Judicial
A juicio irán 48 sujetos acusados de extorsión, pertenecer a pandillas y otros delitos
Entre los casos señalados está la privación de libertad a un repartidos de comida rápida en Soyapango.
Desde abril hasta noviembre de 2020, mediante la utilización de técnicas especiales, se investigó a 59 miembros de diferentes clicas de la estructura criminal MS-13 que delinquían en los departamentos de La Paz, San Vicente, La Libertad y San Salvador.
Son 22 casos por diversos delitos, uno de ellos por desaparición forzada, que fue el de un repartidor de comida rápida, el 12 de abril de 2020, cuando repartía hamburguesas en Sierra Morena, en Soyapango, fue privado de libertad por pandilleros pertenecientes a dos clicas de dicha estructura.
Entre los casos de extorsión, las víctimas eran comerciantes a quienes les exigían diferentes cantidades de dinero, a una de ellas le pidieron $1,200.00 o un arma de fuego.
Este día, el Juzgado Especializado de Instrucción A-1 de San Salvador ordenó apertura a juicio contra 48 imputados, acusados de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, desaparición de personas, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y homicidio agravado. Los imputados continuarán en detención provisional.
De los 59 acusados está pendiente por resolver la situación jurídica de 5 reos que tienen calidad de ausentes; 52 han sido enviados a juicio y a 2 se ha sobreseído provisionalmente.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
