, palabrero de la Pandilla, fue encontrado culpable y condenado a 22 años de cárcel por el delito de Homicidio Agravado.
Ricardo Antonio Argueta, alias Zancudo, y Nelson Ulises Guzmán, alias Pato, fueron condenados a 19 años de cárcel por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio.
Ever Jonathan García, alias Roque, Vilma del Carmen Fuentes Sánchez, Gerson Moisés Sandoval Cortez, alias Chuky, fueron sentenciados a 5 años de prisión cada uno, por el delito de Agrupaciones Ilícitas.
Edicardo Salvador Galán, Arnoldo Soriano Iraheta, Rafael Ernesto Callejas y José Santiago fueron condenados a tres años de cárcel por el Agrupaciones Ilícitas.
Según las investigaciones, todos los implicados opera en los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque, al norponiente de la capital, quienes habrían cometido los ilícitos en mención desde el año 2016 al 2019 en diferentes colonias de dichos municipios.
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador validó toda la investigación fiscal basada en prueba científica, la que demostró que los imputados pertenecían a una estructura criminal bien organizada y operaban con cadenas de mando y funciones específicas para cada miembro.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
