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Gobierno redujo los homicidios en 80 % respecto a más altos registros de gestiones del FMLN
Desde junio de 2019 las exitosas estrategias de seguridad del gobierno continúan reduciendo los altos y escandalosos registros de homicidios que El Salvador mantuvo por décadas, caso contrario a lo que protagonizaron las administraciones anteriores. Las estadísticas detallan que las muertes a causa de la violencia se han reducido en más del 80% comparado con los registros reportados en 2013 o en 2015, durante los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.
El último año, El Salvador pasó a ser el país con la tasa más baja de homicidios en Centroamérica [7.8] y esto lo llevó a convertirse en uno de los países más seguros de Latinoamérica, así lo ha argumentado el gabinete de Seguridad con estadísticas. El actual Gobierno ha logrado cifras históricas y no solo en homicidios.
El año pasado, el país cerró con 495 homicidios, una cifra nunca registrada, y el 2022 se convirtió en el año más seguro de la historia de El Salvador. El promedio diario de homicidios fue de 1.4 y la tasa anual se redujo a 7.8 por cada 100,000 habitantes. Además, se registraron 169 días con cero crímenes contra la vida.
De igual forma, el actual gobierno logró que el 2021 finalizara con 15% menos de crímenes reportados que en 2020 que cerró con 1,341. En años anteriores durante el cierre del año, los homicidios anuales no bajaban de 3,000 casos, como en las dos administraciones del FMLN, la llegada del partido izquierdista al poder, primero con Mauricio Funes y después, en 2014, con Salvador Sánchez Cerén, provocó la cifra más alta de homicidios hasta la fecha. El 2014 finalizó con 3,921 homicidios, 2015 con 6,656; 2016: 5,728 homicidios, mientras que 2017 con 3,962 y 3,346 crímenes contra la vida hubo en 2018.
En los últimos 20 años, El Salvador registró una ola de muertes similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Según la tendencia, el 2015 fue el año más violento en la historia del país, ya que se cometieron más de 6,600 homicidios. La tasa de este delito alcanzó la cifra récord de 105 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, de las mayores a escala mundial en ese año.
Sin embargo, desde junio de 2019 cuando se implementó la estrategia de seguridad de esta administración conocida como Plan Control Territorial, la disminución de la criminalidad fue visible a través de las bajas cifras de homicidios, extorsión y otros tipos de delitos.
Desde el primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron: junio del 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes, cuando aún gobernaba Sánchez Cerén. Los homicidios disminuyeron a un promedio de 5 diarios y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida.
La reducción de violencia homicida en El Salvador también se ha visto reflejada en que, en cientos de días, en los últimos tres años y medio, no ha habido muertes a causa de la violencia. Desde junio del 2019 a la fecha, el país suma 279 días con 0 muertes [al jueves 12 de enero], de este total 169 solo en el 2022, según Seguridad.
Las efectivas estrategias de seguridad ejecutadas han permitido alcanzar semanas completas sin homicidios. Por ejemplo, entre mayo y diciembre de 2022, las autoridades alcanzaron ocho períodos con al menos siete días consecutivos sin asesinatos en todo el país.
La primera semana completa sin homicidios fue reportada entre el 14 y el 20 de mayo; en julio se registraron ocho días consecutivos (del 16 al 23); el período más largo de días consecutivos sin muertes a causa de la violencia (10 días) fue logrado entre el 10 y el 19 de agosto.
Otros siete días fueron reportados entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre; entre el 7 y el 13 de septiembre se alcanzaron siete días consecutivos más con cero homicidios; del 18 al 25 de octubre se registraron ocho días consecutivos; entre el 6 y el 12 de noviembre hubo otra semana completa sin muertes a causa de la violencia, mientras que el último período con siete días consecutivos sin asesinatos fue logrado entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
El clima de impunidad que había hace unos años en El Salvador quedó en el olvido y es otra de las transformaciones que han logrado las autoridades a través de diversas acciones, entre ellas, capturas de pandilleros, reforzamiento de las fuerzas de seguridad y reformas legales.
«Venimos de una sociedad donde la impunidad parecía ser la reina madre en la actividad de justicia, no había justicia sólo en casos selectivos. No vamos a tolerar crímenes violentos, crímenes sexuales, el Estado tiene que hacer justicia para que los salvadoreños podamos vivir en este El Salvador que nos merecemos», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario ha dicho que cuando iniciaron gestión «recibimos una impunidad de homicidios del 97%, es decir, que solo se hacía justicia en 3 de cada 100 casos. En la actualidad ronda el 20 %».
En el pasado, también hubo leyes permisibles para que los delincuentes quedaran libres. Sin embargo, el actual Gobierno ha ejecutado varias reformas al Código Penal así como a Ley Especial Contra el Crimen Organizado, la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones para evitar la corrupción.
Estos logros son atribuidos por las autoridades a la implementación del Plan Control Territorial, medida insignia del presidente Bukele, y al régimen de excepción, periodo que ha funcionado para sacar de las calles a más de 61,500 pandilleros a nivel nacional. «Por años estuvimos sometidos a una cultura de muerte y nunca nadie hizo nada. Hoy, desde un Estado de Derecho con las herramientas que nos brinda el régimen de excepción estamos librando una guerra contra pandillas, limpiando nuestro país de ese cáncer de la sociedad», ha dicho Villatoro.
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Productores reciben capacitación en agricultura climáticamente inteligente en la zona oriental
Leyda Lovo de Cardoza, es una productora que junto a otras seis personas en el distrito de Quelepa, San Miguel, se dedica a la producción de pepino, tomate y chile. Este grupo también forma parte de las 59 personas organizadas en 10 grupos productivos, seis de San Miguel y cuatro de Usulután, que iniciarán un proceso de fortalecimiento de capacidades en agricultura.
Dichas capacitaciones forman parte del programa «Fortalecimiento de capacidades para mujeres y jóvenes para la implementación de agricultura climáticamente inteligente en El Salvador».
«Nos sentimos contentos de haber sido elegidos para participar en este proyecto. Necesitamos una máquina para poder arar la tierra y una bomba achicadora para poder abastecernos del río», mencionó Leyda Lovo.
Este proyecto es implementado por el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) y el financiamiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de la República de Corea; en coordinación con el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
«Con este proyecto buscamos capacitar a mujeres y jóvenes en condición de vulnerabilidad al cambio climático con prácticas de agricultura climáticamente inteligente, asociatividad y habilidades empresariales. Tuvimos una muy buena experiencia en las ediciones 2024 y 2025, por lo que estamos muy emocionados de poder sumar nuevos grupos a nuestro proyecto», enfatizó Moon Do Kim, Gerente de Proyectos de GGGI.
El programa de capacitaciones es la primera fase de un proceso para fortalecer y desarrollar emprendimientos agrícolas, que incluye la elaboración de planes de negocio, y en una fase posterior, la provisión de capital semilla y asistencia técnica.
El pasado viernes 27 de febrero finalizó con una cifra de cero homicidios en todo el territorio salvadoreño, según indican las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicados esta madrugada.
Esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia suma 50 días sin homicidios en lo que va del 2026 y acumula 27 días sin homicidios en todo lo que va del mes.
Por otra parte, desde que el presidente Nayib Bukele llegó al frente del Ejecutivo en 2019 se han registrado 1,151 días sin homicidios, según indican las estadísticas policiales.
Los resultados en seguridad se les atribuye a estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como es el caso del Plan Control Territorial, y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
De los 1,151 días sin homicido en total, 1,037 se contabilizan durante el periodo de vigencia del régimen de excepción. Por otra parte, el pasado 15 de enero se alcanzó la histórica cifra de los mil días sin muertes a causa de la violencia.
De acuerdo con el balance de Seguridad, el 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este resultado supera al 2024, que concluyó con 279 días sin asesinatos, y al 2023, cuando se contabilizaron 247 jornadas libres de asesinatos.
Durante la madrugada de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), en trabajo coordinado con la Policía, ejecutó un operativo para desmantelar una estructura dedicada al tráfico de drogas.
Esta delinquía a través de una plataforma que ofrecía el «servicio de entrega de mercadería». Los imputados simulaban la entrega de paquetes para movilizar la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.
«Esta noche estamos ejecutando un operativo junto con la División Antinarcóticos —DAN— de la Policía, en el cual se están ejecutando 24 registros con prevención de allanamiento», indicó el fiscal del caso.
«El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo a sus familiares, quienes también han sido detenidos», indicó el fiscal del caso.
Las autoridades realizaron los registros en Santa Tecla y Lourdes, en La Libertad; y en Soyapango, en San Salvador, lu gares en los que la droga se distribuía y se comercializaba.
«Como resultado de los registros, se han decomisado varias porciones de cocaína y crac listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información importante para las investigaciones y más de $3,000 en efectivo», detalló el fiscal.
Las autoridades reportaron la captura de 17 imputados, quienes fueron identificados como José Antonio Pérez Montoya, Gloria América Gil, Josué Edenilson Bonilla Rivas, José Ezequiel Sosa Rodríguez, Julio Enrique Morales Quintanilla, Orlando Francisco Díaz, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina, Brenda Guadalupe Leones Navarrete y Bryan Moisés Pérez Valladares.
Además, William Alexánder Rivera Huezo, Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, Christian Enrique Mirón Noyola, Pamela Sa raí Acevedo Guevara, Maykol Francisco Pichinte Alfaro y Miguel Ángel González Villarán.
HAY MÁS IMPLICADOS
«El objetivo es capturar a un total de 34 personas que forman parte de una estructura que se dedica a distribuir cocaína en Santa Tecla y Lourdes», detalló el fiscal. La fuente aseguró que las de tenciones son producto de una investigación ejecutada desde enero de 2025.
«La investigación ha permitido determinar el modo de operar de esta estructura, logrando identificar a todos sus integrantes», señaló el funcionario.
La Fiscalía explicó que las personas que apoyaban a Pérez Montoya se ha cían pasar por «Ubers» para ingresar a diferentes lugares, simulando que iban a entregar paquetes comerciales.
«Sin embargo, lo que están entregando es droga, cocaína. Toda la estructura opera de la misma forma en la zona de Santa Tecla y Lourdes», destacó la fuente de la Fiscalía.
El pasado 25 de febrero, las autoridades también desarticularon una estructura criminal dedicada al contra bando de mercaderías que delinquía en el territorio nacional.
La investigación, que se desarrolló durante aproximadamente dos años, permitió identificar a los criminales.
De acuerdo con las investigaciones, la banda tenía distintos niveles de operación. Existían líderes, proveedores, encargados de introducir el producto por puntos fronterizos no habilitados —puntos ciegos— en la zona limítrofe con Guatemala y Honduras.
Luego, la mercadería era trasladada hacia San Salvador y distribuida a municipios de Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión. Finalmente, vendedores al detalle comercializaban los cigarrillos en mercados urbanos, completando así la cadena de distribución ilegal.
