Judicial
Abogados de Enrique Rais denuncian que se está planeando nueva acusación en contra de su defendido
El doctor José David Campos Ventura, apoderado legal del empresario Enrique Rais aseguró que se está orquestando una nueva acusación en contra de su defendido.
Lo anterior se base en una “solicitud de pronto despacho” que le fue enviado a la titular de la Procuradoría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero, en la que se menciona que el fiscal adjunto Aquiles Parada, le confirma su sospecha que existe una nueva acusación en contra de Enrique Rais.
Según el jurista, en el documento con fecha 9 de abril del presente año firmado por el Fiscal Adjunto, Aquiles Parada que reza “por este medio remito a usted, en origina la resolución de las quince horas del martes tres de abril del presente años, a efecto que la misma sea notificada al licenciado José David Campos Ventura, quien además en el escrito señala que han transcurrido ya tres meses desde que se le solicito al jefe de la Unidad Especializada del Crimen Organizado, la reconsideración sobre su decisión de no permitir acceso a la carpeta fiscal de investigación tramitada por esa unidad bajo la referida “70-UCCO-2017”.
Campos Ventura hace ver en su petición a la procuradora Caballero que no existiendo garantías del derecho de legítima defensa de su patrocinado es de “urgencia el pronunciamiento de la PDDH, para evitar una imputación judicial de causa penal sin las garantías en el proceso”.
Campos Ventura solicita se emita de parte de la Raquel Guevara Caballero una serie de medidas cautelares encaminadas a recomendar al ministerio público, para que de cumplimiento al debido proceso configurado en la Constitución de la República tratos y convenios sobre los derechos humanos. , el código procesal penal y cualquier disposición legal aplicable en materia de derecho penal por medio de su persona porque está siendo investigado y cualquier otro expediente que contenga diligencias iniciales de investigación señala otra parte del escrito.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
