Judicial
Anulan proceso de extinción de dominio en 12 propiedades y dos cuentas bancarias de Reynaldo Cardoza

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio anuló este viernes el proceso de sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, en la que se le había aplicado extinción de dominio al diputado de PCN, Reynaldo Cardoza, referente a 12 inmuebles de su propiedad y de su esposa, además de la cantidad de $134 mil 655.07 dólares que estaba depositados en dos cuentas bancarias.
Fue en audiencia especial celebrada este día, en el proceso en contra de Cardoza, quien en realidad se llama Reynaldo Antonio López Cardoza y en contra de su esposa Alma de López.
El referido Juzgado anuló el proceso por sentencia, con referencia, en la que dicta que prevalece la acción de enriquecimiento ilícito sobre la acción de extinción de dominio, cuando los bienes deriven del cargo público y que no puede haber coincidencia de bienes, por lo tanto, al revisar el proceso, se encuentra que, el 90 por ciento de los bienes promovidos en la solicitud de extinción de dominio son coincidentes con el de enriquecimiento ilícito, debido a esto, la competencia la tiene la Cámara de lo Civil y no el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio.
La audiencia probatoria de este caso fue realizada en abril de 2018, posterior a esta se dio la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en consecuencia la interposición de diversos recursos ante la misma, por dicha razón no se había celebrado la audiencia de sentencia, la cual ya no se llevará a cabo por la anulación procesal. Según se informó, dicha decisión puede ser apelada.
Por esta razón la jueza del caso manifestó que se garantice las razones de estricta legalidad, seguridad jurídica, justicia y debido proceso. Un nuevo proceso queda en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que ha sido la promotora, tanto de la acción de enriquecimiento ilícito como de la acción de extinción de dominio de forma simultánea.
En noviembre del año pasado, la Cámara Primera de lo Penal rechazó una apelación de la defensa del diputado, que buscaba frenar el proceso judicial. Su abogado defensor es Edgardo Acosta Oertel.
La FGR buscaba probar que el diputado adquirió esas propiedades y el dinero con actividades ilícitas, pero la defensa, en cambio, dijo que lo hizo con ingresos como comerciante, la aceptación de una herencia y su salario como diputado.
Por: El Salvador Times.
Judicial
20 años de cárcel para sujeto que abusó de una menor de edad

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, en el 2023.
«Este sujeto aprovechó que la menor estaba jugando con otras niñas y tenía la puerta de su casa abierta, cuando la víctima estuvo un momento a solas Pérez ingresó a la casa y la violó», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con las autoridades, al siguiente día ingreso nuevamente a la vivienda de la niña y abusó de ella, la amenazó y la golpeó en la cara para que no contara lo sucedido.
La fiscalía detalló que por estos hechos fue sentenciado a 20 años de prisión, la cual fue impuesta por el Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador.
Judicial
Condenan a 10 años de prisión a hombre que portaba arma ilegal en estado de ebriedad

Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
Judicial
FGR acusa a dos hombres por traficar más de 100 kilos de cocaína en costas salvadoreñas

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.