Nacionales
Gobierno redujo los homicidios en 80 % respecto a más altos registros de gestiones del FMLN
Desde junio de 2019 las exitosas estrategias de seguridad del gobierno continúan reduciendo los altos y escandalosos registros de homicidios que El Salvador mantuvo por décadas, caso contrario a lo que protagonizaron las administraciones anteriores. Las estadísticas detallan que las muertes a causa de la violencia se han reducido en más del 80% comparado con los registros reportados en 2013 o en 2015, durante los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.
El último año, El Salvador pasó a ser el país con la tasa más baja de homicidios en Centroamérica [7.8] y esto lo llevó a convertirse en uno de los países más seguros de Latinoamérica, así lo ha argumentado el gabinete de Seguridad con estadísticas. El actual Gobierno ha logrado cifras históricas y no solo en homicidios.
El año pasado, el país cerró con 495 homicidios, una cifra nunca registrada, y el 2022 se convirtió en el año más seguro de la historia de El Salvador. El promedio diario de homicidios fue de 1.4 y la tasa anual se redujo a 7.8 por cada 100,000 habitantes. Además, se registraron 169 días con cero crímenes contra la vida.
De igual forma, el actual gobierno logró que el 2021 finalizara con 15% menos de crímenes reportados que en 2020 que cerró con 1,341. En años anteriores durante el cierre del año, los homicidios anuales no bajaban de 3,000 casos, como en las dos administraciones del FMLN, la llegada del partido izquierdista al poder, primero con Mauricio Funes y después, en 2014, con Salvador Sánchez Cerén, provocó la cifra más alta de homicidios hasta la fecha. El 2014 finalizó con 3,921 homicidios, 2015 con 6,656; 2016: 5,728 homicidios, mientras que 2017 con 3,962 y 3,346 crímenes contra la vida hubo en 2018.
En los últimos 20 años, El Salvador registró una ola de muertes similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Según la tendencia, el 2015 fue el año más violento en la historia del país, ya que se cometieron más de 6,600 homicidios. La tasa de este delito alcanzó la cifra récord de 105 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, de las mayores a escala mundial en ese año.
Sin embargo, desde junio de 2019 cuando se implementó la estrategia de seguridad de esta administración conocida como Plan Control Territorial, la disminución de la criminalidad fue visible a través de las bajas cifras de homicidios, extorsión y otros tipos de delitos.
Desde el primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron: junio del 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes, cuando aún gobernaba Sánchez Cerén. Los homicidios disminuyeron a un promedio de 5 diarios y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida.
La reducción de violencia homicida en El Salvador también se ha visto reflejada en que, en cientos de días, en los últimos tres años y medio, no ha habido muertes a causa de la violencia. Desde junio del 2019 a la fecha, el país suma 279 días con 0 muertes [al jueves 12 de enero], de este total 169 solo en el 2022, según Seguridad.
Las efectivas estrategias de seguridad ejecutadas han permitido alcanzar semanas completas sin homicidios. Por ejemplo, entre mayo y diciembre de 2022, las autoridades alcanzaron ocho períodos con al menos siete días consecutivos sin asesinatos en todo el país.
La primera semana completa sin homicidios fue reportada entre el 14 y el 20 de mayo; en julio se registraron ocho días consecutivos (del 16 al 23); el período más largo de días consecutivos sin muertes a causa de la violencia (10 días) fue logrado entre el 10 y el 19 de agosto.
Otros siete días fueron reportados entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre; entre el 7 y el 13 de septiembre se alcanzaron siete días consecutivos más con cero homicidios; del 18 al 25 de octubre se registraron ocho días consecutivos; entre el 6 y el 12 de noviembre hubo otra semana completa sin muertes a causa de la violencia, mientras que el último período con siete días consecutivos sin asesinatos fue logrado entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
El clima de impunidad que había hace unos años en El Salvador quedó en el olvido y es otra de las transformaciones que han logrado las autoridades a través de diversas acciones, entre ellas, capturas de pandilleros, reforzamiento de las fuerzas de seguridad y reformas legales.
«Venimos de una sociedad donde la impunidad parecía ser la reina madre en la actividad de justicia, no había justicia sólo en casos selectivos. No vamos a tolerar crímenes violentos, crímenes sexuales, el Estado tiene que hacer justicia para que los salvadoreños podamos vivir en este El Salvador que nos merecemos», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario ha dicho que cuando iniciaron gestión «recibimos una impunidad de homicidios del 97%, es decir, que solo se hacía justicia en 3 de cada 100 casos. En la actualidad ronda el 20 %».
En el pasado, también hubo leyes permisibles para que los delincuentes quedaran libres. Sin embargo, el actual Gobierno ha ejecutado varias reformas al Código Penal así como a Ley Especial Contra el Crimen Organizado, la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones para evitar la corrupción.
Estos logros son atribuidos por las autoridades a la implementación del Plan Control Territorial, medida insignia del presidente Bukele, y al régimen de excepción, periodo que ha funcionado para sacar de las calles a más de 61,500 pandilleros a nivel nacional. «Por años estuvimos sometidos a una cultura de muerte y nunca nadie hizo nada. Hoy, desde un Estado de Derecho con las herramientas que nos brinda el régimen de excepción estamos librando una guerra contra pandillas, limpiando nuestro país de ese cáncer de la sociedad», ha dicho Villatoro.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
