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Judicial

Anulan proceso de extinción de dominio en 12 propiedades y dos cuentas bancarias de Reynaldo Cardoza

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio anuló este viernes el proceso de sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, en la que se le había aplicado extinción de dominio al diputado de PCN, Reynaldo Cardoza, referente a 12 inmuebles de su propiedad y de su esposa, además de la cantidad de $134 mil 655.07 dólares que estaba depositados en dos cuentas bancarias.

Fue en audiencia especial celebrada este día, en el proceso en contra de Cardoza, quien en realidad se llama Reynaldo Antonio López Cardoza y en contra de su esposa Alma de López.   

El referido Juzgado anuló el proceso por sentencia, con referencia, en la que dicta que prevalece la acción de enriquecimiento ilícito sobre la acción de extinción de dominio, cuando los bienes deriven del cargo público y que no puede haber coincidencia de bienes, por lo tanto, al revisar el proceso, se encuentra que, el 90 por ciento de los bienes promovidos en la solicitud de extinción de dominio son coincidentes con el de enriquecimiento ilícito, debido a esto, la competencia la tiene la Cámara de lo Civil y no el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.


La audiencia probatoria de este caso fue realizada en abril de 2018, posterior a esta se dio la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en consecuencia la interposición de diversos recursos ante la misma, por dicha razón no se había celebrado la audiencia de sentencia, la cual ya no se llevará a cabo por la anulación procesal. Según se informó, dicha decisión puede ser apelada. 

Por esta razón la jueza del caso manifestó que se garantice las razones de estricta legalidad, seguridad jurídica, justicia y debido proceso. Un nuevo proceso queda en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que ha sido la promotora, tanto de la acción de enriquecimiento ilícito como de la acción de extinción de dominio de forma simultánea. 

En noviembre del año pasado, la Cámara Primera de lo Penal rechazó una apelación de la defensa del diputado, que buscaba frenar el proceso judicial. Su abogado defensor es Edgardo Acosta Oertel.

La FGR buscaba probar que el diputado adquirió esas propiedades y el dinero con actividades ilícitas, pero la defensa, en cambio, dijo que lo hizo con ingresos como comerciante, la aceptación de una herencia y su salario como diputado.

Por: El Salvador Times.

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Judicial

Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

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Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año

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Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).

Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.

Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.

En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.

Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.

Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.

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