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Gobierno redujo los homicidios en 80 % respecto a más altos registros de gestiones del FMLN
Desde junio de 2019 las exitosas estrategias de seguridad del gobierno continúan reduciendo los altos y escandalosos registros de homicidios que El Salvador mantuvo por décadas, caso contrario a lo que protagonizaron las administraciones anteriores. Las estadísticas detallan que las muertes a causa de la violencia se han reducido en más del 80% comparado con los registros reportados en 2013 o en 2015, durante los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.
El último año, El Salvador pasó a ser el país con la tasa más baja de homicidios en Centroamérica [7.8] y esto lo llevó a convertirse en uno de los países más seguros de Latinoamérica, así lo ha argumentado el gabinete de Seguridad con estadísticas. El actual Gobierno ha logrado cifras históricas y no solo en homicidios.
El año pasado, el país cerró con 495 homicidios, una cifra nunca registrada, y el 2022 se convirtió en el año más seguro de la historia de El Salvador. El promedio diario de homicidios fue de 1.4 y la tasa anual se redujo a 7.8 por cada 100,000 habitantes. Además, se registraron 169 días con cero crímenes contra la vida.
De igual forma, el actual gobierno logró que el 2021 finalizara con 15% menos de crímenes reportados que en 2020 que cerró con 1,341. En años anteriores durante el cierre del año, los homicidios anuales no bajaban de 3,000 casos, como en las dos administraciones del FMLN, la llegada del partido izquierdista al poder, primero con Mauricio Funes y después, en 2014, con Salvador Sánchez Cerén, provocó la cifra más alta de homicidios hasta la fecha. El 2014 finalizó con 3,921 homicidios, 2015 con 6,656; 2016: 5,728 homicidios, mientras que 2017 con 3,962 y 3,346 crímenes contra la vida hubo en 2018.
En los últimos 20 años, El Salvador registró una ola de muertes similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Según la tendencia, el 2015 fue el año más violento en la historia del país, ya que se cometieron más de 6,600 homicidios. La tasa de este delito alcanzó la cifra récord de 105 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, de las mayores a escala mundial en ese año.
Sin embargo, desde junio de 2019 cuando se implementó la estrategia de seguridad de esta administración conocida como Plan Control Territorial, la disminución de la criminalidad fue visible a través de las bajas cifras de homicidios, extorsión y otros tipos de delitos.
Desde el primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron: junio del 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes, cuando aún gobernaba Sánchez Cerén. Los homicidios disminuyeron a un promedio de 5 diarios y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida.
La reducción de violencia homicida en El Salvador también se ha visto reflejada en que, en cientos de días, en los últimos tres años y medio, no ha habido muertes a causa de la violencia. Desde junio del 2019 a la fecha, el país suma 279 días con 0 muertes [al jueves 12 de enero], de este total 169 solo en el 2022, según Seguridad.
Las efectivas estrategias de seguridad ejecutadas han permitido alcanzar semanas completas sin homicidios. Por ejemplo, entre mayo y diciembre de 2022, las autoridades alcanzaron ocho períodos con al menos siete días consecutivos sin asesinatos en todo el país.
La primera semana completa sin homicidios fue reportada entre el 14 y el 20 de mayo; en julio se registraron ocho días consecutivos (del 16 al 23); el período más largo de días consecutivos sin muertes a causa de la violencia (10 días) fue logrado entre el 10 y el 19 de agosto.
Otros siete días fueron reportados entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre; entre el 7 y el 13 de septiembre se alcanzaron siete días consecutivos más con cero homicidios; del 18 al 25 de octubre se registraron ocho días consecutivos; entre el 6 y el 12 de noviembre hubo otra semana completa sin muertes a causa de la violencia, mientras que el último período con siete días consecutivos sin asesinatos fue logrado entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
El clima de impunidad que había hace unos años en El Salvador quedó en el olvido y es otra de las transformaciones que han logrado las autoridades a través de diversas acciones, entre ellas, capturas de pandilleros, reforzamiento de las fuerzas de seguridad y reformas legales.
«Venimos de una sociedad donde la impunidad parecía ser la reina madre en la actividad de justicia, no había justicia sólo en casos selectivos. No vamos a tolerar crímenes violentos, crímenes sexuales, el Estado tiene que hacer justicia para que los salvadoreños podamos vivir en este El Salvador que nos merecemos», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario ha dicho que cuando iniciaron gestión «recibimos una impunidad de homicidios del 97%, es decir, que solo se hacía justicia en 3 de cada 100 casos. En la actualidad ronda el 20 %».
En el pasado, también hubo leyes permisibles para que los delincuentes quedaran libres. Sin embargo, el actual Gobierno ha ejecutado varias reformas al Código Penal así como a Ley Especial Contra el Crimen Organizado, la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones para evitar la corrupción.
Estos logros son atribuidos por las autoridades a la implementación del Plan Control Territorial, medida insignia del presidente Bukele, y al régimen de excepción, periodo que ha funcionado para sacar de las calles a más de 61,500 pandilleros a nivel nacional. «Por años estuvimos sometidos a una cultura de muerte y nunca nadie hizo nada. Hoy, desde un Estado de Derecho con las herramientas que nos brinda el régimen de excepción estamos librando una guerra contra pandillas, limpiando nuestro país de ese cáncer de la sociedad», ha dicho Villatoro.
Principal
BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
