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Gobierno redujo los homicidios en 80 % respecto a más altos registros de gestiones del FMLN
Desde junio de 2019 las exitosas estrategias de seguridad del gobierno continúan reduciendo los altos y escandalosos registros de homicidios que El Salvador mantuvo por décadas, caso contrario a lo que protagonizaron las administraciones anteriores. Las estadísticas detallan que las muertes a causa de la violencia se han reducido en más del 80% comparado con los registros reportados en 2013 o en 2015, durante los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.
El último año, El Salvador pasó a ser el país con la tasa más baja de homicidios en Centroamérica [7.8] y esto lo llevó a convertirse en uno de los países más seguros de Latinoamérica, así lo ha argumentado el gabinete de Seguridad con estadísticas. El actual Gobierno ha logrado cifras históricas y no solo en homicidios.
El año pasado, el país cerró con 495 homicidios, una cifra nunca registrada, y el 2022 se convirtió en el año más seguro de la historia de El Salvador. El promedio diario de homicidios fue de 1.4 y la tasa anual se redujo a 7.8 por cada 100,000 habitantes. Además, se registraron 169 días con cero crímenes contra la vida.
De igual forma, el actual gobierno logró que el 2021 finalizara con 15% menos de crímenes reportados que en 2020 que cerró con 1,341. En años anteriores durante el cierre del año, los homicidios anuales no bajaban de 3,000 casos, como en las dos administraciones del FMLN, la llegada del partido izquierdista al poder, primero con Mauricio Funes y después, en 2014, con Salvador Sánchez Cerén, provocó la cifra más alta de homicidios hasta la fecha. El 2014 finalizó con 3,921 homicidios, 2015 con 6,656; 2016: 5,728 homicidios, mientras que 2017 con 3,962 y 3,346 crímenes contra la vida hubo en 2018.
En los últimos 20 años, El Salvador registró una ola de muertes similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil. Según la tendencia, el 2015 fue el año más violento en la historia del país, ya que se cometieron más de 6,600 homicidios. La tasa de este delito alcanzó la cifra récord de 105 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, de las mayores a escala mundial en ese año.
Sin embargo, desde junio de 2019 cuando se implementó la estrategia de seguridad de esta administración conocida como Plan Control Territorial, la disminución de la criminalidad fue visible a través de las bajas cifras de homicidios, extorsión y otros tipos de delitos.
Desde el primer mes de la gestión Bukele, los homicidios bajaron: junio del 2019 cerró con 217 asesinatos, 68 homicidios menos que un mes antes, cuando aún gobernaba Sánchez Cerén. Los homicidios disminuyeron a un promedio de 5 diarios y hasta la fecha, mes con mes se sigue en una baja de crímenes sostenida.
La reducción de violencia homicida en El Salvador también se ha visto reflejada en que, en cientos de días, en los últimos tres años y medio, no ha habido muertes a causa de la violencia. Desde junio del 2019 a la fecha, el país suma 279 días con 0 muertes [al jueves 12 de enero], de este total 169 solo en el 2022, según Seguridad.
Las efectivas estrategias de seguridad ejecutadas han permitido alcanzar semanas completas sin homicidios. Por ejemplo, entre mayo y diciembre de 2022, las autoridades alcanzaron ocho períodos con al menos siete días consecutivos sin asesinatos en todo el país.
La primera semana completa sin homicidios fue reportada entre el 14 y el 20 de mayo; en julio se registraron ocho días consecutivos (del 16 al 23); el período más largo de días consecutivos sin muertes a causa de la violencia (10 días) fue logrado entre el 10 y el 19 de agosto.
Otros siete días fueron reportados entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre; entre el 7 y el 13 de septiembre se alcanzaron siete días consecutivos más con cero homicidios; del 18 al 25 de octubre se registraron ocho días consecutivos; entre el 6 y el 12 de noviembre hubo otra semana completa sin muertes a causa de la violencia, mientras que el último período con siete días consecutivos sin asesinatos fue logrado entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
El clima de impunidad que había hace unos años en El Salvador quedó en el olvido y es otra de las transformaciones que han logrado las autoridades a través de diversas acciones, entre ellas, capturas de pandilleros, reforzamiento de las fuerzas de seguridad y reformas legales.
«Venimos de una sociedad donde la impunidad parecía ser la reina madre en la actividad de justicia, no había justicia sólo en casos selectivos. No vamos a tolerar crímenes violentos, crímenes sexuales, el Estado tiene que hacer justicia para que los salvadoreños podamos vivir en este El Salvador que nos merecemos», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario ha dicho que cuando iniciaron gestión «recibimos una impunidad de homicidios del 97%, es decir, que solo se hacía justicia en 3 de cada 100 casos. En la actualidad ronda el 20 %».
En el pasado, también hubo leyes permisibles para que los delincuentes quedaran libres. Sin embargo, el actual Gobierno ha ejecutado varias reformas al Código Penal así como a Ley Especial Contra el Crimen Organizado, la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones para evitar la corrupción.
Estos logros son atribuidos por las autoridades a la implementación del Plan Control Territorial, medida insignia del presidente Bukele, y al régimen de excepción, periodo que ha funcionado para sacar de las calles a más de 61,500 pandilleros a nivel nacional. «Por años estuvimos sometidos a una cultura de muerte y nunca nadie hizo nada. Hoy, desde un Estado de Derecho con las herramientas que nos brinda el régimen de excepción estamos librando una guerra contra pandillas, limpiando nuestro país de ese cáncer de la sociedad», ha dicho Villatoro.
Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.
Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.
CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 26, 2026
Principal
Juez solicita certificaciones de condenas por crímenes que ordenaron 486 cabecillas de la MS
El juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha procesados en audiencia única abierta, permanecerá en receso hasta que diversos tribunales envíen unas 20 certificaciones de condenas impuestas a la Mara Salvatrucha, por crímenes que ordenó la ranfla histórica y demás jefes de esa estructura señalados de 47,427 delitos.
A mediados de la segunda semana de mayo cuando la Fiscalía General de la República informó al juez de la causa que estaban listos para exponer extensos alegatos finales, el funcionario judicial informó que iban entrar en una pausa indefinida porque, pese a las solitudes enviadas a varios tribunales de todo el país para que entregaran las certificaciones de juicios que terminaron en condenas en contra de la MS, no se había recibido respuesta.
La última información que se sabe, es que el juez ya volvió a requerir a los tribunales esas certificaciones, que son parte de la prueba documental que el ministerio público ha ofrecido para fortalecer la acusación por múltiples crímenes consumados con el aval de los 486 cabecillas enjuiciados.
Hasta que el tribunal tenga en su sede esa documentación, se reanudará la audiencia única, esas certificaciones de condenas son hechos que la Mara Salvatrucha perpetró entre el 2012 y 2022, período mediante el cual cometieron de 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas.
Esos hechos fueron ejecutados por la organización terrorista conformada por 32 programas [estructura jerárquica superior] distribuidos en 230 clicas [células territoriales].
A mediados de mayo lo último que la Fiscalía presentó fue la prueba documental y pericial mediante la lectura para que sea valorada por el juez.
Las agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, se incluyen también extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y homicidio.
El ministerio público ha informado que cuando se reinicie con la audiencia van a exponer alegatos finales extensos con varias jornadas en las cuales aclararán al juez la participación de los terroristas en cada uno de los ilícitos atribuidos y que se les condene por cada una de las imputaciones.
Con audios y videos se ha establecido el nivel jerárquico en la MS, para consumar los delitos entre el 2012 y 2022 y acreditar la autoría mediata en los aparatos organizados de poder y no ver a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes a cientos de pandilleros.
Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.
Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.
La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.
Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.
Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.
En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.
Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.
Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.
En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.
En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.
Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.
