Judicial
Anulan proceso de extinción de dominio en 12 propiedades y dos cuentas bancarias de Reynaldo Cardoza
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio anuló este viernes el proceso de sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, en la que se le había aplicado extinción de dominio al diputado de PCN, Reynaldo Cardoza, referente a 12 inmuebles de su propiedad y de su esposa, además de la cantidad de $134 mil 655.07 dólares que estaba depositados en dos cuentas bancarias.
Fue en audiencia especial celebrada este día, en el proceso en contra de Cardoza, quien en realidad se llama Reynaldo Antonio López Cardoza y en contra de su esposa Alma de López.
El referido Juzgado anuló el proceso por sentencia, con referencia, en la que dicta que prevalece la acción de enriquecimiento ilícito sobre la acción de extinción de dominio, cuando los bienes deriven del cargo público y que no puede haber coincidencia de bienes, por lo tanto, al revisar el proceso, se encuentra que, el 90 por ciento de los bienes promovidos en la solicitud de extinción de dominio son coincidentes con el de enriquecimiento ilícito, debido a esto, la competencia la tiene la Cámara de lo Civil y no el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.
La audiencia probatoria de este caso fue realizada en abril de 2018, posterior a esta se dio la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en consecuencia la interposición de diversos recursos ante la misma, por dicha razón no se había celebrado la audiencia de sentencia, la cual ya no se llevará a cabo por la anulación procesal. Según se informó, dicha decisión puede ser apelada.
Por esta razón la jueza del caso manifestó que se garantice las razones de estricta legalidad, seguridad jurídica, justicia y debido proceso. Un nuevo proceso queda en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que ha sido la promotora, tanto de la acción de enriquecimiento ilícito como de la acción de extinción de dominio de forma simultánea.
En noviembre del año pasado, la Cámara Primera de lo Penal rechazó una apelación de la defensa del diputado, que buscaba frenar el proceso judicial. Su abogado defensor es Edgardo Acosta Oertel.
La FGR buscaba probar que el diputado adquirió esas propiedades y el dinero con actividades ilícitas, pero la defensa, en cambio, dijo que lo hizo con ingresos como comerciante, la aceptación de una herencia y su salario como diputado.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
