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Gobierno incrementa inspecciones al transporte público ante ola de contagios por Covid-19
Autoridades de Salud, Obras Públicas y de la Policía Nacional Civil (PNC), continúan con las inspecciones en paradas de buses y terminales para constatar que tanto conductores como usuarios del transporte público acaten las medidas de bioseguridad para evitar contagios masivos de Covid-19. Se verificó el distanciamiento social, uso de mascarilla y aplicación de alcohol gel, entre otros.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha reiterado el mensaje que durante las fiestas de navidad y de fin de año los salvadoreños han reducido las normas de protección para evitar contagios de Coronavirus, por lo que se teme que en los primeros meses de 2021 el país se encuentre influenciado por una segunda ola de contagio de esta enfermedad.
Según el funcionario, la situación se agrava porque algunos alcaldes permiten la realización de carnavales en sus respectivos municipios, donde las personas no mantienen el distanciamiento social, no usan alcohol gel y mucho menos hacen el buen uso de las mascarillas.
Francisco Alabi afirmó que el transporte público es uno de los principales lugares de infección de coronavirus, debido a la proximidad entre los usuarios y que por lo general no hay ningún control de las personas que ahí se movilizan.
Salud reporta a la fecha 42,397 casos positivos de Covid-19, con una cifra promedio de contagios diarios de 250. El Salvador ya suma 1,227 decesos por esa enfermedad.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
