Nacionales
Gobierno firma convenio para proteger los derechos de consumo de la diáspora salvadoreña
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele redobla el trabajo articulado para garantizar la protección integral de los derechos de la diáspora salvadoreña, con la firma de un convenio, este viernes, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Defensoría del Consumidor.
El acuerdo fue firmado por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, y el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, con el cual se da vida al denominado “Proyecto de Protección Integral de los Derechos de Consumo de la Diáspora Salvadoreña”.
La iniciativa facilitará que la diáspora salvadoreña cuente con asistencia, información y protección oportuna por parte de la Defensoría del Consumidor para prevenir que sean víctimas de abusos y fraudes en su condición de consumidores de empresas en El Salvador.
“Esto significa que estaremos protegiendo sus derechos cuando ellos adquieran cualquier bien o cualquier servicio en El Salvador. Sin duda, es otra deuda histórica que estamos saldando con nuestra diáspora, a quienes nos debemos”, resaltó la canciller Alexandra Hill.
Como parte de este acuerdo, la Defensoría aprovechará la red consular para habilitar las primeras ventanillas de atención gratuita en los Estados Unidos, ubicadas en los Consulados Generales de El Salvador en Los Ángeles, California; Houston, Texas; Long Island, Nueva York y Silver Spring, Maryland.
Además, se difundirá entre la diáspora los servicios de protección al consumidor, se activará la línea directa 1800 para atender en todo momento las inquietudes de los compatriotas, referente a sus derechos como consumidores, se promoverán los derechos de consumo, entre otros.
“Este es un convenio que no tiene precedentes, no solamente en El Salvador, sino en toda Latinoamérica no tiene ese precedente de articular un esfuerzo tan importante para atender a una población que ha estado marginada de los servicios de protección al consumidor”, señaló el titular de la Defensoría.
El acuerdo abarca los rubros de telecomunicaciones, servicios financieros, contratación de servicios en casas comerciales, supermercados, farmacias, entre otros.
Por la mañana, el cielo estará nublado, y durante las primeras horas continuarán las lluvias en el occidente y en la cadena volcánica central y occidental. Hacia media mañana, se espera una disminución gradual de la nubosidad. Por la tarde, se espera que las lluvias inicien en la zona norte, afectando los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Morazán, y el norte de La Unión, San Miguel y Santa Ana. Estas lluvias se desplazarán hacia el suroeste, alcanzando los departamentos de San Salvador (AMSS), La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán. Desde la segunda parte de la noche, continuarán desplazándose lluvias y algunas tormentas desde los departamentos de la zona norte hacia Cabañas, Cuscatlán y San Salvador, extendiéndose también a lo largo de la cadena volcánica en todo el país.
El viento, por la mañana y la noche del noreste, y por la tarde el ingreso de la brisa marina del Sur, de 8 a 18 km/h en todos los períodos.
Las temperaturas estarán frescas por la mañana y muy cálidas por la tarde.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este, la brisa marina y vaguadas en las cercanías de Centroamérica que permiten la formación de nubosidad y lluvias.
Nacionales
DOM acumula cerca de medio millón de viviendas fumigadas en 45 días de combate al zancudo
Cerca de medio millón de viviendas han sido intervenidas como parte de la estrategia nacional del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la DOM para el combate del zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya.
Desde el pasado 15 de marzo más de mil auxiliares de control de vectores de la DOM, apoyados por privados de libertad, están cumpliendo por segundo año consecutivo el combate al zancudo.
Ya se han realizado acciones en más de 49 distritos del país: en Oriente la campaña antidengue ha sido ejecutada en 16 distritos de los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután. En la zona Paracentral: 12 distritos de los departamentos de Cuscatlán, La Paz, San Vicente. Mientras en la zona Central: 18 distritos de los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Libertad y en zona occidental 3 distritos de Sonsonate.
Asimismo, ejecutamos acciones antivectoriales en 37 distritos: en la zona Oriental: 6 distritos de los departamentos de Usulután, Morazán y La Unión; en la zona Paracentral: 5 distritos de los departamentos de Cabañas, Cuscatlán y San Vicente; en la zona Central: 22 distritos de San Salvador, La Libertad y Chalatenango, y en la zona Occidental: 4 distritos en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
La misión, que se extenderá durante 8 meses, tiene como objetivo concientizar a los salvadoreños sobre la eliminación de criaderos de zancudos, realizar jornadas de limpieza, destrucción de criaderos de mosquitos y fumigación.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
