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Gobierno redujo los homicidios en 80 % respecto a más altos registros de gestiones del FMLN
Desde junio de 2019 las exitosas estrategias de seguridad del gobierno continúan reduciendo los altos y escandalosos registros de homicidios que El Salvador mantuvo por décadas, caso contrario a lo que protagonizaron las administraciones anteriores. Las estadísticas detallan que las muertes a causa de la violencia se han reducido en más del 80% comparado con los registros reportados en 2013 o en 2015, durante los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.
El último año, El Salvador pasó a ser el país con la tasa más baja de homicidios en Centroamérica [7.8] y esto lo llevó a convertirse en uno de los países más seguros de Latinoamérica, así lo ha argumentado el gabinete de Seguridad con estadísticas. El actual Gobierno ha logrado cifras históricas y no solo en homicidios.
El año pasado, el país cerró con 495 homicidios, una cifra nunca registrada, y el 2022 se convirtió en el año más seguro de la historia de El Salvador. El promedio diario de homicidios fue de 1.4 y la tasa anual se redujo a 7.8 por cada 100,000 habitantes. Además, se registraron 169 días con cero crímenes contra la vida.
De igual forma, el actual gobierno logró que el 2021 finalizara con 15% menos de crímenes reportados que en 2020 que cerró con 1,341. En años anteriores durante el cierre del año, los homicidios anuales no bajaban de 3,000 casos, como en las dos administraciones del FMLN, la llegada del partido izquierdista al poder, primero con Mauricio Funes y después, en 2014, con Salvador Sánchez Cerén, provocó la cifra más alta de homicidios hasta la fecha. El 2014 finalizó con 3,921 homicidios, 2015 con 6,656; 2016: 5,728 homicidios, mientras que 2017 con 3,962 y 3,346 crímenes contra la vida hubo en 2018.
En los últimos 20 años, El Salvador registró una ola de muertes similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Según la tendencia, el 2015 fue el año más violento en la historia del país, ya que se cometieron más de 6,600 homicidios. La tasa de este delito alcanzó la cifra récord de 105 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, de las mayores a escala mundial en ese año.
Sin embargo, desde junio de 2019 cuando se implementó la estrategia de seguridad de esta administración conocida como Plan Control Territorial, la disminución de la criminalidad fue visible a través de las bajas cifras de homicidios, extorsión y otros tipos de delitos.
Desde el primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron: junio del 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes, cuando aún gobernaba Sánchez Cerén. Los homicidios disminuyeron a un promedio de 5 diarios y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida.
La reducción de violencia homicida en El Salvador también se ha visto reflejada en que, en cientos de días, en los últimos tres años y medio, no ha habido muertes a causa de la violencia. Desde junio del 2019 a la fecha, el país suma 279 días con 0 muertes [al jueves 12 de enero], de este total 169 solo en el 2022, según Seguridad.
Las efectivas estrategias de seguridad ejecutadas han permitido alcanzar semanas completas sin homicidios. Por ejemplo, entre mayo y diciembre de 2022, las autoridades alcanzaron ocho períodos con al menos siete días consecutivos sin asesinatos en todo el país.
La primera semana completa sin homicidios fue reportada entre el 14 y el 20 de mayo; en julio se registraron ocho días consecutivos (del 16 al 23); el período más largo de días consecutivos sin muertes a causa de la violencia (10 días) fue logrado entre el 10 y el 19 de agosto.
Otros siete días fueron reportados entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre; entre el 7 y el 13 de septiembre se alcanzaron siete días consecutivos más con cero homicidios; del 18 al 25 de octubre se registraron ocho días consecutivos; entre el 6 y el 12 de noviembre hubo otra semana completa sin muertes a causa de la violencia, mientras que el último período con siete días consecutivos sin asesinatos fue logrado entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
El clima de impunidad que había hace unos años en El Salvador quedó en el olvido y es otra de las transformaciones que han logrado las autoridades a través de diversas acciones, entre ellas, capturas de pandilleros, reforzamiento de las fuerzas de seguridad y reformas legales.
«Venimos de una sociedad donde la impunidad parecía ser la reina madre en la actividad de justicia, no había justicia sólo en casos selectivos. No vamos a tolerar crímenes violentos, crímenes sexuales, el Estado tiene que hacer justicia para que los salvadoreños podamos vivir en este El Salvador que nos merecemos», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario ha dicho que cuando iniciaron gestión «recibimos una impunidad de homicidios del 97%, es decir, que solo se hacía justicia en 3 de cada 100 casos. En la actualidad ronda el 20 %».
En el pasado, también hubo leyes permisibles para que los delincuentes quedaran libres. Sin embargo, el actual Gobierno ha ejecutado varias reformas al Código Penal así como a Ley Especial Contra el Crimen Organizado, la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones para evitar la corrupción.
Estos logros son atribuidos por las autoridades a la implementación del Plan Control Territorial, medida insignia del presidente Bukele, y al régimen de excepción, periodo que ha funcionado para sacar de las calles a más de 61,500 pandilleros a nivel nacional. «Por años estuvimos sometidos a una cultura de muerte y nunca nadie hizo nada. Hoy, desde un Estado de Derecho con las herramientas que nos brinda el régimen de excepción estamos librando una guerra contra pandillas, limpiando nuestro país de ese cáncer de la sociedad», ha dicho Villatoro.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
