Judicial
Agresor sexual fue condenado a más de 45 años de prisión en Santa Ana
Miguel Ángel Recinos Lorenzana, fue sentenciado a 45 años cuatro meses de prisión más el pago de $960.00 en concepto de responsabilidad civil por agresión sexual en menor e incapaz agravada y violación en menor e incapaz agravada, ambos en modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el municipio y departamento de Santa Ana en perjuicio de dos adolescentes de 14 y 16 años.
En la vista pública desarrollada el 8 de marzo de 2021 en el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana, Miguel Ángel Recinos Lorenzana fue declarado culpable después que el tribunal lo encontrara responsable de los diferentes delitos que se le imputaron en perjuicio de las dos víctimas, quienes gozan de régimen de protección, y de acuerdo a las pruebas de tipo testimonial, documental y pericial presentadas por el fiscal del caso.
Según el informe Fiscal, los hechos se desarrollaron cuando la primera víctima tenía 9 años de edad, cuando el imputado aprovechándose de la cernía con la familia comenzó a agredir sexualmente a la menor hasta que ella cumplió 15 años y posteriormente abusó sexualmente de ella en dos ocasiones.
Mientras que a la segunda víctima comenzó a agredirla sexualmente desde que tenía 11 hasta los 14 años de edad.
Luego de concluida la audiencia de vista pública, el juzgador encontró responsable penalmente a Recinos Lorenzana, imponiéndole una pena 16 años de prisión por cada víctima, por el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravado; mientras que por el delito calificado como Violación Agravada continuada fue condenado a 13 años cuatro meses, haciendo un total de 45 años cuatro meses de cárcel.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
