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Judicial

INSÓLITO: Peligroso ladrón de San Salvador vuelve a las calles sin brazalete electrónico

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El Juzgado 4° de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Hugo Bladimir Ramírez Clímaco, de 34 años de edad, acusado de robo agravado y resistencia en perjuicio de Diana A. y la administración pública. Mientras que a Glenda Contreras, de 39 años,   la jueza ordenó pasar al 4° de Instrucción con medidas sustitutivas.

De acuerdo con la acusación, el 5 de febrero, agentes policiales se hicieron presentes al distrito número 6 de ésta capital, debido a que les informaron que agentes del CAM se encontraban con una víctima de robo y ésta manifestó que cuando se conducía en el transporte colectivo de la Ruta 41 D, tres sujetos le habían robado su celular y a varias personas.

Además, la víctima les dijo que su celular contaban con un sistema de ubicación y que según ese dispositivo lo ubicaba en el “Bar As de Oro”, situado en la 4ª Avenida Norte, entre 5ª y 3ª Calle Poniente, de esta ciudad.

Al llegar al lugar, la víctima identificó a Ramírez como uno de los participantes en el hecho quien salió del lugar acompañado de Glenda, el sujeto manifestó que era su esposa. Cuando una agente iba a registrar a Glenda, el imputado la amenazó y comenzó a insultarla con palabras soeces. A la mujer le encontraron un celular con las mismas características del celular de la víctima. Por tales motivos fueron detenidos a las 4:40 de la tarde de ese día.

En este proceso el juzgado había autorizado la colocación de un dispositivo electrónico al reo Ramírez, por lo que envió un oficio al Ministerio de Justicia y Seguridad para que realizaran el estudio de la viabilidad.

Sin embargo el Ministerio no envió la respuesta sobre la factibilidad de aplicación del dispositivo al reo, por lo que el juzgado revocó dicha medida con base al Artículo 13 de la Constitución, el cual plantea los plazos improrrogables en cuanto a la detención; es decir que si se esperaba el estudio, el juzgado iba a incurrir en una inconstitucionalidad al violarle los derechos al procesado.

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Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

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Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.

La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.

La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.

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Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones

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El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.

Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.

Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.

Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.

El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.

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