Judicial
Arrestan a padre e hijo pandilleros en Huizúcar acusados del homicidio de dos hermanos
La policía capturó este martes a dos pandilleros, en un sector rural de Huizúcar, La Libertad, acusados del crimen contra dos hermanos, caso ocurrido la madrugada del pasado 9 de enero en esa comprensión.
Los acusados son Adonis Neftalí Jerónimo Gómez, de 19 años, alias «Zombi», y Lorenzo Jerónimo Cornejo, de 44 años, alias «Bejuco», padre e hijo pandilleros que delinquían en el lugar donde fueron capturados en el cantón Tilapa.
El comisionado Alexander Ramírez Medrano, jefe policial de ese departamento, afirmó que ambos sujetos son los responsables materiales del doble crimen en perjuicio de Carlos Roberto y Josué Javier, ambos de apellidos Bonilla Fuentes.
Según las investigaciones de la policía, en la fecha antes señalada, los hermanos, quienes eran comerciantes en el Mercado Central de San Salvador, se dirigían a sus labores cuando fueron agredidos por los imputados con armas de fuego y blancas por considerarlos informantes de pandillas.
El jefe policial explicó que Lorenzo Jerónimo tiene una condena por 20 años por el delito de extorsión agravada en modalidad continuada, ya que en el año 2017, junto a otros sujetos, fue llevado a los tribunales pero el juzgado lo exoneró de los cargos.
Pero la Fiscalía apeló el caso y la Cámara Cuarta de Sección del centro de Santa Tecla revocó la sentencia absolutoria dictada a favor de los imputados.
El comisionado Ramírez agregó que este sujeto había estado evadiendo la justicia, porque ya está condenado, y se le leerá la orden de detención por el delito de extorsión.
Para el arresto se contó con el apoyo de otras unidades especializadas, que incluyó registros con prevención de allanamiento de 4 lugares, entre ellos las viviendas de los detenidos.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
